Es puntual e intensa la batalla presente en la disputa por la Nación. Bajo la convicción de enfatizar el contraste y afirmar la polarización, el país está inmerso, en distintos grados, en la confrontación, la exclusión y la irrelevancia en la arena política.

Por un lado, están el gobierno federal, Morena, los gobiernos locales afines y los dos partidos que se agruparon en torno a la fuerza política dominante; en otro, la coalición opositora del PAN y el PRI y la pérdida de la voluntad de converger ante la ausencia de una propuesta compatible para la conducción del Estado y la comprobación de que la crítica -así sea fundada- y el rechazo al estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador resultaron insuficientes; en otro más, Movimiento Ciudadano como opción para la ciudadanía que busca una vía fuera de la dicotomía de las coaliciones que se articularon para los comicios de este año y, en uno adicional, quienes no simpatizan con el gobierno refrendado, pero tampoco con las opciones de la minoría.

Así como no parece haber duda sobre la ausencia de equidad en el proceso electoral que pronto concluirá, dada la actuación indebida e ilegal del aparato gubernamental para favorecer la candidatura presidencial y demás candidaturas de la coalición encabezada por Morena, tampoco parece haberla en torno al conjunto de decisiones y actuaciones erróneas de la coalición opositora para entender el momento social y buscar el voto de las personas electoras.

Quizás el componente más lamentable de esa forma de actuar sea la negativa a analizar objetiva y autocríticamente lo ocurrido, actitud que se erigiría en el sustento de la prórroga innecesaria de la competencia por la simpatía ciudadana en modo campaña, cuando el tiempo ya es a otro.

Por razones evidentes vinculadas a las decisiones que pueden adoptarse con la super mayoría de las dos terceras partes en las cámaras federales, la deliberación en torno a la transformación de los votos en diputaciones y senadurías ocupa el lugar más relevante en el escenario político. Es entendible que las coaliciones y el partido contendientes ponderen las interpretaciones que reflejen un mayor número de curules y escaños para su respectiva causa, pero estamos claramente en el terreno de los efectos de la votación y no en el contraste de las ideas, los planteamientos y las críticas de las campañas para solicitar el sufragio.

Por supuesto que las formaciones políticas deben defender las votaciones obtenidas y su conversión en cargos de representación popular y para hacerlo cuentan con espacios institucionales, mediáticos y jurisdiccionales. En lo esencial, se trata de defender y hacer valer el sentido del voto de cada persona electora. Los votos se emitieron y contaron, sin demérito de las impugnaciones y las resoluciones pendientes. Múltiples voces se han escuchado con distintas interpretaciones sobre el sentido y alcances del texto constitucional y toda persona es bienvenida a exponer, sostener y persuadir -con evidencias y razonamientos- cual debe ser la composición de la Cámara de Diputados y del Senado.

Sin embargo, prorrogar el clima y la retórica de las campañas a esta etapa del proceso electoral no sólo impide una apreciación por encima de las banderías partidistas, sino que obstaculiza la ponderación y expresión de la ciudadanía que votó y espera la justa proyección de sufragio en la integración de los órganos parlamentarios de representación popular.

A partir del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral sobre la votación para las diputaciones y las senadurías y su hipotética proyección en la integración de las cámaras, desde Palacio Nacional se asumió, difundió e insistió en la obtención de más de las dos terceras partes de las curules en San Lázaro y, por ende, en el mandato para concretar las reformas constitucionales sobre diversas materias y alcances promovidas por el Ejecutivo Federal, el 5 de febrero último.

Se puso en marcha el aparato de propaganda política gubernamental para permear esa idea y la aceptación de un resultado inexorable: la validación popular de ese conjunto de modificaciones, sin distinciones ni particularidades; lo mismo se asume para la militarización de la seguridad pública, la desaparición de organismos constitucionales autónomos, la elección de titulares de órganos jurisdiccionales mediante comicios populares o la centralización de la función estatal electoral en el ámbito federal. Muchos y muy complejos asuntos.

Sin embargo, sólo 54 personas de cada 100 otorgaron el voto a las candidaturas de la coalición electoral de Morena, PVEM y PT, en tanto que 46 de cada 100 optaron por otras de las formaciones políticas en competencia. ¿En este conjunto, se rechazaron por entero todas las iniciativas presidenciales? No hay base para afirmarlo.

Si la soberanía reside en el pueblo y su voluntad es organizarse políticamente como una república representativa, democrática, laica y federal, la comprensión de su unidad esencial lleva implícito el reconocimiento de su diversidad, de la formación de la mayoría y de las minorías, de la pluralidad política.

Mueve a dudas la afirmación de que el pueblo ha decidido e incluso que la mayoría del pueblo se ha expresado a favor de las reformas constitucionales propuestas, porque se sustrae de la connotación de pueblo o de representatividad a las minorías que disienten de esas iniciativas.

La polarización y la confrontación han acelerado las actitudes excluyentes de quienes -en el mosaico de las ideas y las propuestas para el país- legítima y válidamente piensan distinto. Aunque el proceso electoral registró injerencias presidenciales prohibidas, el resultado refleja una diferencia de más de 30 puntos en el porcentaje de votos entre las coaliciones conformadas. ¿Ese hecho o esa distancia son razones suficientes para reprochar y abandonar la convivencia democrática? ¿Para excluir los entendimientos entre mayoría y minorías? ¿Para no identificar consensos en asuntos de relevancia para el Estado que han de atenderse por encima de los intereses partidistas?

Se resolverá el debate sobre la asignación de las diputaciones y las senadurías plurinominales, pero eso no solucionará la necesidad de la convivencia democrática entre mayoría y minorías, si una y otras se descalifican y excluyen recíprocamente. Integrar lo diverso es lo que fortalece a la República; no hacerlo la debilita.