La 4-t y la cancelación de los Organismos Autónomos
A lo largo de la existencia de los Organismos Autónomos dentro del régimen de la Cuarta Transformación estos enfrentaron recurrentemente presiones políticas y desafíos que debían encarar por actuar como contrapesos institucionales independientes frente a las estructuras de poder imperante. Así, el gobierno en turno ejerció periódicamente diversas estrategias de contención para mermar su operación por las acciones frontales efectuadas para nivelar las acciones desequilibradas, caprichosas o unilaterales de la administración pública y otras entidades poderosas que perturbaron el funcionamiento virtuoso de la vida pública.
Dentro de las técnicas utilizadas para limitar su ejercicio destacaron, entre otras, las siguientes: intentos de captura política, recortes presupuestales, limitación en la asignación de recursos, menosprecio de sus deliberaciones, desprestigio institucional, dilación de nombramientos, etc.
Sin embargo, pese a que la ejecución de estos mecanismos de control aplicados contra los Organismos Autónomos para degradar su soberanía y sin contemplar los importantes avances logrados por los mismos, el gobierno de la “Esperanza del Cambio” consideró que no era suficiente la instrumentación de dichas estrategias de sujeción para desmoronarlos y decidió que su golpe final sería erradicarlos tajantemente de su estructura gubernamental subsumiendo o absorbiendo sus funciones dentro de otros ministerios o secretarias estatales vinculados con cada ramo específico de la administración pública federal.
Con este fin, el 5 de febrero de 2024 el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión un paquete de 18 reformas constitucionales y dos leyes secundarias con el objetivo de modificar 14 artículos de la Constitución Política Mexicana para realizar una “Simplificación Administrativa” y extinguir diversos los Órganos Autónomos del Estado mexicano en materia de competencia, telecomunicaciones, transparencia, energía, educación y política social. A través de ello apoyaría su “Plan C” de gobernabilidad para apuntalar la construcción del “Primer Piso” de la Cuarta Transformación.
Los Organismos Autónomos que se plantearon modificar fueron los siete siguientes: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), y finalmente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Dicha iniciativa planteó trasladar formalmente a los Organismos Autónomos y trasladar sus tareas hacia otras instancias del Estado, pero su reorganización podría representar el aniquilamiento real de sus capacidades orgánicas al perder su soberanía y subordinar sus tareas a los intereses políticos de la jefatura de gobierno en turno.
La justificación gubernamental
Para restructurar o desaparecer a los Órganos Autónomos el gobierno morenista aplicó la lógica de la racionalidad del populismo reivindicador de la Cuarta Transformación basada no en la corrección sectorial de las posibles limitaciones, desgastes o errores experimentados por tales entidades independientes, sino fundada en su “guillotina institucional”. Así, el gobierno de la “Revolución de las Conciencias” sostuvo que la desaparición de los Órganos Autónomos era indispensable consumarla por las siguientes cinco razones principales: 1) son una herencia neoliberal; 2) se necesita eficacia institucional; 3) se requiere reducir gastos federales; 4) es imperioso recurrir a la simplificación republicana; y finalmente, 5) se debe aminorar la ineficacia institucional.
Importancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones
Dentro del concierto de Órganos Autónomos el Instituto Federal de Telecomunicaciones ocupo un lugar estratégico para regular ampliamente las comunicaciones en México. Surgió de la Reforma Constitucional de 2013 con la finalidad de regular, promover y supervisar las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país a través del espectro radioeléctrico, las redes y los servicios públicos en estas materias, abarcando lo referente a internet y la banda ancha. De esta forma, el IFT fue concebido como un mecanismo autónomo, de Estado, para reglamentar el sector de telecomunicaciones y radiodifusión como servicios públicos de interés general, así como, para llevar adelante las políticas públicas que garanticen estos servicios públicos a toda la población (AMDA, 2024).
La existencia de un órgano autónomo robusto es primordial para el desarrollo de la radiodifusión, las telecomunicaciones y, en general, el ecosistema mediático y digital en favor de toda la población. Es por ello, que la naturaleza constitucional del IFT quedó establecida en el artículo 28 de la Carta Magna y su objeto de regulación también quedó delimitado en la Constitución Política Mexicana (AMDA, 2024).
