Nuestro país está inmerso en el proceso comicial para la renovación de la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, al tiempo que la concurrencia de las jornadas electorales locales con la federal implica ir a las urnas en 31 entidades federativas; nueve para la renovación del poder ejecutivo, 30 para sus ayuntamientos o alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, y 31 para su respectiva Legislatura.
Se acerca el ejercicio de la soberanía de cada persona ciudadana para definir el sentido del voto y participar en el otorgamiento de un número relevante de mandatos, pero que son más significativos por la naturaleza de los encargos a conferir.
Si consideramos el tránsito paulatino a la práctica de la democracia electoral desde la apertura de 1977, la evolución consistente concretó normas, instituciones y procedimientos para el desarrollo de los comicios con un objetivo singular en el horizonte: elecciones justas, competidas en un clima de equidad y a partir de la libre y auténtica voluntad de las personas ciudadanas.
Avanzar hacia ese objetivo es afirmar la integridad de los procesos electorales, entendido el concepto como el conjunto de los componentes necesarios para la organización, desarrollo y resolución de comicios acordes al principio democrático.
En el análisis de los elementos de la integridad electoral, pueden destacarse, esquemáticamente: (i) la sujeción de los procesos electorales al orden jurídico y el imperio de los derechos humanos de naturaleza política que reconoce; (ii) el establecimiento de órganos independientes del gobierno con autonomía, capacidades, competencias y personal especializado y profesional; (iii) la generación de un clima de convivencia entre opciones distintas para la postulación de ideas, propuestas y candidaturas, a fin de acceder al ejercicio de los cargos de representación popular; (iv) la regulación en condiciones equilibradas del acceso al financiamiento y a los medios de comunicación de las actividades partidistas y de campaña de las candidaturas, y (v) la superación de toda barrera que afecte la participación universal en condiciones de igualdad de la ciudadanía en los procesos electorales.
México tiene un recorrido de más de nueve lustros para afirmar, consolidar y mantener la integridad electoral como sustento para la expresión democrática de las personas ciudadanas.
Con el ascenso de Morena y sus aliados al poder ejecutivo y la mayoría parlamentaria en las Cámaras, la erosión de la convivencia democrática con otras opciones del mosaico político nacional, la polarización excluyente con ánimo de proscribir a los adversarios y las pertinaces acciones para descalificar -primero- y capturar -después- el funcionamiento de los organismos a cargo de la función estatal electoral, lamentablemente a menos de cinco meses de la jornada de las votaciones está comprometida y en riesgo la integridad electoral; su peor saldo es el intento por la restauración de los comicios como arena donde el poder se pretende legitimar a sí mismo y no como el espacio para la libre y auténtica determinación ciudadana.
Permítanme apuntar algunos de los elementos más distinguibles de ese hecho. Primero en el ámbito de las instituciones: (a) la mayoría en el Senado se ha mofado de la obligación de esa Cámara para concurrir a la integración de los órganos jurisdiccionales electorales. Dos vacantes en la Sala Superior, una en la Sala Regional Especializada y una en cada una de las Salas Regionales; el deber no constriñe a quienes confían en la impunidad; (b) la renovación anticipada de la presidencia de la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la articulación de un “entendimiento” para mantener el control de las decisiones; (c) el funcionamiento de la estructura central ejecutiva y técnica del Instituto Nacional Electoral (INE) sin el consenso de la mayoría calificada de quienes integran el Consejo General, en otro ejercicio de captura de la actuación institucional en contra de su autonomía; y (d) la disminución de 500 millones de pesos del presupuesto ordinario del INE para el proceso electoral en curso, sin razonamiento alguno de la Cámara de Diputados para ello y sin que el Consejo General optara por interponer la controversia constitucional, como lo hizo con respecto al presupuesto de 2021.
En segundo plano la violación sistemática del orden jurídico: (1) el uso constante y abusivo de la propaganda gubernamental para promover la candidatura presidencial del movimiento del cual emanó el titular del Ejecutivo; (2) la exposición de un proceso político de selección real de la candidatura oficial que derivó en un conjunto de prácticas de simulación que arrastraron a las oposiciones y las instituciones; (3) la injerencia de la delincuencia organizada en los procesos de selección y postulación de candidaturas, con el interés implícito en la jornada electoral; y (4) el dominio y uso de los medios públicos de comunicación y otros ámbitos y recursos públicos para inclinar el resultado electoral a favor de los intereses del gobierno.
Y en tercera instancia, el entorno para el proceso y la jornada de votación: (I) la descalificación y la confrontación desde el púlpito de Palacio Nacional hacia y contra cualquier ámbito de contrapeso, autonomía, discrepancia o simple ausencia de compromiso con los intereses político-electorales de su usuario cotidiano; (II) el uso desmedido de recursos sin justificación legal en el proceso político para ungir a la candidata oficial y el trazo que dibuja para las erogaciones de la precampaña a punto de concluir, el período entre la precampaña y la campaña, y la campaña misma, sin el rigor de la fiscalización necesaria y sus consecuencias; y (IV) el amago no tan disfrazado por el interés de las Fuerzas Armadas en la continuidad de la llamada “cuarta transformación”, que tantas encomiendas, recursos, influencia, impunidad y poder les ha dado.
Al comprometerse la integridad electoral se socava el derecho de la ciudadanía elegir en libertad con base en la información y propuestas de quienes aspiran a los cargos. Preservarla es cuidar los derechos políticos de la ciudadanía.
P.S. Me uno al luto que embarga a esta casa editorial por la partida de Don Sergio García Ramírez, persona íntegra que se distinguió en todas las actividades ciudadanas y humanitarias en las que participó, legándonos enormes enseñanzas y una convocatoria permanente a favor de los valores republicanos y de la Patria. Descanse en paz.