Al parecer cada vez es mayor el desprecio al Estado constitucional y democrático de Derecho en nuestro país. Desde las cúpulas de poderes y órganos recibimos de manera prácticamente ininterrumpida, poderosos mensajes de rechazo al orden democrático establecido constitucionalmente. Y todo ocurre ante nuestra pasmosa mirada. ¿Qué hacer frente al desdén sistemático del Estado de Derecho? En este contexto en las últimas semanas hemos visto de nueva cuenta el desafío al orden constitucional desde Palacio Nacional, todo con el objetivo de terminar de militarizar al país. Y si bien el tema de la militarización del país es ya una vieja historia, una que cual pesadilla parece que llegó para quedarse, debemos seguir alzando la voz.

Que lejos quedaron aquellas promesas de campaña de regresar a los militares a los cuarteles, aquellas pancartas que llamaban a detener la militarización, la oposición (hoy gobierno) levantando la voz en tribuna y fuera de ella para hacer notar los riesgos de involucrar a los militares en las tareas de seguridad. Estamos rebasados, la inseguridad, la delincuencia, la ingobernabilidad, pero mi pregunta es ¿de verdad queremos un gobierno militar? Hasta hace un par de años, tal vez hasta antes del arresto en Estados Unidos por posibles vínculos con el narcotráfico ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, la “incorruptibilidad” del Ejército era una especie de mantra de la vida pública mexicana, una especie de mito fundacional.

Lejos, muy lejos estamos hoy de ese mantra, de ese mito. Y estamos cerca, cada vez más cerca de la absoluta militarización del país. Hoy por hoy, ya no existe ciudadano medianamente informado que no esté al corriente de la corrupción, la violencia extrajudicial, la violación sistemática de derechos humanos y la colusión con el narcotráfico por parte de algunos miembros (desde luego no de todos) de las Fuerzas Armadas.

La 4T llegó al poder con un enorme grado de aprobación, entre otras cosas por pregonar una gran mentira: “la de regresar a los militares a los cuarteles” ¡vamos a desmilitarizar al país! Hicieron esta promesa precisamente bajo un argumento de constitucionalidad, pues el artículo 129 de nuestra Constitución señala que, “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Señalaron una y mil veces que era un error seguir militarizando al país y destacaron sobre todo que la seguridad es tarea de las autoridades civiles y no militares y de nueva cuenta lo argumentaron a partir del texto constitucional, a partir de lo que establece el artículo 21. La constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior se controvirtió formalmente y  la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la invalidó en noviembre de 2018 esencialmente por  “…contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las fuerzas armadas en temas de seguridad pública, lo que es contrario al orden constitucional y convencional”. ¿Dónde están hoy los reclamos las promesas, las  voces, los  tweets, todas esas protestas?

Sin embargo, desde que la 4T llegó al poder, se olvidó de sus promesas y poco a poco vamos camino al punto de no retorno en términos de depositar todas las tareas en manos del Ejército. Haciendo un breve recuento, en lo que va del sexenio se hizo la gran reforma de la Guardia Nacional con la promesa (y por ende el acuerdo de todas las fuerzas políticas) de mantener un mando civil. Y desde ahí, hemos pasado por la imposición de un general en retiro al mando de la Guardia Nacional (supuestamente civil), hasta el anuncio del 8 de agosto pasado en que dijo que emitiría un decreto para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), desde luego al margen de lo que establece la Constitución, que prevé a la Guardia Nacional como una institución policial de carácter civil, y no militar.

Con ello de nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador no se limita al anuncio de otro “decretazo” para que la Guardia Nacional pase al Ejército, sino que anunció, que de nueva cuenta violará flagrantemente la Constitución y agudizará la ya de por si grave, militarización del País. Posterior al anuncio del decretazo, se presentó una iniciativa de reforma legislativa para lograr una modificación de rango legal y adscribir la Guardia Nacional a la SEDENA, de nueva cuenta una iniciativa abiertamente inconstitucional, pues lo cierto es que ¡la Guardia Nacional NO puede depender de SEDENA!.

