En el debate sobre la reforma al Poder Judicial en México, hay quienes defienden la elección popular de jueces como un medio para democratizar el sistema judicial. Esta idea sostiene que el voto popular podría ser la herramienta necesaria para superar los problemas actuales, ofreciendo una vía legítima para construir un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía. Sin embargo, un análisis más profundo revela que esta propuesta, lejos de solucionar los problemas, podría introducir nuevos riesgos que amenazan la independencia judicial, la estabilidad institucional, los derechos humanos y, en última instancia, la democracia constitucional.
La propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente de la República, en febrero pasado y “modificada” (maquillada superficialmente) como resultado de los Diálogos Nacionales para la Reforma Judicial, así como el Dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales y aprobado por mayoría de votos el pasado 26 de agosto, ha suscitado un amplio debate en la sociedad mexicana.
Esta reforma, presentada bajo el pretexto de democratizar y hacer más eficiente el sistema judicial, plantea, en realidad, riesgos significativos para la independencia judicial y la profesionalización de la judicatura. Las implicaciones de esta reforma son profundas y potencialmente devastadoras para el Estado de Derecho en México, por lo que es fundamental analizar sus propuestas con detenimiento y claridad.
Uno de los pilares más controvertidos de la reforma es la elección popular de jueces y magistrados. La propuesta, en apariencia, busca legitimar a las personas juzgadoras ante la ciudadanía, haciéndolas más responsables y sensibles a las problemáticas sociales. Sin embargo, este enfoque presenta serias deficiencias cuando se confronta con la realidad y la naturaleza misma de la función judicial.
El análisis del dictamen aprobado revela que la elección de juzgadores por voto popular podría llevar a una influencia partidista en el Poder Judicial. La independencia judicial es esencial para garantizar un juicio imparcial y justo, libre de presiones políticas o sociales. Al someter la permanencia de los jueces al voto popular, se corre el riesgo de que sus decisiones se vean influenciadas por la opinión mayoritaria, en detrimento de la técnica jurídica y, lo que es aún más grave, de los derechos humanos y las libertades de las minorías.
Es fundamental recordar que los derechos humanos son por naturaleza contramayoritarios; es decir, están diseñados para proteger a los individuos y a las minorías frente a los posibles abusos de la mayoría. La elección popular de jueces puede comprometer este principio al incentivar decisiones judiciales que busquen agradar a la mayoría, en lugar de proteger los derechos fundamentales. Esto es especialmente peligroso en contextos donde la voluntad popular puede estar en conflicto con los derechos de grupos vulnerables o minoritarios.
Se ha señalado que el sistema actual de carrera judicial no ha logrado consolidar un Poder Judicial autónomo y cercano a la gente, debido al nepotismo, la corrupción y las barreras al acceso a la justicia. Sin embargo, aunque estos desafíos son reales, la solución no es debilitar la carrera judicial, sino fortalecerla. Los problemas deben abordarse mediante reformas que refuercen la transparencia, la rendición de cuentas y la profesionalización dentro de la carrera judicial. Introducir la elección popular podría agravar estos problemas al permitir la influencia política y el populismo en la selección de jueces, lo que solo exacerbaría las fallas actuales en lugar de corregirlas.
En sistemas como el de Bolivia, donde se ha intentado implementar un régimen electoral en la rama judicial, los resultados han sido negativos, resultando en un proceso que sigue siendo inoperante y ampliamente rechazado por la ciudadanía. La experiencia de los Estados Unidos, aunque más consolidada, también ha mostrado que la elección popular de jueces no está exenta de críticas, especialmente en lo que respecta a la influencia política directa en la selección y desempeño de las personas juzgadoras.
Además, el dictamen plantea requisitos mínimos para los juzgadores que son insuficientes para garantizar la idoneidad de los perfiles. Por ejemplo, se propone que para ser Ministro de la Suprema Corte se elimine la exigencia de contar con al menos 35 años y se sustituya por el requisito de tener un promedio académico específico, lo que podría dar lugar a fraudes académicos y al surgimiento de un mercado clandestino de títulos profesionales.
