La propuesta de reforma al Poder Judicial en México, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, ha suscitado un debate intenso sobre su impacto en la independencia judicial, la eficiencia del sistema y la protección de los derechos humanos. Esta reforma, que incluye la elección popular de ministros, magistrados y jueces, entre otros cambios significativos, ha generado diversas reacciones.
En este espacio, hemos venido analizando el contenido de esta iniciativa desde el pasado mes de febrero. Sin embargo, en este momento, y de cara a la etapa final de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial, pretendo ofrecer un análisis crítico y coherente sobre la iniciativa, sus objetivos, propuestas clave, implicaciones y algunos llamados o recomendaciones para los actores clave. Esto, con la esperanza de contribuir al verdadero fortalecimiento del sistema de justicia en nuestro país y detener el golpe a las personas juzgadoras federales.
A lo largo de los años, jueces y juezas han dedicado sus vidas al servicio del poder judicial federal. A esa juzgadora de Tamaulipas, cuya familia vive en San Luis Potosí mientras ella trabaja en Zacatecas, o a esa otra juzgadora que además es madre de un niño con discapacidad, y a las 25 juezas que resultaron ganadoras del primer concurso exclusivo para mujeres en 2019, se les pretende separar de sus cargos.
Pongámosles rostro a esas casi mil 700 personas juzgadoras, porque la reforma que pretende democratizar al poder judicial, aumentando su legitimidad y combatiendo la corrupción, en realidad busca centralizar el control, politizar la justicia y dejar sin trabajo a la totalidad de las personas juzgadoras federales. Esta medida constituye además una violación a las garantías de estabilidad e inamovilidad en el cargo, lo cual podría socavar la independencia judicial y perjudicar los derechos al acceso a la tutela jurisdiccional efectiva y seguridad jurídica de los justiciables.
Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta es la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Actualmente, los jueces son nombrados por el presidente y ratificados por el Senado, un proceso que algunos críticos consideran opaco y susceptible a influencias políticas. Sin embargo, la elección popular podría comprometer la independencia judicial, ya que los jueces podrían estar sujetos a presiones políticas y públicas.
La propuesta pretende que en 2025 se elijan por voto popular mil 633 jueces y magistrados federales, con listas de candidatos proporcionadas por los tres poderes del Estado. Esto plantea el riesgo de la politización de la justicia y la dificultad de garantizar que los juzgadores electos sean verdaderamente independientes. Habrá quienes más optimistas (o más ideologizados) sostengan que la elección por voto popular plantea la posibilidad de aumentar la legitimidad democrática de las personas juzgadoras y sobre todo la responsabilidad del Poder Judicial frente a la ciudadanía, sin embargo, la justicia debe ser imparcial y no estar sujeta a los vaivenes políticos.
El tema de la elección mediante voto popular de personas juzgadoras es un tema controversial, que en la práctica (y en un comparativo a nivel global) tiene experiencias y resultados mixtos. En la exposición de motivos se habla de la experiencia boliviana, pero poco o nada se dice de los resultados que el modelo en vigor desde las reformas judiciales de 2011 en ese país ha traído aparejados.
Tampoco se dice como se puede comparar el caso de los Estados Unidos o de Suiza donde la elección popular de juzgadores se limita a niveles estatales y locales, pero no a las cortes supremas; y aún así los resultados no siempre son positivos, ya que mientras en algunos casos ha aumentado la responsabilidad de los jueces frente a la ciudadanía, también ha habido preocupaciones sobre la influencia política y de los factores reales de poder, incluso de los grandes capitales o de los despachos de abogados en las decisiones judiciales.
En Bolivia, los resultados de las dos ocasiones en que se han celebrado elecciones “judiciales” han mostrado que la elección de jueces en las urnas, además de poco taquillera (los votos nulos o en blanco rebasan el 60%), no garantiza la independencia de quienes resultan electos y ha llevado a la politización de la justicia; así lo demuestran los jueces bolivianos electos mediante voto popular, cuya tendencia ha sido a alinearse con el poder ejecutivo, comprometiendo su capacidad para actuar de manera imparcial lo que de suyo es esencial para garantizar decisiones justas.
La reforma propuesta plantea además modificaciones significativas en la estructura del Poder Judicial. Estas modificaciones incluyen la creación de nuevos órganos judiciales y cambios en la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. La sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial (para supervisar la actuación de los jueces y magistrados), y un Órgano de Administración Judicial; con la intención de separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas, pero también podría fragmentar la coherencia del sistema y presentar riesgos de que se juzgue la función judicial y no las faltas administrativas.
Adicionalmente, la iniciativa propone una redistribución de los recursos financieros dentro del Poder Judicial para “mejorar su eficiencia”. Sin embargo, existen preocupaciones sobre cómo se implementará esta redistribución y si afectará la operatividad del sistema judicial.
Pero, ¿cuáles son realmente las implicaciones de esta reforma? ¿Cómo nos impacta y porqué nos debe importar? Las implicaciones de esta reforma son profundas. La elección popular de jueces podría comprometer la independencia judicial, fundamental para garantizar decisiones imparciales y justas. Además, el cambio de un sistema basado en el mérito a uno basado en elecciones populares podría afectar la calidad y consistencia de las decisiones judiciales. Implementar estos cambios requerirá recursos significativos y podría causar interrupciones en los procesos judiciales en trámite, generando incertidumbre legal y afectando la confianza en el sistema judicial.
La reforma propuesta carece de datos y diagnósticos claros. Los argumentos a favor de la reforma parecen ser principalmente ideológicos, sin un análisis profundo de las necesidades reales del sistema judicial. Es además una iniciativa que traerá aparejada la destrucción de la carrera judicial.
Sustituir a los jueces capacitados y experimentados por jueces electos popularmente podría desmantelar los avances logrados en la profesionalización y capacitación de los juzgadores. Además, la reforma no aborda los problemas profundos de la justicia local, que es donde se concentran la mayoría de los casos que se judicializan en México y es también la más olvidada y la más necesitada de reformas.
Como resultado de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial, se sugieren modificaciones y adiciones al dictamen para votación en la LXVI Legislatura: no someter a elección popular a todos los juzgadores para preservar la independencia judicial, modificar el régimen transitorio y extender el cronograma de implementación, establecer criterios rigurosos de selección de juzgadores, incluir reformas que aborden los problemas de la justicia local y continuar fortaleciendo la carrera judicial.
El debate sobre el sistema de justicia que queremos sin duda se debe dar y se debe centrarse en las personas. Este ejercicio debe servir para continuar con el debate público y transparente sobre la justicia que queremos, la justicia que tenemos y la justicia que necesitamos.
La gran reforma en justicia debe centrarse en las personas, y requiere un análisis cuidadoso y una implementación estratégica para evitar daños colaterales y asegurar que los cambios propuestos realmente beneficien a la sociedad. Las decisiones deben tomarse basadas en datos sólidos y diagnósticos claros, considerando las implicaciones a largo plazo de cualquier modificación al sistema judicial.
Solo a través de una planificación cuidadosa y una ejecución meticulosa de esta transición se podrá garantizar que el nuevo sistema judicial responda efectivamente a las necesidades y expectativas de la sociedad. La reforma en materia de justicia no es solo una cuestión de cambio estructural, sino una oportunidad para construir una justicia verdaderamente equitativa y eficiente para todas las personas. ¡Ojalá que la nueva legislatura esté a la altura de los tiempos!