Tenaz ha sido el presidente de la República en propiciar el deterioro y la destrucción de las instituciones públicas a su cargo. De la mano de la retórica de la transformación, no se impulsa el cambio, sino la supresión de los ámbitos del quehacer público que no encuadran con el propósito fundamental de concentrar el ejercicio del poder. Dos ejemplos que han causado gran dolor y sufrimiento en el sector salud: eliminar el Seguro Popular para establecer el Instituto de Salud para el Bienestar, y desmantelar el aparato de compras consolidadas y distribución de medicamentos para ensayar otra forma de hacerlo y fracasar en los varios intentos, incluido el de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.
Con la mira anclada en los prejuicios causó estragos en espacios primordialmente administrativos del gobierno. El daño mayor es para la población que antes contaba con un respaldo para hacer frente a gastos relevantes de atención médica y el abasto de medicamentos en el sector público a cargo del derecho de acceso a los servicios de salud. Es una cuestión mayor, si bien es la esfera de la administración. Los ejemplos abundan.
Sin embargo, el intento de borrar las instituciones públicas del pasado no se limita a ese ámbito, sino que incide en las estructuras fundamentales del Estado mexicano, marcadamente las de carácter político con encargos relevantes en la generación y ejecución de las normas del acceso al poder público y en su ejercicio con base en los contrapesos de la división del poder y los controles orgánicos.
No estamos sólo ante la destrucción de instituciones con base en la mayoría obtenida para acceder a la presidencia de la República o el uso de la mayoría afín en las cámaras del Congreso de la Unión, sino ante el intento de vulnerar y hacer irrelevantes a los otros dos poderes federales, los organismos constitucionales autónomos y cualquier espacio de autonomía; es decir, instituciones no dependientes del Ejecutivo y que derivan sus funciones políticas directamente de la Constitución. Sólo pónganse en perspectiva los ataques y las descalificaciones a las oposiciones en el Congreso, a quienes conforman la judicatura, al Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por citar lo más evidente.
En ese contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador parece haber escalado ahora un ataque más profundo y delicado en el descrédito y la denostación de la democracia representativa en el Poder Legislativo, al pretender contraponerle un instrumento de la democracia participativa. Ante la imposibilidad de lograr la mayoría calificada en el Senado el 21 de septiembre de este año para la aprobación de la reforma al artículo quinto transitorio del Decreto de reformas constitucionales sobre la Guardia Nacional de 2019, propone la organización de un “ejercicio de participación ciudadana” para que sea la mayoría quien determine si el Ejecutivo debe imperar sobre el órgano revisor de la Constitución.
Así, lo que debería ser un ejercicio de convivencia entre las instituciones de la democracia representativa y las de la democracia participativa, se transforma en la confrontación entre una y otra desde la titularidad de la presidencia de la República. No se busca complementar, sino intimidar y destruir la representación popular de quienes piensen distinto a lo propuesto por el inquilino de Palacio Nacional.
Más allá de la encomienda de cada integrante del Congreso, por encima de las facultades de la cámara correspondiente y la forma de expresar su voluntad con efectos vinculantes para la población, se plantea recurrir a la expresión directa de la ciudadanía para superar el contrapeso orgánico a los deseos presidenciales. Bajo la premisa de someter a quien disiente de la opinión presidencial, se postula que la discrepancia la zanje la ciudadanía.
El abuso del Ejecutivo Federal es grande. Si la Ley Fundamental establece la figura de la consulta popular -nacional o regional- para conocer el parecer ciudadano y las reglas para realizarla, cualquier otro procedimiento para pulsarlo es ajeno al mandato constitucional y carece de la posibilidad de ser vinculante. Por hacer el símil, es como si ante un representante popular en funciones, pero disidente, se organiza desde y por el poder ejecutivo una elección para sustituirlo con el razonamiento de que se va a actualizar la voluntad del electorado. La consulta popular no es una figura de libre disposición para los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión; está establecida en la Constitución, que señala las bases para su convocatoria y realización, al tiempo de contener elementos para propiciar la participación informada de las personas ciudadanas.
En esa normatividad se establecen algunas cuestiones básicas para recurrir al instrumento: la realización de la jornada de consulta el primer domingo de agosto del año corresponda (art. 35, fr. VIII, párr.. 5º, CPEUM); la formulación de la solicitud de la consulta hasta el 30 de noviembre del año anterior a su realización (art. 13 LFCP), y la formulación de una sola pregunta en la petición de consulta popular (art. 21 LFCP).
En el “ejercicio de participación ciudadana” que iniciaría el 10 de octubre del año en curso y cuya “jornada de decisión” se realizaría el 16 de enero de 2023, se formularían tres preguntas: “¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y su desempeño hasta ahora?”; “¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, deberán mantenerse haciendo labores de seguridad hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?”, y “¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública?”
El objeto del proceso iniciado es claro: presionar a los integrantes del órgano revisor de la Constitución a anteponer el respaldo que podría haber de la ciudadanía a las respuestas afirmativas, para ceder a la reforma de las previsiones constitucionales vigentes sobre la naturaleza de la Guardia Nacional y su adscripción a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como en torno a los requisitos constitucionales para que las Fuerzas Armadas -por órdenes presidenciales- lleven a cabo tareas de seguridad pública.
Dado que el problema del proceso para reformar el régimen establecido en el Decreto de modificaciones constitucionales de 2019 sobre la Guardia Nacional presenta incumplimientos notorios para su control por parte del Poder Legislativo, se propone -con la asesoría de Perogrullo- formular preguntas para obtener respuestas que coincidan con la voluntad presidencial.
La tensión para los destinatarios del mensaje, quienes protestaron cumplir la Constitución, es entre honrar ese compromiso o no hacerlo, porque la hipotética participación ciudadana lo prefiere. Las preguntas implican transgredir tres limitaciones a la consulta popular sustentada constitucionalmente: la restricción del derecho humano a que la institución policial de la Federación -la Guardia Nacional- sea civil (artículo 21 CPEUM); la restricción en torno a sustraer de la figura el funcionamiento de las Fuerzas Armadas (art. 35, fr. VIII, párr. 3º CPEUM), y la restricción a que el INE sea el ámbito para la organización de la consulta (art. 35, fr. VIII, párr. 4º CPEUM).
Se dirá, claro, que no es una consulta popular y que entonces no sigue las normas constitucionales y legales. Es jugar con las palabras para burlar el orden jurídico. Es simular para hacer un fraude a la Constitución.
Es grave, porque a las insuficiencias del sistema representativo de la voluntad popular que sustenta la conformación y funcionamiento de un Congreso plural derivado de una sociedad eminentemente plural y diversa, y donde se ejercen frenos y contrapesos al poder ejecutivo, ni siquiera se le confronta con una verdadera consulta popular, sino con un ejercicio de manipulación y de presión política.
No soslayemos que el otro componente en el que se funda este ejercicio es el control férreo del presidente la República sobre los medios públicos de comunicación social y su influencia notoria sobre los medios privados. La base del actual gobierno es la propaganda de su narrativa, no la realidad.
Este “ejercicio de participación ciudadana” es ánimo destructivo de la legitimación de la pluralidad en el Congreso; es ánimo destructivo de la democracia representativa basada en el sistema electoral vigente; es ánimo destructivo de la diversidad para afirmar la figura presidencial; es incluso ánimo destructivo de la figura constitucional de la consulta popular; es transformar la democracia participativa en pura demagogia.