En fechas recientes, algunos voceros de MORENA han señalado públicamente que la idea de reformar el Poder Judicial no es exclusiva de México, sino que también se está discutiendo en países como Estados Unidos y Alemania. Estos comentarios parecen intentar justificar y validar anticipadamente la propuesta de reforma constitucional impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al término de su mandato.
Esta reforma, prevista para ser discutida en una legislatura que iniciará el 1º de septiembre, coincidirá con la asunción de la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta electa, la primera mujer en 200 años. A pesar de que Sheinbaum tendrá la mayoría en el Congreso, AMLO busca aprovechar este escenario para aprobar cambios que no pudo realizar durante su sexenio por falta de mayoría legislativa.
Afirmar que “el pueblo ya habló el 2 de junio” y que “el Plan C va porque el pueblo así lo dispuso” es una falacia. El pueblo, en efecto, eligió un nuevo proyecto de país liderado por Sheinbaum, no por AMLO. Sin embargo, parece que AMLO no acepta este hecho y se aferra al poder hasta el último momento, complicando una transición democrática tersa.
Es cierto que varios países están considerando reformas judiciales. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden propuso recientemente una reforma significativa a la Corte Suprema. Así, en lo que podemos describir como un momento crucial de la historia tanto de México, como de EUA, los presidentes de ambos países han propuesto, al término de sus mandatos, reformas significativas a sus respectivos sistemas judiciales.
Si bien en apariencia (o cuando menos superficialmente), las propuestas de reformas a los poderes judiciales presentadas tanto por AMLO en México, como por Biden en EUA, se anuncian con objetivos similares como lo son el fortalecimiento de la confianza del pueblo en el poder judicial, o la transparencia y combate a la corrupción; es evidente que las propuestas de ambos se plantean no solo con enfoques distintos, sino fundamentalmente con motivaciones profundamente diferentes. Esto es, aunque ambas reformas, aparentemente buscan fortalecer la confianza pública y aumentar la transparencia, las motivaciones y enfoques detrás de ellas reflejan las realidades y prioridades políticas de cada nación.
La propuesta de reforma planteada por Joe Biden, se inspira en fortalecer los valores de la integridad y de la transparencia; para ello se centra en dos componentes principales: la implementación de límites de mandato para los jueces de la Corte Suprema y la creación de un código de ética obligatorio. Estas medidas surgen como respuesta a una serie de escándalos que han minado la confianza pública en la Corte. La implementación de un límite de mandato de 18 años busca evitar la acumulación de poder y asegurar una renovación constante de la Corte, permitiendo que nuevas voces y perspectivas sean representadas.
Además, un código de ética obligatorio establecería reglas claras sobre recusaciones y la recepción de regalos, un tema sensible tras las revelaciones de que algunos jueces habían aceptado obsequios de individuos con intereses ante la Corte.
La motivación detrás de estas reformas se fundamenta en la necesidad de restaurar la confianza en una institución que ha visto su credibilidad erosionada. Casos como la revocación de Roe v. Wade y otras decisiones controvertidas han exacerbado las divisiones políticas y sociales, provocando una caída en la aprobación pública de la Corte Suprema. En este sentido, Biden intenta buscar un equilibrio en el sistema judicial, asegurando que las decisiones se tomen de manera justa y con integridad, en lugar de estar influenciadas por intereses personales o políticos.
Por otro lado, la propuesta de AMLO busca una transformación más radical del sistema judicial mexicano. Una de las características más destacadas es la elección de la totalidad de las personas juzgadoras federales a través del voto popular. AMLO argumenta que este cambio democratizará el proceso y reducirá la influencia de los grupos de poder sobre el sistema judicial. Además, propone la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial para supervisar y sancionar a los jueces, eliminando al actual Consejo de la Judicatura Federal.
El enfoque de AMLO refleja su constante retórica contra la corrupción y los privilegios percibidos dentro del poder judicial. A través de estas reformas, busca establecer un sistema más justo y equitativo, donde los jueces no puedan ganar más que el presidente de la república, y donde sus acciones sean estrictamente vigiladas y sancionadas si es necesario. Esta propuesta no solo refleja una visión de mayor control e injerencia del poder Ejecutivo, sino también un intento por consolidar el poder del Ejecutivo al redefinir la estructura y funcionamiento del poder judicial.
En suma, las propuestas de reforma planteadas por Biden y AMLO, aunque comparten el objetivo de aumentar la transparencia y la confianza pública, se abordan de maneras que reflejan las diferencias fundamentales en sus sistemas políticos y contextos históricos. Biden, operando en un sistema democrático con una larga tradición de independencia judicial, se centra en preservar esta independencia mientras introduce medidas de rendición de cuentas.
En contraste, AMLO, quien ha manifestado una visión crítica de la estructura actual del poder en México, propone cambios que podrían concentrar más poder en manos del Ejecutivo bajo la apariencia de democratización.
El enfoque de Biden busca una solución moderada a un problema de percepción y credibilidad, manteniendo la estructura institucional mientras se aplican controles internos. La introducción de un código de ética y límites de mandato son medidas que buscan adaptarse a un sistema que ya funciona con una considerable autonomía e independencia.
En cambio, la reforma de AMLO parece apuntar a una reestructuración fundamental del sistema, con implicaciones potencialmente profundas para la independencia judicial y el equilibrio de poder entre las ramas del gobierno.
Tanto la propuesta de Biden como la de AMLO buscan, en última instancia, fortalecer la confianza pública en el sistema judicial. Sin embargo, los caminos que proponen para alcanzar este objetivo son diametralmente opuestos.
La propuesta de Biden, al centrarse en medidas de transparencia y rendición de cuentas dentro de un marco institucional ya establecido, busca preservar la independencia judicial, un pilar fundamental de la democracia. Al limitar los mandatos de los jueces y establecer un código de ética, se busca garantizar que las decisiones judiciales estén basadas en la ley y no en intereses políticos o personales.
En contraste, la propuesta de AMLO, al proponer la elección popular de jueces y un mayor control del Ejecutivo sobre el poder judicial, plantea serios riesgos para la independencia judicial y la separación de poderes. Si bien la participación ciudadana en la selección de jueces puede parecer democrática, en la práctica podría llevar a que los jueces se vean influenciados por presiones políticas y populares, comprometiendo así su imparcialidad. Además, un mayor control del Ejecutivo sobre el poder judicial podría socavar el sistema de pesos y contrapesos, esencial para prevenir abusos de poder y garantizar la protección de los derechos fundamentales.
Es importante destacar que la independencia judicial es un elemento fundamental de cualquier democracia. Un poder judicial independiente actúa como un árbitro imparcial en las disputas entre los ciudadanos y el Estado, y garantiza que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa.
Cuando la independencia judicial se ve comprometida, se pone en riesgo el estado de derecho y se abre la puerta a la arbitrariedad y la corrupción. Hago votos para que la LXVI Legislatura entienda su compromiso con la historia y actúe con responsabilidad. El pueblo sin duda habló y voto el 2 de junio, pero el proyecto para el que fueron electos inicia el 1º de octubre, el mes de septiembre no debe ser usado por el presidente saliente para arrebatarle la oportunidad histórica a la primera mujer presidenta de México de decidir el rumbo de nuestro país.