La Constitución establece que la Guardia es una institución de carácter civil que estará adscrita a la SSPC. Y aunque no le guste a López Obrador, ni un decreto suyo, ni un capricho puede estar por encima de la Constitución, ni alterar o modificar lo que la propia Constitución establece con toda claridad: que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil y que está prohibido que en tiempos de paz las fuerzas militares realicen funciones que excedan la disciplina militar (artículos 21 y 129 constitucionales). ¡Ya basta de golpes a la Constitución! ¡Basta de decretazos! Es hora ya de poner fin a los años de expansión militar al margen de la Constitución.

Expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se han sumado a quienes hemos alzado la voz para evitar la aprobación de las reformas legislativas en materia de Guardia Nacional y desde luego no aprobar la reforma constitucional para ampliar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

La más reciente ocurrencia vinculada con el tema, por no decir la última (ya que la “creatividad” del presidente no tiene límites) es que someterá el tema de la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública a una consulta. Al respecto, vale la pena señalar que conforme al artículo 35, fracción VIII, numeral 3 de la Constitución, está prohibido realizar consultas sobre “la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”.

De suerte que la consulta sobre la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es contraria al marco Constitucional, Convencional y legal. No se trata de que las autoridades vayan buscando por ahí recovecos legales para actuar. Se trata de que actúen de conformidad con las competencias legales establecidas. La legalidad siempre por encima de la arbitrariedad. También el artículo 11 de la Ley de Consulta Popular prohíbe expresamente la realización de consultas en materia de seguridad nacional y sobre la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas; de suerte que la realización de una consulta popular por parte de la Secretaria de Gobernación SEGOB sería ilegal, pues la única institución facultada para realizar este tipo de el ejercicios ciudadanos es el Instituto Nacional Electoral INE. Además, una consulta que no sea vinculante, como sería la propuesta, implicaría (de nueva cuenta) él despilfarro de recursos públicos sin un fin legítimo. La propuesta de realizar esta consulta también ignora el hecho de que un importante número de instituciones, como Amnistía Internacional, el Centro Mexicano Pro, y la propia Comisión Americana de Derechos Humanos, han condenado la creciente militarización en México, dado el aumento en violaciones a Derechos Humanos vinculado con el incremento de Fuerzas Armadas en tareas civiles. ¿Quién en sus cinco sentidos le entrega el país al ejército después de corroborar que participó el más atroz de los delitos del sexenio pasado? Se desgarran las vestiduras discursivas por las víctimas, mientras cabildean la militarización de la vida pública para largo plazo.

Además hay que decirlo fuerte y claro, lo que pretende López Obrador tiene nombre, se llama fraude a la Constitución. El artículo 35 constitucional establece controles y prohíbe tajantemente las consultas populares sobre las Fuerzas Armadas. Y, aunque no le guste al señor presidente, hay que repetirle una y mil veces que: ¡la Constitución es la Constitución!.

A manera de corolario hay que decir que a 8 años de Iguala con la evidencia del involucramiento de los tres niveles de gobierno, incluido el Ejército, con más de 100,000 personas desaparecidas y la vulnerabilidad de las procuradurías a las presiones políticas, el mito de que el ejército es incorruptible no solo se desmonta sino que hace cada vez más evidente que el Ejército mexicano no tiene contrapesos civiles serios y esto es sin duda un mensaje para nuestro presente, dados los enormes riesgos que la militarización del país trae aparejados, sobre todo en materia de violaciones de derechos humanos.

Lamentablemente el presidente no tiene empacho en presionar y amedrentar a todo aquel que en su opinión le impida la realización de su proyecto. En ese sentido hay que reconocer la importante batalla que se dio en el Senado el pasado miércoles, ya que impidió (cuando menos temporalmente) que se lograra la mayoría calificada ese día; sin embargo el tema no termina o se agota ahí, lo que ocurrió es que se retiró el dictamen para ampliar el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en el quinto transitorio, sin embargo esto únicamente aplazó diez días hábiles la votación. No podemos anticipar lo que va a ocurrir, pero existe la posibilidad de que se apruebe si se logran uno o dos votos que les hicieron falta, así que es previsible que las presiones desde Palacio Nacional se incrementen en estos días. Frente a esto no nos queda más que resistir, resistir, insistir y persistir. No a la militarización.