Otro argumento sostiene que la elección popular de jueces es legítima, dado que el pueblo de México ha expresado su respaldo a un proyecto de Nación que incluye esta propuesta. Sin embargo, la legitimidad judicial no se mide únicamente por el respaldo popular. Es crucial que el sistema judicial opere de manera independiente y eficiente. La elección popular, en lugar de fortalecer la legitimidad, podría debilitarla al introducir dinámicas de favoritismo y politización. Esto podría resultar en decisiones judiciales menos robustas y menos justas, erosionando la confianza en la justicia y creando una crisis de gobernabilidad que afectaría negativamente a todo el sistema judicial.
La reforma no solo pone en riesgo la independencia judicial, sino también la profesionalización de la judicatura. La profesionalización de la carrera judicial ha sido un logro importante en México, resultado de décadas de esfuerzos para consolidar un sistema basado en el mérito y la competencia técnica. Desmantelar este sistema en favor de un modelo que privilegia la popularidad sobre la técnica sería un retroceso significativo, afectando no solo la calidad de la impartición de justicia, sino también la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
Por último, se ha propuesto que la elección popular de jueces es una alternativa válida para superar las deficiencias del sistema judicial actual. Sin embargo, aunque estos desafíos existen, la solución no debe ser un cambio radical que introduzca nuevos y graves riesgos.
La elección popular podría exponer al sistema judicial a la influencia de poderes fácticos, comprometiendo aún más la independencia judicial y la protección de los derechos humanos. En lugar de optar por un sistema que podría desmoronar las instituciones democráticas existentes, los cambios deben dirigirse hacia la mejora de los mecanismos actuales, garantizando la profesionalización, transparencia y estabilidad del sistema judicial.
El dictamen también contempla un tiempo de implementación reducido, lo cual podría generar una crisis institucional. La falta de preparación idónea de los nuevos juzgadores y la transición apresurada podrían causar retrasos significativos en los procesos judiciales, aumentando la carga de trabajo y disminuyendo la calidad del servicio.
Además, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que funcionaría como un órgano superior en términos de disciplina, podría acarrear inestabilidad al someter a las personas juzgadoras a un posible acoso en el ejercicio de sus funciones, comprometiendo su criterio para evitar sanciones. Esta medida, en lugar de fortalecer la justicia, podría debilitarla aún más, desincentivando a los mejores perfiles de participar en la judicatura. No hay justificación para la destrucción, el daño que esta reforma constitucional generará en caso de ser aprobada será irreversible.
Es imperativo defender la independencia judicial, los derechos humanos y la carrera judicial como pilares fundamentales de un sistema de justicia que sirva verdaderamente al Estado de Derecho y a la ciudadanía. Quienes hoy defienden al Poder Judicial no lo hacen por proteger posiciones personales, sino porque lo que está en juego es el futuro de la República y la preservación de la división de poderes.
Defender a quienes han apostado por la administración de justicia como proyecto de vida, poniendo el mérito y la capacidad en el centro, es hoy una obligación ineludible. Es un llamado urgente a las y los diputados y senadores entrantes para que privilegien el entendimiento y se conviertan en verdaderos factores de cambio. Les corresponde asumir su responsabilidad política y social, y visualizar claramente las implicaciones que la reforma al Poder Judicial, tal como está planteada, significa para México.
Es tiempo de que la nueva legislatura haga un ejercicio serio y sin prisas, encabezando un verdadero diálogo democrático, sin posiciones irreductibles y donde todas las voces sean escuchadas. El futuro de México está en sus manos, y las y los jóvenes ya están demandando que actúen con responsabilidad y visión de Estado.
Este es un momento decisivo para la historia de México. Defendamos, juntos, la justicia, la independencia y las instituciones que hemos construido y que debemos preservar para las futuras generaciones.