El planteamiento del actual gobierno y el que le dará continuidad, de sustentar la soberanía y la autosuficiencia energética bajo un modelo de rectoría del estado cimentado en fortalecer a las empresas productivas del estado, muestra un problema de origen: PEMEX y CFE tienen severos problemas financieros, administrativos, operativos y tecnológicos; rescatarlas y luego modernizarlas es una tarea titánica y tan costosa que obliga a repensar si darán los beneficios esperados y si se puede dar viabilidad de largo plazo a la necesaria pero retrasada transición energética.
Hoy en día, PEMEX en casi todos sus rubros, está en números rojos. Su nivel de deuda es sin duda un factor preocupante al interior de la propia empresa, pero también para las finanzas públicas del gobierno federal, debido al alto riesgo que representa la práctica de inyectarle directamente recursos presupuestales, en lo que va del actual gobierno, se le han dado a la paraestatal alrededor de 1.5 billones de pesos en apoyos, ya sea a través de transferencias o bien, con la reducción de su carga fiscal.
De igual forma, la estructura de la deuda y sus vencimientos son un lastre importante aunado a un costo financiero creciente derivado de refinanciar a un mayor costo por el deterioro de la calificación de su deuda.
Al primer trimestre de 2024, el saldo total de la deuda financiera bruta de la empresa fue de 1.69 billones de pesos equivalente al 4.9 por ciento del PIB, de la cual se debe amortizar el 23.4 por ciento en el plazo de un año, lo que representa una carga para la empresa en principio y quizá para el nuevo gobierno de 402.6 mil millones de pesos, ciertamente la petrolera no está en las mejores condiciones financieras.
Tampoco está en la mejores condiciones técnicas y operativas como para sustentar la soberanía y la transición energética. La producción petrolera se ubica en su menor nivel en más de diez años. Se ha pasado de producir 2.16 millones de barriles diarios de crudo (MMbd) en 2016 a 1.5 en el primer trimestre de 2024. Esta reducción además de derivar de la falta de inversión responde a la caída en las reservas probadas (P1) que en la ultima década se han reducido en 40 por ciento, y que según el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH) alcanzan sólo para 8.8 años más.
La apuesta del gobierno actual y del que seguirá es dotar a PEMEX de una mayor relevancia en la política energética especialmente en la producción de combustibles incrementando la capacidad de refinación y producción de gasolinas. Sin embargo, considerando las metas del Sistema Nacional de Refinación (SNR) se opera al 50 por ciento de la capacidad operativa y se encuentra muy lejos de la capacidad comprometida de 1.45 millones de barriles, considerando a la nueva refinería.
Si se quiere reposicionar a PEMEX, no sólo es importante gestionar su situación financiera de corto y largo plazo en todos sus francos, incluyendo el pasivo laboral que al primer trimestre de 2024 equivale a 1.29 billones de pesos. Es necesaria una reestructura junto con una reducción drástica de tamaño para darle viabilidad; para ello se requiere un gobierno corporativo con amplio conocimiento del sector y un férreo control de la empresa y de su sindicato.
La paraestatal requiere de un liderazgo con amplios conocimientos en el manejo de empresas petroleras, pero también con características políticas, financieras y de alto perfil; al cierre de esta edición aún no se daba a conocer la designación del director general de PEMEX, pero es evidente que la próxima presidenta tendrá en sus manos una difícil decisión respecto de este nombramiento y del equipo que lo acompañará.
El nuevo gobierno se ha trazado como reto acelerar la transición energética garantizando energía suficiente y asequible. Si bien en apariencia entiende que la transición debe estar orientada a la sostenibilidad del desarrollo y a cumplir con las metas de energías limpias, así como mitigar y hacer frente al cambio climático, la propuesta de fortalecer a PEMEX y CFE como empresas públicas estratégicas tomará tiempo y recursos, amén de que actualmente no están a la vanguardia del desarrollo tecnológico especialmente en lo que se refiere a las fuentes de energía más limpias como son la eólica y la solar.
Es necesario repensar la estrategia, la ideologización de la política energética no le conviene al país y la continuidad a “rajatabla” puede ser muy costosa.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®