El gobierno del estado inició el 17 de septiembre una campaña para romper el silencio en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, solicitando información a la ciudadanía en general y ofreciendo a cambio una recompensa de 10 millones de pesos por datos confiables sobre el paradero de los jóvenes.

Esta acción es resultado de la segunda reunión sostenida con los padres de los normalistas desaparecidos y quienes defienden su causa. Sin embargo, otro grupo de ellos manifiesta de manera violenta su exigencia de una solución al caso, en el contexto de las movilizaciones que conmemoran los diez años de los hechos ocurridos el 27 de septiembre de 2014.

Durante el 14 y 15 de septiembre, se instaló un espectacular que muestra los 43 rostros de los desaparecidos, junto con un llamado a la población que pudiera tener alguna información, ubicado al sur de Chilpancingo, a la altura del Parador del Marqués, un punto donde tradicionalmente se bloquea el tránsito por la Autopista del Sol, y en un lugar similar en Iguala.

“Pedimos tu colaboración en la búsqueda de nuestros hijos. Si cuentas con información relevante, por favor llama al 7571192006. Tu reporte será anónimo y ayudará a brindar alivio a 43 familias que sufren en la incertidumbre. Tu ayuda es fundamental para hacernos escuchar”, se lee en el mensaje.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, las reuniones entre ambas partes no evitan las movilizaciones violentas de algunos normalistas, como ocurrió el 12 de septiembre, cuando lanzaron petardos a las instalaciones del congreso del Estado, causando la destrucción de al menos nueve automóviles, de los cuales cuatro terminaron calcinados.

Aunque la campaña pretende generar resultados positivos, en realidad podría limitarse a mantener el foco en un tema altamente politizado, con posturas intransigentes que impiden esclarecer lo sucedido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Podría tratarse de una manera de corresponder a los acuerdos electorales que la fuerza gobernante mantiene con grupos políticos extremos. Sin un enfoque integral y sostenido, los alcances podrían ser limitados.

Reavivar el interés en el caso y su uso como bandera política es crucial para la lucha de las familias y el movimiento social que los apoya. Esto implicaría una concesión por parte del gobierno del estado, en un intento de aminorar los ánimos de inconformidad ante la falta de resultados esperados por los líderes y las familias. Sin embargo, podría generar presión sobre las autoridades locales y federales para que continúen las investigaciones y se tomen las acciones que los defensores de la causa buscan: responsabilizar al ejército por lo ocurrido.

Al atraer la atención mediática, la campaña también podría impulsar apoyos a la causa desde el exterior, lo que aumentaría la presión sobre el gobierno mexicano para resolver el caso. Sin embargo, la desconfianza hacia las autoridades podría limitar el impacto de la campaña, ya que muchas familias y comunidades han experimentado promesas incumplidas y falta de resultados.

El acuerdo gobierno del estado-normalistas, no prevé la resistencia por parte de grupos que se benefician del silencio y la impunidad, a que hacen referencia, lo que podría resultar en desestabilización o represión. Y es que pretenden ignorar que la desaparición de normalista ocurrió en medio de una confrontación entre las bandas delincuenciales “Guerreros Unidos” y “Los Rojos”.

Otro factor limitante está el hecho de que en estos momentos hay una elevada cantidad de temas políticos y sociales en México, es posible que la campaña no logre captar la atención que necesita para generar un cambio significativo.

También influye el hecho de los normalistas no han renunciado al uso de la violencia y el vandalismo como forma de protesta en una ocasión reciente Vidulfo Rosales Sierra, abogado defensor de la causa lo justificó diciendo:  ”es una forma de ejercer su libertad de expresión” pero las autoridades estatales también comienzan a considerarlo igual.

Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta De coordinación política del Congreso del estado, informó que los daños que estudiantes de la normal de Ayotzinapa causaron en la irrupción violenta que tuvieron la semana pasada no serán denunciados ni se procederá de ninguna forma legal, “en estricto respeto a la libertad de expresión que es lo que ejercen los jóvenes que buscan a sus compañeros”.

El 12 de septiembre, durante el mitin, los estudiantes advirtieron que “esta es apenas la antesala de lo que vendrá en los próximos días en que habrán de manifestar su repudio a la negligencia que ha tenido el gobierno en torno a la investigación del paradero de sus 43 compañeros”.

También se reprochó también al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador no haber cumplido su ofrecimiento de campaña de esclarecer el paradero de los 43 jóvenes. La del 12 de septiembre fue la segunda reunión de los padres con la gobernadora, la anterior se realizó, también en Casa Guerrero, el 6 de agosto pasado. Ambas, fueron a puerta cerrada.

Apenas el 17 de este mes un grupo de 200 normalistas bloquearon nuevamente la Autopista del Sol argumentando que les cancelaron una mesa de trabajo con directivos de la Secretaría de Educación Pública de Guerrero.

El bloqueo duró poco más de media hora, durante la cual los normalistas retuvieron camionetas del gobierno y de reparto de alimentos, llevándolas a las instalaciones de la normal en Tixtla.

Los jóvenes exigen que se cumpla el pliego petitorio entregado al Gobierno del Estado y advirtieron que, de no llevarse a cabo la reunión reprogramada, volverán a manifestarse.

Cada acuerdo a que se llega termina por un elemento de presión adicional para las autoridades y una causa para movilizaciones.