El ejercicio de acciones de control, vigilancia y fiscalización que permiten evaluar y en su caso establecer responsabilidades a los entes públicos y garantizar que justifiquen o respondan sobre las acciones de gobierno, se fundamenta en el conocimiento público de dichas actividades, por lo que la transparencia y el acceso a la información son fundamentales. Sin transparencia y rendición de cuentas se debilita la democracia, se genera desconfianza por parte de la ciudadanía y de los agentes económicos y se reproduce la corrupción.
El Banco Mundial ubica el costo de la corrupción en el 9 por ciento del PIB para México, otros señalan entre el 5 y 10 por ciento; de cualquier manera, la cantidad es inmensa (algo así como 2 billones de pesos) para un país que, además, sufre de grandes limitaciones y desigualdades.
La percepción del grado de corrupción a través del Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional, indica que México obtuvo 31 puntos de 100 posibles (en el entendido de que entre mayor es el puntaje es menor la percepción negativa) para 2022, lo que lo ubica en el lugar 126 de los 180 países estudiados y por supuesto el peor entre los miembros del G20 y de la OECD.
La corrupción afecta a la economía al generar costos directos; en este contexto a finales de 2022 el INEGI dio a conocer resultados de encuestas realizadas en 2020 y 2021 sobre la percepción de la corrupción; de acuerdo con su informe para el 57.1 por ciento de la población la corrupción es un problema muy importante superado sólo por la inseguridad y la delincuencia; en el mismo análisis el 14.7 por ciento de los mayores de 18 años señala haber sido víctima de un acto de corrupción al realizar trámites o solicitar servicios públicos. La corrupción afecta por igual a personas, a empresas y a instituciones.
La falta de transparencia y la percepción de corrupción limitan las inversiones porque genera desconfianza y costos lo que se traduce en pérdida de competitividad económica.
La transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los presupuestos públicos, es quizás uno de los que genera mayores impactos económicos, permeando a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), sin distingo del tipo de poder del que se trate (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); ello le da el carácter de fenómeno económico por lo que se vuelve relevante evaluar los costos y beneficios de la ausencia de transparencia.
La falta de transparencia provoca una alta percepción y posibilidad de desvío de recursos públicos a usos distintos a los permitidos, se generen sobre precios, se cobren comisiones o se paguen sobornos. A principios de este año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer su informe sobre la fiscalización de la cuenta pública de 2021 y señaló inconsistencias por más de 64,800 millones de pesos (poco más del 80 por ciento producto de las auditorías a las entidades federativas), si bien lo anterior no implica necesariamente desvíos o daños patrimoniales, si muestra la falta de claridad o de transparencia de la información gubernamental a la que se tienen que enfrentar los órganos fiscalizadores.
Si a lo anterior añadimos la tendencia a desacatar los señalamientos, solicitudes de aclaración e incluso ordenamientos directos que instancias como la Auditoría Superior, los Órganos Internos de Control y la propia Secretaría de la Función Pública, la falta de transparencia y la escasa rendición de cuentas se vuelve una práctica cotidiana, especialmente a nivel estatal y municipal donde los órganos de control no tienen fuerza coercitiva contundente.
Por su parte, el órgano garante del acceso a la información, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) está impedido de ejercer su función primordial; actualmente acumula más de 8,400 recursos de revisión que individuos e instituciones le han sometido ante la negativa de las instancias públicas de entregar la información que les solicitaron.
La falta de transparencia, pero sobre todo la indolencia y en cierta medida la impunidad de los sujetos obligados además de limitar el derecho a la información genera incentivos perversos y círculos viciosos.
Es indispensable recuperar a las instituciones dedicadas a hacer valer la transparencia, la buena gestión y la rendición de cuentas; no menos importante es el ejercer dichas funciones y contar con el marco normativo que impida el desacato y la rebeldía; un país sin transparencia y sin orden poco podrá aspirar a lograr crecimiento condición fundamental para el desarrollo y el bienestar.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®