Los objetivos centrales del IFT son, por una parte, abrir los mercados, regular el sector, incrementar la competencia efectiva, reducir las barreras a la entrada y erradicar las prácticas anticompetitivas en los mercados. Por otra parte, le corresponde la protección de los derechos de las audiencias garantizando el respeto a los principios de pluralidad, diversidad, veracidad y apego a los derechos humanos; supervisar con transparencia las acciones de regulación del espectro radioeléctrico y abierto del espacio mediático para la existencia de voces comunitarias, indígenas y afromexicanas; ordenar la competencia; y emprender acciones de alfabetización mediática e informacional (AMDA, 2024).
La autonomía de este organismo es esencial para asegurar que sus decisiones no queden influidas por intereses políticos, económicos o gubernamentales que comprometerían la calidad, ética y transparencia en su actuación, incluyendo el otorgamiento de concesiones de uso público, social y comercial (AMDA, 2024).
Sus logros
A lo largo de la existencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones logró consolidar aspectos muy relevantes para propiciar mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para la sociedad mexicana. Por ello, el IFT es un organismo necesario como contrapeso para la salvaguarda de los derechos de los usuarios.
Entre los principales frutos que alcanzó el IFT para la sociedad resaltan los siguientes en cinco ámbitos sociales: ahorro social, mejora de servicios, expansión de infraestructura, profesionalización, y respaldo a la pluralidad y la democracia.
¿Qué sector sustituirá al IFT?
Con objeto de suprimir al Instituto Federal de Telecomunicaciones como Órgano Autónomo la iniciativa lopezobradorista decidió trasladar sus responsabilidades a la Secretaría Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Para ello, formuló modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política Mexicana.
Sin embargo, al ser absorbido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes surgiría a todas luces un claro retroceso en la especialización regulatoria que se ha logrado desde 2014, pues la SICT es la encargada de ejecutar la política pública, mientras que el IFT es el encargado de regular los mercados y la competencia en el sector.
Es primordial considerar que este proceso de reubicación del Instituto Federal de Telecomunicaciones es una decisión muy delicada ya que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes no cuenta con un perfil técnico que pueda dar continuidad a la regulación asimétrica que impera en la telefonía móvil y el internet fijo. Además, sin la especialización técnica de la SICT en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el mercado en estos ámbitos podría experimentar un retroceso en términos de competencia efectiva que aún se lidia en la industria de la telefonía móvil con un competidor muy poderoso que concentra participación dominante de mercado, ingresos e infraestructura.
Repercusiones de la revocación
Derivado de esta realidad la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría varias repercusiones negativas entre las cuales sobresalen, las trece siguientes en el ámbito de estado de derecho, autonomía, democracia, competencia, corrupción, austeridad, avances institucionales y ubicación histórica:
Estado de derecho
1.- Atentado contra el orden de derecho. Una de las principales consecuencias inmediatas de la transformación del IFT, proviene de la ausencia de un ente autónomo que regule dichas actividades, especialmente en las disputas extra nacionales, como lo exigen los tratados internacionales. Esto produciría una falta de certidumbre en el estado de derecho y justicia social, pues más allá de regular a las empresas, también una labor de estos organismos es defender muchos de los derechos de los usuarios (Reyes, 2024).
Autonomía
2.- Merma de autonomía. La ausencia de un órgano regulador en materia de radiodifusión y telecomunicaciones generaría un escenario de riesgos y desafíos que afectarían profundamente el derecho humano a la comunicación en México. Es medular contar con una autoridad independiente que garantice la calidad, diversidad y pluralidad de los contenidos y proteja los derechos humanos de las audiencias y de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones (AMDA, 2024).
3.- Pérdida de imparcialidad. La transferencia del IFT a otras áreas administrativas del Estado podría comprometer la imparcialidad del Instituto, ya que las decisiones estarían influenciadas por intereses políticos coyunturales, debilitando la eficiencia reguladora. Es decir se operaria como juez y parte, lo cual cuestionaría su imparcialidad oficial y alimentaría sustantivamente las posibilidades de la toma de decisiones discrecionales por parte de los funcionarios gubernamentales.
De esta forma, la extinción de este órgano implica que sus atribuciones serán asumidas por el Ejecutivo Federal a través de la dependencia encargada de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión. Lo anterior deteriora la capacidad del Estado para garantizar un acceso equitativo y justo a los servicios de comunicación y afecta la libertad de expresión y el derecho a la información al someter su regulación a intereses ajenos a los del interés público (AMEDI, 2024).
