En este espacio hemos dado cuenta en numerosas ocasiones de las propuestas de reforma al poder judicial, así lo hicimos en 2021 cuando el Presidente López Obrador hizo suya la iniciativa de Reforma denominada por y para el Poder Judicial Federal, reforma que tenía como ejes el combate a la corrupción y al nepotismo; al tiempo que pretendía lograr el fortalecimiento de la carrera judicial mediante la consolidación de una nueva Escuela Federal de Formación Judicial y contar un verdadero Instituto Federal de la Defensoría pública, al tiempo que pretendió prevenir y combatir el acoso y el hostigamiento sexual al interior del poder judicial federal.
En la reforma se incluyó una nueva ley orgánica, como parte del paquete de propuestas, precisamente para visibilizar la importancia del aspecto orgánico del Poder Judicial de la Federación, centrándose en la regulación de los puntos concernientes a la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de las diversas instancias que conforman el Poder Judicial de la Federación desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales, con miras a tener un esquema jurídico-normativo claro, preciso y que otorgue certeza jurídica tanto al juzgador como al gobernado.
Han transcurrido tan solo tres años desde la aprobación y publicación de esa reforma tan paradigmática y estamos discutiendo de nueva cuenta una reforma al poder judicial de la federación, lo que necesariamente nos obliga a preguntarnos ¿qué fue lo que pasó con esa gran reforma? ¿Qué pasó en términos de combate a la corrupción, desarticulación del nepotismo, prevención y combate al acoso y hostigamiento sexual; con las políticas de paridad e igualdad de género? ¿Se logró consolidar la nueva Escuela de Formación Judicial o contar con un auténtico Instituto Federal de la Defensoría Pública?
Lamentablemente no hay ningún dato duro en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma al poder judicial presentada por el Presidente López Obrador el pasado 5 de febrero; ni mucho menos se han ofrecido diagnósticos claros o basados en evidencia durante los foros que se están llevando a cabo para discutir la reforma judicial; las y los legisladores que apoyan a rajatabla la reforma básicamente tienen argumentos de corte ideológico.
Pero ¿cómo se encuentra realmente el poder judicial federal en algunos de estos rubros al día de hoy, es decir a tres años de la reforma constitucional y legal del Poder Judicial de la Federación de 2021? ¿Por qué no dejar madurar esa reforma integral de largo alcance, que transformaría de fondo al Poder Judicial de la Federación, en beneficio de una sociedad más justa para esta generación y para las venideras?.
Durante los Diálogos Nacionales para la Reforma Judicial, ¿Qué Poder Judicial tenemos y qué Poder Judicial queremos?, se hizo mención de manera indirecta a esta reforma de 2021 y se dijo durante la administración de la ministra Piña, “se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad”. Lo cierto es que durante la administración de la ministra presidenta Norma Piña Hernández, se han fortalecido fuertemente en lo sustantivo, tanto las políticas, como el diseño institucional y normativo de la judicatura federal y hay resultados concretos, y verificables.
Esto es, existen datos relacionados con las medidas implementadas para la erradicación, prevención, detección y mitigación del nepotismo y la corrupción, así como las medidas implementadas para la orientación, atención y acompañamiento a las personas afectadas por conductas constitutivas de violencia de género. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no solo han continuado la lucha contra la corrupción y el nepotismo, sino que se han incrementado significativamente sus esfuerzos en esos rubros.
Así por ejemplo, se ha comprometido a combatir la corrupción a través de la transparencia, integridad y rendición de cuentas, para lo cual han mantenido e implementado nuevas medidas efectivas para erradicar la corrupción, además de la promoción de la ética en todas las acciones que se llevan a cabo en el PJF lo cual se ha logrado a través del fortalecimiento de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses; del fortalecimiento de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa; y de las auditorías y control. De conformidad con los datos contenidos en los informes del propio CJF, en el periodo de 2019 a 2022 hubo en promedio 11 ejecuciones de sanciones de la Comisión de disciplina anuales, mientras que tan solo en 2023 hubo 17 ejecuciones de sanciones.
En 2023, el CJF no solo continuó implementando las acciones emprendidas desde 2020 (adopción del Plan Integral de Combate al Nepotismo), y 2021 (la reglamentación de la Carrera Judicial), sino que también se emprendieron medidas adicionales orientadas a prevenir, detectar y mitigar los actos de nepotismo dentro del Consejo. Como la implementación de campañas dos veces al año (mayo y noviembre) para mantener actualizadas las declaraciones de vínculos familiares y detectar posibles casos de nepotismo.
También está la elaboración de una propuesta de Acuerdo General con aportaciones de diversas entidades y consejeros; la homologación de la definición de vínculo familiar conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del PJF; la introducción de definiciones y requisitos para evitar contrataciones indebidas y conflictos de interés; y la modificación del sistema de consulta para la contratación y actualización del Padrón Electrónico de Relaciones Familiares, entre otras medidas.
De la misma manera, para impulsar los esfuerzos para la búsqueda de ambientes laborales seguros, libres de violencia y de toda forma de discriminación, la Unidad General de Igualdad de Género fue transformada en una Dirección General, a saber: la Dirección General de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género, cambio que surgió de la necesidad de fortalecer el área y de brindar atención eficaz, especializada y multidisciplinaria a los casos de violencia por razón de género.
Al respecto se desarrolló el Programa Integral de Prevención de la Violencia de Género 2023-2024, consistente en una serie de fases estratégicas de intervención enfocadas a generar una visión integral de la materia, no sólo en lo individual, sino en lo colectivo, para alcanzar ambientes laborales libres de violencia de género incluida la violencia sexual.
Se implementó el Área de Primer Contacto, integrada por especialistas de trabajo social que brindan atención temprana a los casos de violencia de género. Se aplicó una mejora del buzón de denuncias localizado en la página de Internet de la SCJN, para asegurar la posibilidad de presentar denuncias de manera anónima y que en los supuestos de acoso u hostigamiento sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género, de manera paralela se envíe un aviso a la Dirección General de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género, en caso de necesitar acompañamiento y atención especializada oportuna.
Todos estos datos, acciones y medidas son verificables y son evidencia de que la reforma de 2021 sigue vigente, que se han realizado importantes esfuerzos para combatir la corrupción, el nepotismo, al tiempo de generar espacios libres de violencia, discriminación, acoso y hostigamiento sexual. Los cambios en tres años son tal vez apenas perceptibles, pero la reforma siempre fue pensada para transformar al poder judicial a largo plazo y no hacer magia en tres años. Se trató de una reforma que le apostó a la carrera judicial, a la formación y a la profesionalización de las personas juzgadoras federales.
El estilo de la ministra Piña es sin duda discreto y poco protagónico. Ella se dedica a lo suyo, a la judicatura, a administrar el poder judicial de la federación y deja el alma en ello. Lo que hemos visto en los meses recientes y que lamentablemente se ha recrudecido en estas últimas semanas (fundamentalmente desde que iniciaron los Diálogos sobre la Reforma Judicial) es un virulento, machista y despiadado ataque sistemático a la ministra presidenta.
A esa mujer que por primera vez en la historia se sienta al centro de la herradura, a esa juzgadora de carrera que ha dejado el alma en la carrera judicial y que tiene un enorme compromiso no solo con la judicatura sino con las y los mexicanos. Evitemos la demolición de la carrera judicial.