Todo lo que ha ocurrido en nuestro país en las últimas semanas parece ser parte de un guión de película distópica, entre militarización, consultas, hackeos y datos de espionaje no se sabe bien por donde empezar. La militarización es una traición a la memoria histórica de nuestro país. Debemos aspirar a una Guardia Nacional (GN) de carácter civil, al tiempo que esperamos tener un ejército sin vicios, tal y como lo vislumbraba Benito Juárez.

La Guardia Nacional fue creada en mayo de 2019 por iniciativa del propio presidente Andrés Manuel López Obrador como una institución de carácter civil (con los muchos bemoles de la designación de su titular) y encargada de realizar tareas de seguridad pública para reemplazar a la Policía Federal, sobre la que pesaban numerosas denuncias por corrupción. Aunque la reforma constitucional que dio lugar a su creación también establecía entonces que los militares se retirarían de las calles en 2024, ahora resulta qué derivado de una propuesta en la Cámara de Diputados (nada más y nada menos que del PRI) se pretende extender ese plazo hasta  2028, ¡un verdadero escándalo!

Y si, ya se ha dicho una y mil veces que en la práctica la GN actuaba ya  como un cuerpo bajo control militar, (donde cerca del 80 por ciento de sus 110.000 efectivos provienen del ejército y la Marina); sin embargo con esta reforma legal se reafirma oficialmente su espíritu militar, su vocación castrense y hace patente la gran traición del presidente a su propio proyecto de transformación, a su proyecto alternativo, a su cuarta transformación.

En septiembre pasado, Andrés Manuel López Obrador manifestó públicamente que había “cambiado de opinión” (refiriéndose a volver a los militares a sus cuarteles) y justificó no obligarlos a regresar a los cuarteles ni a abandonar las tareas de seguridad pública en México, tal y como propuso en repetidas ocasiones antes de convertirse en presidente de México, quedó claro que la profundización de la militarización en México no tendría ya vuelta atrás. Nuestro presidente ha cambiado no sólo de opinión, sino de rumbo y ha apostado por el Ejército como la única vía. Es precisamente al Ejército a quien ha delegado todo tipo de tareas, desde la construcción de las obras de infraestructura más emblemáticas de su mandato (como el AIFA, la refinería Dos Bocas, o el Tren Maya), hasta los puertos, las aduanas y lamentablemente las tareas de seguridad ciudadana.

Lo peor, es que se ha dado un paso más en este sentido, al haber sido aprobada en el Senado una reforma legislativa impulsada por el gobierno para transferir la GN -una fuerza creada bajo mando civil- a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La decisión de apartar este cuerpo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que forme parte de la dependencia que aglutina al ejército y la Fuerza Aérea causó una gran polémica.

Hubo sin embargo, voces sensatas y congruentes en el Senado que hicieron propuestas de bases mínimas indispensables para avanzar hacia la gradual desmilitarización del país. Propuestas serias para incorporar un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas como parte de las tareas de seguridad pública, así como propuestas presupuestales y de controles parlamentarios reales y efectivos. Desafortunadamente no fueron suficientes para impedir la profundización de la militarización del país, ganaron la falta de convicciones y las prebendas políticas. Lo ocurrido el pasado martes en el senado mexicano fue una terrible mezcla entre circo, tragedia y tianguis. Parece que lo que menos importa es México.

Entre críticas de colectivos y organizaciones de la sociedad civil, las y los ciudadanos vemos impertérritos una clara y progresiva militarización del país. Es una afrenta a los derechos humanos y a las libertades más básicas de las personas, máxime si se piensa en la convivencia pacífica en un estado constitucional y democrático de derecho. Los militares no están formados con un enfoque de seguridad ciudadana adecuado para tratar con civiles, sin olvidar los numerosos casos de torturas o desapariciones forzadas que han salpicado históricamente al ejército mexicano y que hoy sabemos es algo que sigue ocurriendo, así se desprende tanto del Informe sobre el Caso Ayotzinapa, como del Guacamaya Gate.