En suma, los derechos de los ciudadanos y organismos quedarán sujetos a instancias con intereses, competencias y estructuras diversas, de índole política y judicial, lo cual generaría una fragmentación que afectaría la certeza, objetividad, claridad y equidad en la aplicación de estos garantías, así como la reducción en la transparencia y la rendición de cuentas (AMEDI, 2024).
Democracia
4.- Riesgo de concentración de poder. Sin un regulador autónomo en el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión, existe el peligro de que las decisiones regulatorias respondan a intereses políticos en lugar de criterios técnicos. Esto podría derivar en un entorno de competencia desigual, favoreciendo a ciertos actores económicos monopólicos dominantes afines al gobierno dañando la pluralidad en el mercado. Es decir, se podría permitir una regulación discrecional, por ejemplo, en el acceso al espectro radioeléctrico, las redes de comunicación y la comunicación vía satélite.
Competencia
5.- Reducción de la competencia. La falta de un organismo independiente podría permitir que algunas de las grandes empresas incrementen su capacidad de monopolizar el mercado afectando las garantías de competencia justa en el sector de telecomunicaciones. Así, pondría en riesgo la competencia y regulación de mercados, incrementando prácticas anticompetitivas, que perjudicarían la calidad y precios de bienes y servicios; todo lo cual lesionaría a los consumidores.
6.- Reducción de inversiones. Los dueños del capital podrían reducir su confianza para invertir en México, pues al perder el IFT su soberanía institucional y ser reubicado como un órgano subordinado al gobierno se debilitará el “orden del derecho” que es un requisito indispensable para destinar inversiones a nuestro país. Con ello, se podría disminuir la oportunidad histórica de aprovechar el nearshoring en nuestro país derivado de la reorganización de la economía mundial.
7.- Impacto en los mercados. Desaparecer el IFT como organismo regulatorio autónomo podría afectar la competencia y la calidad de los bienes y servicios, lo cual tendría un impacto negativo en los mercados a mediano y largo plazo.
8.- Pérdida o erosión de tratados comerciales. Esta acción podría poner en riesgo la continuidad de los tratados comerciales internacionales como el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (TEMEC) con Estados Unidos y Canadá que a través de los artículos 17 y 18 del acuerdo exigen la existencia de Órganos Autónomos que actúen como entes reguladores independientes para asegurar una competencia leal al emitir resoluciones sin presiones políticas. De lo contrario los dictámenes regulatorios expedidos por el IFT sobre este terreno no serían bien vistas a nivel internacional, pues además de que se vulneraría el cumplimiento de compromisos internacionales, no se garantizaría la obligación de asegurar la existencia de mercados competitivos a través de entidades totalmente soberanas de la administración pública que regulen de manera imparcial y eficaz las dinámicas de las telecomunicaciones y la radiodifusión (Rojon, 2024).
9.- Afectación en calidad y costos. La desaparición del IFT generará incertidumbre entre los actores del sector de telecomunicaciones, ya que las funciones reguladoras serán asumidas por la SICT que no es una instancia adecuada para ejercer estas actividades especializadas. Sin supervisión rigurosa los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión disminuirían en calidad y aumentarían en precio.
Corrupción
10.- Nombramiento de funcionarios advenedizos. La rápida sustitución del actual personal especializado del Instituto Federal de Telecomunicaciones por un nuevo personal abre la delicada puerta que algunas de estas vacantes especializadas sean ocupadas por políticos para “pagar favores” y no por un sector técnico muy profesional que pueda resolver las funciones especializadas que exige esta institución para evitar que se vulneren las garantías constitucionales. Esta práctica del “compadrazgo plutocrático” fomentará la corrupción.
Por ello, es fundamental considerar que la operación del IFT es una labor de naturaleza eminentemente técnica más que política. Las disposiciones regulatorias que operan en el mercado de las telecomunicaciones y en radiodifusión deben ser emitidas por perfiles especializados en ingeniería, leyes, economía, regulación y competencia económica, por lo cual no existe cabida para los “compadres políticos (Gutiérrez, 2024).
Austeridad
11.- Ahorro relativo. Aunque el gobierno sustenta que la eliminación de IFT representaría un ahorro de inversiones federales, esto no es acertado, pues más allá de un posible ahorro de recursos en el corto plazo, a mediano y largo plazo implicaría grandes pérdidas en el bienestar de los consumidores ya que posibilitaría el regreso a condiciones de mercados extremadamente concentrados (Rojon).
