“Es peligroso para el país empoderar a una institución que viola Derechos Humanos como en el caso de los 43 y que no rinde cuentas ante nadie”, Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en el marco de la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional
Mientras escribo estas líneas y de cara al fin del sexenio 2018-2024, encabezado por el presidente López Obrador, me viene a la mente aquella declaración que el propio López Obrador hizo en un ya lejano 2019 en el marco del 112 aniversario de la Constitución de 1917, cuando propuso la idea de una nueva Constitución, argumentando que la actual estaba ya “muy parchada”.
Aunque aclaró que no sería durante su administración, sino algo a considerar para el futuro, sugirió la convocatoria de un nuevo Constituyente para redactar una “cuarta Constitución”: “No hay condiciones, dijo, para elaborar una cuarta Constitución porque tenemos otras tareas, sin embargo, se optó por hacer propuestas de reformas a la actual, que consideramos tienen la misma importancia (…) No debe de descartarse (una nueva), pero podría dejarse para el porvenir. Cuando entreguemos nosotros la estafeta para las nuevas generaciones, ¿por qué no convocar a un nuevo Constituyente y elaborar una cuarta Constitución?“…
Es escalofriante pensar que nos encontramos precisamente de cara a esa Cuarta Constitución, la Constitución de la 4T, una constitución militarista, sin contrapesos, con un hiperpresidencialismo, centralista, donde la defensa de los derechos humanos se vuelve una ilusión y que se aleja de los ideales de un gobierno de izquierda, que vulnera el Estado de Derecho. Una paradoja de discurso progresista, que en los hechos resulta materializarse en un gobierno profundamente conservador y neoliberal.
El surgimiento de la Guardia Nacional (GN) en 2019, después de aprobada la reforma constitucional que la creó, surgieron varios intentos de militarizarla, a pesar de que su aprobación se basaba en el compromiso de mantener su mando civil. Desde sus primeros días, la GN mostró signos de militarización debido a que la mayoría de sus elementos provenían del Ejército y la Marina, a pesar de su naturaleza civil formal.
La militarización de la seguridad pública en México no es nueva. Desde el sexenio de Felipe Calderón y su “guerra contra el narcotráfico” en 2006, las Fuerzas Armadas se involucraron en tareas de seguridad pública, con resultados desastrosos: la violencia no ha disminuido y el país se enfrenta a una crisis de derechos humanos, con miles de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y casos de tortura. La estrategia militarista que Calderón no logró consolidar durante su mandato, paradójicamente, se materializó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Desde su creación en 2019, se dieron varios esfuerzos desde el Ejecutivo Federal para militarizar la GN, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino en varias ocasiones para defender su carácter civil. En abril de 2023, la SCJN resolvió por mayoría de ocho votos la acción de inconstitucionalidad 137/2022, declarando inconstitucional el decreto que transfería la GN a la SEDENA. La Corte argumentó que la Constitución era clara al establecer que la GN debía estar bajo mando civil, reafirmando que la intervención militar en seguridad pública solo puede ser extraordinaria, temporal y subordinada a las autoridades civiles.
El gobierno de López Obrador ha defendido (en los dichos y en los hechos) la militarización como estrategia para combatir el crimen organizado, impulsando decretos y modificaciones legales para consolidar la adscripción de la GN a la SEDENA, a pesar de que esta estrategia ha demostrado ser fallida, ya que la violencia sigue sin control, y la seguridad pública bajo mando militar contradice las recomendaciones de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aboga por fuerzas civiles en la seguridad pública y limita la intervención militar a situaciones excepcionales.
Así, en febrero de 2024, el presidente presentó un paquete de reformas constitucionales, incluyendo una propuesta para transferir el control de la GN a la SEDENA. Esta reforma, que modifica incluso el artículo 129 constitucional para permitir la participación militar en asuntos civiles, es un avance sin precedentes hacia un régimen de seguridad pública militarizada.
La reciente aprobación de esta reforma por el Congreso de la Unión consolida el control de la SEDENA sobre la GN. Entre los cambios más preocupantes están la designación de altos mandos militares, el control presupuestal centralizado en la SEDENA y la facultad de la GN para participar en investigaciones criminales bajo la supervisión del Ministerio Público.
Esto eleva su carácter militar y genera preocupaciones sobre la falta de controles civiles y el respeto a los derechos humanos, además de que los elementos de la GN serían juzgados exclusivamente por tribunales militares, lo que reduce las posibilidades de rendición de cuentas en casos de abuso.
Tras su aprobación en el Senado, la reforma deberá ser ratificada por al menos 17 legislaturas estatales para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigor.
Cuando esto ocurra, se consolidará el control militar sobre la GN, aumentando la presencia castrense en la vida cotidiana de la ciudadanía. Esto plantea serias preguntas sobre el futuro de la seguridad pública en México. Es urgente abrir un debate profundo sobre alternativas que garanticen la seguridad sin comprometer los derechos humanos ni el Estado de derecho.
En el contexto del décimo aniversario de Ayotzinapa, la aprobación de esta reforma simboliza un retroceso preocupante para los derechos humanos en México. En lugar de avanzar hacia una mayor transparencia y control civil, el país profundiza su dependencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, con los riesgos que ello conlleva. La creación de la GN fue vista como una oportunidad para construir un cuerpo policial nacional eficiente y respetuoso de los derechos humanos. Sin embargo, la militarización paulatina de la GN y su adscripción a la SEDENA envía un mensaje claro: el Estado ha desistido de su responsabilidad de fortalecer y reformar las instituciones civiles encargadas de la seguridad.
Además esta reforma se debe leer de manera integral con las otras reformas constitucionales que como la judicial ya se aprobó, y que están por aprobarse, como las que desaparecen los organismos constitucionales autónomos; y por marcar la expedición de facto, de la “cuarta Constitución”, esa constitución con la que a manera de una escena del cine mexicano soñó el presidente López Obrador, aquella que le permita hacer y deshacer a su antojo; aquella que formalmente le permita “mandar al diablo no solo a las instituciones, sino también a los contrapesos, a la división de poderes y al estado de derecho de una vez por todas”.
La reforma también propone otorgar a la GN funciones de investigación de delitos bajo la conducción del Ministerio Público. Esta atribución, ahora elevada a rango constitucional, vulnera los estándares internacionales de derechos humanos, pues la Corte IDH ha sido clara en que las Fuerzas Armadas no deben involucrarse en la procuración de justicia, ya que compromete la imparcialidad y los derechos fundamentales.
La reforma aprobada el 25 de septiembre consolida la militarización de la seguridad pública en México y tendrá profundas consecuencias para el Estado de derecho. Al debilitar el control civil sobre las fuerzas de seguridad, se socavan los principios democráticos que sustentan un Estado respetuoso de los derechos humanos. La consolidación de la GN bajo mando militar no solo representa un retroceso en materia de derechos humanos, sino que también genera incertidumbre sobre el futuro de la seguridad pública en México.
Y así en este eterno mes de septiembre culmina el debilitamiento de la justicia civil y el proceso de militarización de la seguridad pública lo que significa un grave retroceso en materia de derechos humanos, parece que amanecemos en los años 70.
Es urgente que el Estado mexicano reconsidere esta estrategia y fortalezca las instituciones civiles, invirtiendo en la profesionalización de las policías y en la creación de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas. Solo a través de un enfoque verdaderamente civil y democrático se podrá garantizar la seguridad pública sin comprometer los derechos de la población. El inicio de un nuevo sexenio es una nueva oportunidad para hacerlo.