El 12 de septiembre de 2024, quedará marcado como un hito histórico y crítico para nuestro país, marcado por la aprobación (ultra fast track) de la reforma constitucional al Poder Judicial en 17 congresos locales, cumpliendo así el requisito formal para que la reforma fuera ratificada. Así nos despedimos de 30 años de construcción de un mejor sistema de justicia en México.

MORENA, aliados, y traidores deberán hacerse cargo del desastre generado, de las mentiras y de las amenazas fraguadas para sacar los votos necesarios a toda costa. A partir de este punto, ambas Cámaras del Congreso emitirán las declaratorias de reforma constitucional y la enviarán al titular del Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Todo esto ocurrió en los plazos, tiempos y modos que habían sido anunciados desde hace más de tres meses, pues el presidente López Obrador quiere dar un último grito desde Palacio Nacional que incluya “viva la justicia del pueblo”. Las formas poco importan, solo importa realizar ofrendas al gran tlatoani.

Esta reforma no sustituye el modelo establecido en la reforma judicial de Ernesto Zedillo; reemplaza, de hecho, la reforma aprobada en 2021, también durante esta administración, la cual fue anunciada con bombo y platillo como “la reforma más importante de los últimos 30 años”.

Dicha reforma, producto de la colaboración entre poderes y pensada para fortalecer la independencia judicial, tenía como ejes el combate a la corrupción, el nepotismo y la impunidad, además de priorizar la carrera judicial, la profesionalización a través de la Escuela de Formación Judicial, y el fortalecimiento de la defensoría pública, todo ello acompañado por el avance hacia la paridad de género y una gestión más eficiente de los recursos públicos. ¿Qué pasó con esta gran reforma que ahora debe ser destruida? ¿Estaba tan mal diseñada? En aquel momento se sostuvo que los problemas del sistema de justicia no estaban en la estructura de sus órganos cúpula, y que una reforma estructural a la SCJN o al Consejo de la Judicatura Federal pondría en grave riesgo la independencia judicial. ¿Qué cambió ahora?

La celeridad con la que Morena y sus aliados consolidaron esta nueva reforma no debe interpretarse como una victoria política o un avance en la justicia. Es, en realidad, un golpe directo a la independencia de uno de los tres poderes del Estado. La reforma, que propone la elección mediante voto popular de ministros y ministras de la SCJN, y de todas las personas juzgadoras a nivel federal y local (de manera gradual, iniciando con la mitad en 2025 y la otra mitad en 2027), representa un grave retroceso al sustituir los principios de meritocracia y profesionalización que deben regir la impartición de justicia en una democracia.

En su lugar, se prioriza un sistema que politiza la justicia, permitiendo que las afinidades políticas y no las capacidades técnicas definan la selección de las personas encargadas de impartir justicia. Lo que representa un ataque frontal a la independencia judicial, ya que somete a las personas juzgadoras a los vaivenes de la política y las campañas electorales. En lugar de ser seleccionados con base en su trayectoria profesional y sus conocimientos jurídicos, las personas juzgadoras deberán ganar simpatías políticas para acceder a sus cargos.

El proceso que llevó a la aprobación de esta reforma estuvo marcado por un profundo desprecio hacia las instituciones judiciales. A pesar de que jueces de distrito en Morelos y Chiapas concedieron suspensiones para detener temporalmente el proceso legislativo, la Cámara de Diputados avanzó con la discusión y aprobación del dictamen de reforma el 3 de septiembre de 2024, en abierto desacato a las órdenes judiciales.

Este acto de desobediencia no solo constituye una afrenta al Poder Judicial, sino que también representa un ataque directo al Estado de derecho. El respeto a las decisiones judiciales es una garantía esencial en cualquier democracia moderna. Ignorar estas decisiones abre la puerta a la arbitrariedad y al abuso de poder, socavando el equilibrio entre los poderes del Estado y debilitando la legitimidad de las instituciones. En este contexto, la aprobación de la reforma constitucional no solo pone en riesgo la estabilidad institucional, sino que también afecta gravemente la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

A pesar de la magnitud de los cambios que introduce esta reforma, el proceso de su aprobación fue llevado a cabo sin un diálogo real y democrático entre los distintos sectores de la sociedad. La mayoría legislativa, encabezada por Morena, impuso su voluntad sin atender las críticas de los actores judiciales, académicos y la sociedad civil, que advirtieron sobre los riesgos que representa esta reforma para la independencia judicial. Estudiantes, trabajadores del Poder Judicial y jueces federales han expresado su rechazo a una reforma que consideran dañina para el sistema de justicia y para los derechos laborales de quienes forman parte de él. Los paros de labores y las manifestaciones no son simplemente una respuesta coyuntural, sino una reacción a un ataque a la institucionalidad que amenaza con desmantelar el pilar de la justicia en México.

