El affaire Esquivel Mossa ha dado un nuevo giro, y por primera vez en esta telenovela que salió al aire hace dos meses, el poder judicial federal se encuentra directamente obligado a pronunciarse. Por un lado, la Ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, resolvió iniciar una consulta al pleno para definir el trámite que se debe dar a las denuncias presentadas contra la ministra Esquivel Mossa, por no preservar la dignidad ni el profesionalismo propios de su función de juez constitucional, ni gozar de buena reputación, y por otro, ¡la ministra Esquivel promovió amparo indirecto! señalando como autoridades al Director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón), al Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, al rector de la UNAM, al Presidente del Comité Universitario de Ética de la UNAM (CUÉTICA) y al propio CUÉTICA.

La ministra reclama de las autoridades de la UNAM básicamente todo lo actuado en los procedimientos que se iniciaron con motivo del plagio de la tesis profesional. Esos procedimientos a los cuales dijo que se sometería y cuya decisión respetaría. Esto es, la ministra Esquivel promovió una demanda de Amparo para frenar el Comité de Ética de la UNAM que investiga el presunto plagio de su tesis de licenciatura. Se amparó contra la ética. Si la verdad está de su lado como ella sostiene, entonces ¿a qué le teme? Lo cierto es que su actitud no proyecta la imagen de alguien a quien le asiste la razón, sino de alguien que sabe que se aproxima una resolución en su contra.

Empezaré por mencionar que una y otra vez la Ministra dijo que ella no tenía nada que ocultar, que confiaba en la UNAM y que demostraría su inocencia. Sin embargo, impide que el Comité de Ética resuelva el caso y que la UNAM informe al público. Sorprende su estrategia), pues hasta antes de que la ministra Esquivel presentara su amparo, no había una vía clara para que la Suprema Corte dijera algo sobre el asunto de la tesis plagiada. Sin embargo, en este momento se abre la puerta a que la SCJN conozca la revisión de ese amparo, pues me parece poco probable que lo resuelva un Tribunal Colegiado como si se tratara de cualquier amparo.

Hay quienes dicen que se trata una ciudadana más, de ahí que se encuentre en todo su derecho de hacer uso de los instrumentos de justicia constitucional que todas y todos tenemos a nuestra disposición, entre ellos el amparo, para defenderse de los actos de autoridad que le generen afectaciones. Sin embargo, se equivocan, pues no se trata de una ciudadana más, Esquivel Mossa es (por lo menos hasta este momento) parte de la SCJN. De ahí que todas y todos los jueces de distrito y magistrados de circuito dependen jerárquicamente de ella (y de los demás ministros de la SCJN) ¿se imaginan a algún inferior jerárquico que se atreva a negar la solicitud formulada por alguno de sus superiores? La carrera judicial de la juez en cuestión depende de las y los ministros, entre ellos la propia Esquivel. El simbolismo funciona. Ella misma esta llevando la disputa a la cancha del poder judicial federal, a su cancha. Se vuelve juez y parte. De suerte que tal y como era previsible, la Juez Quinto de Distrito en Materia administrativa, haya concedido una suspensión provisional para que la UNAM continúe con el procedimiento pero se abstenga de dictar la resolución y para que las autoridades se abstengan de emitir comunicados o conferencias de prensa en los que divulguen información relativa al caso.

Frente a esta especie de mordaza de facto derivada de la suspensión concedida por la Juez la UNAM emitió un puntual comunicado en que de manera sucinta señala que en la máxima casa de estudios del país no se acallan las voces, no obstante que la determinación judicial busca silenciarla y coartar el derecho a la información; al tiempo que de manera ejemplar y contrario a lo que de manera constante hacen funcionarios de la 4T, acatará la suspensión, pero la combatirá por las vías procedentes; es decir la UNAM interpondrá los recursos previstos en la propia ley de amparo para combatir las determinaciones de la juez. La UNAM seguramente impugnará que la consideren autoridad para efectos del amparo y/o que los actos emitidos por las autoridades señaladas como responsables en la demanda, son actos de autoridad pues no establecen efectos y consecuencias en la esfera jurídica de la ministra y por tanto no la afectan.

Me imagino impugnarán la suspensión pues concederla constituye una censura previa (prohibida expresamente por la Constitución) y afecta al orden público pues al ser la ministra una alta funcionaria pública, existe un interés general en conocer como avanza el procedimiento, es de interés general saber si la ministra cumple o no con los requisitos constitucionales para ser parte de la SCJN. La honestidad intelectual y profesional propios de la función de un juez constitucional. No es un asunto solo de percepción. Esto es un asunto objetivo. Este es un tema que tiene que ver con la cultura política y con la ética.

Olvidar que la buena fama pública es relevante para ser una figura pública con responsabilidades de carácter público, como es el caso de las y los ministros de la SCJN, nos coloca como país en graves problemas. Ese es el caso de la ministra Esquivel. Su tema va mucho más allá de lo legal. Es un tema de buena reputación, de daño institucional y de credibilidad. No es una ciudadana común. Empecinarse en quedarse en la SCJN atenta contra la credibilidad del poder judicial y daña a nuestras instituciones, al Estado de Derecho, y sigue abonando a la construcción de un país de cínicos. El tema del presunto plagio, es un tema de fama publica, de autoridad moral (o la carencia de autoridad moral) y tener responsabilidades públicas.

En su demanda de amparo la ministra señala que se ven afectados entre otros su derecho al honor, a la defensa adecuada, al debido proceso, a la seguridad jurídica, y a la legalidad. Me enfocaré en el “derecho al honor” que la ministra dice defender a través de su demanda de amparo. La probidad es un requisito para ser ministro o ministra de la SCJN, lo es también el gozar de buena reputación, de suerte que independientemente de que se pruebe o no el plagio, independientemente de que se le sancione o no, ella ya perdió la fama pública, ya incumple con otro de los requisitos constitucionales para ser Ministra. Pero la gran pregunta parece ser, ¿cómo lograr que haya consecuencias? ¿Cómo dejar de ser un país de cínicos? El daño a su reputación, a su honor, que era lo que la ministra presuntamente quería proteger con la promoción del amparo ya está hecho y éste será irreversible, no importa lo que resuelva la UNAM, ni lo que resuelva el poder judicial federal. Con su actitud demuestra ser no solo incondicional del Presidente, sino un terrible lastre para la SCJN. El amparo no lo promovió para que se sepa quién plagio a quién; sino para callar a la UNAM.

En estos tiempos tan complicados, de cara a la aprobación y publicación del llamado Plan B, pero sobretodo a las impugnaciones al mismo es evidente que al Presidente no le conviene que la Ministra renuncie a su encargo. Le importa poco o nada su desprestigio público y profesional, solo le importa mantener un voto en el Pleno que le sea incondicional para impedir que se alcancen los ocho votos necesarios para declarar la invalidez con efectos generales del Plan B.

Se aproximan tiempos muy difíciles para la SCJN, es lamentable que la actitud de una de sus integrantes se empecine en complicar más, los ya de por si difíciles tiempos. Esperemos que la SCJN esté a la altura de lo que México, el estado de derecho y la democracia necesitan. Es tiempo ya de dejar de ser un país de cínicos.

*** Por el bien de la SCJN y por lo que le queda de reputación, la ministra Esquivel debe renunciar.