Avances institucionales
12.- Desconocimiento de logros institucionales. La extinción del IFT ignora los logros obtenidos por este organismo autónomo después de 11 años de existencia, como la eliminación del cobro de la Larga Distancia Nacional y Roaming Nacional, así como la transición a la Televisión Digital Terrestre. De igual forma, se menospreciaría que en este mismo lapso, con el IFT a la cabeza de la regulación del sector, México pasó de 9.6 millones de hogares con acceso a Internet en 2013 a 27.7 millones de hogares (71.7% del total de hogares), mientras que el número de conexiones de banda ancha móvil se cuadruplicó, al pasar de 27.4 millones en 2013 a 126.1 millones de conexiones (AMEDI, 2024).
Por ello, es lamentable y preocupante que el gobierno evada el reconocimiento positivo de los avances que ha alcanzado la industria de las telecomunicaciones en términos de competencia, regulación de precios, disminución de monopolios, entrega de concesiones para radio y televisión, etc. y sólo haya argumentado inadecuadamente el tema de la carga financiera de los órganos autónomos con objeto de suprimirlo (Gutiérrez).
Ubicación histórica
13.- Retorno al pasado. Finalmente, el conjunto de dichas incompatibilidades y contradicciones ocasionaran un retroceso para las telecomunicaciones y para los usuarios, pues al eliminar al regulador se retornaría a un viejo modelo estatal que demostró tener serias limitaciones para lograr la entrada de más competidores, mayor certeza jurídica, asegurar piso parejo para que un mayor porcentaje de mexicanos contaran con más servicios de telecomunicaciones a menor precio y con mayor calidad, así como promover más estaciones de radio y televisión donde pudieran expresarse mayor diversidad de voces y opiniones (Gutiérrez). Por ello, con la cancelación del IFT se regresaría a un prototipo en el que sus atribuciones quedarían en manos del Ejecutivo Federal generando una regresión institucional que colocaría al sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión no sólo antes de la Reforma Constitucional de 2013, sino más atrás de 1996, que fue la época en la que prevalecía una estructura de mercado de monopolios privados, y sin una autoridad con atribuciones firmes para regular la competencia en el mercado de telecomunicaciones en México (Piedras, 2024).
En este sentido, extinguir o debilitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones representaría una regresión, especialmente en un momento en que fenómenos como la concentración de medios, la multiplicación de servicios digitales de comunicación, la desinformación, y la violación de los derechos humanos en la esfera digital son desafíos cada vez más crecientes en la República (AMDA, 2024).
Las instituciones de regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión están lejos de ser perfectas, ya que probablemente existen algunas malas prácticas de gestión y de gasto. Sin embargo, más que anularlas es necesario fortalecer la profesionalización de sus servidores y mejorar procesos de desempeño profesional. Para ello, se requiere un debate informado, plural, transparente y responsable que considere las características de cada institución, con evidencias y diagnósticos oficiales para crear reformas administrativas adecuadas que superen sus limitaciones y ofrezcan mejores servicios a la ciudadanía y para la vida democrática del país (Vázquez, 2024).
Defensa de los Órganos Autónomos
La presencia de los Organismos Autónomos en México representa un avance histórico en la consolidación de la arquitectura equilibrada del Estado mexicano, pues aportan independencia, certidumbre jurídica, transparencia, pluralidad, protección de derechos fundamentales, garantías civiles y, confianza ciudadana para convivir con mayor armonía en la nación. Son pilares esenciales del Estado republicano avanzado que deben protegerse para conservar el fortalecimiento del Orden de Derecho, el equilibrio de poderes y la preservación de un sistema democrático robusto de una nación en vías de construir un futuro superior.
Aunque enfrentan desafíos y aspectos que deben corregirse, su soberanía es esencial para evitar retrocesos institucionales lamentables y consolidar un Estado moderno avanzado y plural. Por ello, la clave para generar más competencia y digitalización está en empoderarlos y no eliminarlos.
Sin la presencia de Órganos Autónomos, México asistirá al diseño de un “Estado de Piedra” ciego, sordo y manco que construirá un “Segundo Piso” autoritario en su modelo de desarrollo que en el siglo XXI se inclinará más hacia la autocracia, la opacidad y la corrupción que hacia la promoción de la transparencia, el Orden de Derecho y la sana democracia en México.