Es importante señalar que los problemas que enfrenta el sistema judicial en México no se resolverán con una reforma que prioriza el control político sobre la independencia judicial. Los defensores de la reforma han argumentado que la elección popular de jueces corregirá los problemas de impunidad y corrupción que afectan al Poder Judicial. Sin embargo, esta medida ignora las raíces estructurales de estos problemas y, en cambio, introduce nuevos riesgos que podrían agravar la crisis de justicia en el país.

En primer lugar, la elección popular de jueces fomenta la politización de la justicia, lo que puede llevar a que los fallos judiciales sean influenciados por consideraciones políticas, en lugar de basarse en una interpretación imparcial de la ley. Esto podría socavar la imparcialidad de los tribunales y erosionar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. En segundo lugar, la reforma no aborda los problemas inmediatos que enfrenta el Poder Judicial, como la falta de recursos, la sobrecarga de trabajo y las deficiencias en la formación y capacitación de jueces y magistrados. Al contrario, la reforma agrava estos problemas al introducir un sistema que prioriza la política sobre la profesionalización.

Además, la reforma amenaza con debilitar la función de la SCJN como tribunal constitucional, al reducir su capacidad para actuar como contrapeso frente a los otros poderes del Estado. En una democracia, el Poder Judicial tiene la responsabilidad de garantizar que las leyes y acciones de las autoridades se ajusten a la Constitución y respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. Al politizar la selección de jueces y debilitar la independencia de la SCJN, esta reforma compromete la capacidad del Poder Judicial para cumplir con esta función crucial.

En medio de este escenario, la sociedad civil ha jugado un papel fundamental en la defensa de la independencia judicial. Las movilizaciones estudiantiles y los paros laborales en el Poder Judicial son una muestra clara de que la sociedad mexicana no está dispuesta a aceptar una reforma que socave los principios fundamentales del derecho y la justicia.

El 10 de septiembre de 2024, trabajadores del Poder Judicial, jueces federales y estudiantes protagonizaron un acto histórico al manifestarse en el recinto parlamentario del Senado de la República. Estas protestas, que contaron con la participación de miles de personas, enviaron un mensaje claro a las autoridades: la sociedad no está dispuesta a tolerar una reforma que atenta contra la independencia judicial y la estabilidad democrática del país.

Es en momentos como este cuando se pone a prueba la fortaleza de las instituciones democráticas y la capacidad de la sociedad para defender sus derechos. La independencia del Poder Judicial no es un obstáculo al ejercicio del poder político, sino una garantía de que los derechos y libertades de todos los ciudadanos serán respetados. Así, la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial marca un punto de inflexión en la historia democrática de México. La imposición de esta reforma, sin el consenso de todos los sectores de la sociedad, sienta un peligroso precedente que pone en riesgo la independencia judicial y, con ella, los pilares fundamentales del Estado de derecho.

A pesar de la aprobación de la reforma, la lucha por la defensa de la justicia en México debe seguir. Es fundamental que los distintos actores de la sociedad civil, así como los sectores judiciales y académicos, continúen alzando la voz en defensa de un sistema judicial independiente y profesionalizado. El respeto a las decisiones judiciales, así como la independencia del Poder Judicial, son principios que no deben ser sacrificados en nombre de intereses políticos.

Solo mediante el fortalecimiento de estas instituciones podremos garantizar que México siga siendo una democracia funcional, donde la justicia y los derechos de los ciudadanos estén protegidos frente a los abusos de poder. La historia juzgará a quienes promovieron y aprobaron esta reforma. Hoy, más que nunca, es necesario defender el Estado de derecho y la independencia judicial como los pilares que sostienen nuestra democracia. La politización de la justicia no es el camino para resolver los problemas del país; al contrario, solo profundizará la crisis institucional y erosionará la confianza en las instituciones que han sido diseñadas para proteger a los ciudadanos y garantizar la igualdad ante la ley.