Sin duda “Militarizar la seguridad pública generará más violaciones de derechos humanos”, tal y como lo dijo Amnistía Internacional. Algo que de manera destacada se ha cuestionado es el hecho de que, tras la reforma, se extienda el fuero militar al personal de la GN por la implicación que militares han tenido en los últimos años en violaciones graves de derechos humanos, desde el 68 o el Halconazo, hasta el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Es particularmente grave el enorme grado de impunidad en los casos donde se privilegia el fuero militar, precisamente porque  intervienen militares, aun y cuando se les imputen delitos cometidos contra civiles. El fuero militar, no garantiza el acceso a la justicia de las víctimas, no se logra la  reparación del daño y mucho menos el  esclarecimiento de los hechos. No basta con que de manera eufemística el presidente defienda la profesionalización del Ejército en la actualidad, pretendiendo marcar distancia de sus actuaciones pasadas bajo el mandato de otros gobiernos, pues las denuncias de masacres, tortura, violaciones, abusos sexuales, desaparición forzada de personas y un amplio etcétera, a cargo de elementos del Ejército, no son exclusivas del pasado. Lo que ocurre en México es una clara militarización. No es solo seguir entregando la seguridad pública al ejército, sino es aumentar el poder que de por si ya detenta, lo cual además de peligroso es preocupante. López Obrador, sin embargo, defiende que esto es crucial para continuar luchando contra la violencia que sigue imperando en el país. Según el presidente la idea no es ni militarizar ni se autoritario, sino “cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país”.

AMLO pretende justificar su cambio de estrategia respecto a la retirada de las Fuerzas Armadas de las calles debido, a que en su opinión los militares son la mejor opción para poder hacer frente a los altísimos niveles de violencia que existían cuando inició su mandato y los cuales se han incrementado exponencialmente desde entonces. En su opinión (aunque los datos demuestren lo contrario e incluso no muestren mejoría en la seguridad nacional), otorgarle un carácter militar a la GN contribuirá a su buen funcionamiento. Las críticas a la militarización no son gratuitas, el ejército no cuenta con la formación para garantizar la seguridad de la población civil, los militares están entrenados en la lógica de derrotar al enemigo y usar la fuerza  contra quien atenta contra la soberanía nacional. No tienen un reclutamiento o profesionalización policial como lo establece la   Constitución.

La inclusión de la GN en la SEDENA aunque seguramente será impugnada por las vías judiciales procedentes (y esperar los tiempos de la SCJN), retrata de cuerpo entero los sombríos tiempos  que se viven en la nación mexicana, donde poco a poco, aunque no tan paulatinamente, un Nuevo Orden parece imponerse. Frente a este panorama desolador, antidemocrático y autoritario no queda más que preguntarse, ¿y ahora qué sigue? La clase política carece de convicciones, quienes la conforman anteponen siempre y en todo momento sus intereses personales, igual pertenecen a la izquierda que la derecha o al centro.

Servir a México no es relevante, para ellos el cargo es para servirse. Y de esta crítica si acaso se salva un puñado de senadores, pero no más. Estamos inundados de políticos oportunistas, convenencieros y sin ideales, que igual olvidan o rompen promesas tan relevantes como la de desmilitarizar al país que guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Así lo han venido haciendo todos los que hasta hace tres o cuatro años eran oposición y vehementemente se oponían a la militarización y hoy la aplauden.  Lo ocurrido en el Senado es desolador y trágico, pone en  evidencia que la corrupción ahí sigue. De la misma manera que los narcos, los asesinos, los violadores, etcétera, respaldados por quienes prometieron paz y justicia, combate a la corrupción y a la impunidad, igualdad y rendición de cuentas. .

Como ciudadana me pregunto ¿ahora qué sigue? ¿Qué rumbo tomamos? ¿Cómo  comenzamos a construir el futuro que merecemos, el que le prometimos a nuestros hijos e hijas, ante un presente tan demoledor? Un país cuyos ideales se desmoronan y donde la violencia extrema se ha vuelto cotidiana. El México de hoy, el México militarizado es un país donde lo que reina es el miedo. Un país donde la sensatez ordena guardar silencio, no hacer olas, pasar desapercibido, de lo contrario el Ejército te espía y puede desaparecerte, matarte, torturarte o violarte.

Hubo un momento en que de verdad creí que México era un país donde existían los derechos humanos, donde se podía vivir en libertad. Hoy veo un país dividido, temeroso y desconfiado. Cada vez menos propenso al diálogo. Un país donde nuestros representantes, los representantes del pueblo, no hacen más que plegarse frente al tlatoani de Palacio Nacional, por convicción o por temor pero lo hacen a nuestras costillas. Un México, donde NO existen ni la congruencia, ni los ideales. ¿Qué sigue?