“La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos;
todo demócrata, y con mayor razón, todo servidor público,
desea lo mejor para su país”
Ministra Presidenta
Norma Lucía Piña Hernández
El segundo informe de labores de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), no solo refleja los logros alcanzados durante su gestión, sino que también destaca los desafíos inéditos que enfrenta el Poder Judicial Federal en un entorno de creciente polarización política.
El discurso pronunciado la ministra Presidenta en la sesión solemne del Pleno de la Corte, celebrada el pasado 10 de diciembre, añadió una reflexión más amplia sobre la trascendencia del trabajo del poder judicial en México, y sobretodo del impacto de la reforma judicial y la urgente necesidad de defender los principios democráticos frente a las presiones externas. Así, este segundo -y lamentablemente también el último- informe de labores de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como Presidenta de la SCJN y del CJF, marca el cierre de una época en la historia del Poder Judicial Federal y de la propia Corte.
Este informe, más allá de un mero ejercicio de rendición de cuentas, representa el fin de un diseño institucional que, derivado de la reforma judicial recientemente aprobada, y en vigor desde el 16 de septiembre de 2024, dará pasó a una SCJN integrada únicamente por nueve ministras y ministros y que funcionará solamente en Pleno. Y con la salida del ministro Luis María Aguilar Morales el 30 de noviembre pasado por haber culminado su encargo, nos enfrentamos a un cambio estructural sin precedentes en la historia reciente de la SCJN, y los 6 meses previos a la elección judicial extraordinaria, la Corte estará conformada únicamente por 10 ministros en el Pleno.
En este contexto, es evidente, que resulta fundamental hablar de los estragos que la reforma al Poder Judicial traerá aparejados, y que de hecho ya se perciben. La ministra Piña dedicó por ello, parte de su discurso a reflexionar sobre los retos que este nuevo modelo plantea, destacando puntualmente y con citas textuales, las advertencias formuladas por ministros, ministros, expertas y expertos constitucionalistas durante los foros realizados en la Cámara de Diputados en torno a la reforma judicial.
Sus palabras fueron claras, contundentes y pertinentes: la eliminación de la carrera judicial y la politización de la justicia no son caminos hacia el fortalecimiento de la democracia, sino pasos hacia su erosión.
La ministra subrayó que el Poder Judicial no se opone al cambio. No obstante, enfatizó que este debe ser producto de un diálogo informado y no de narrativas infundadas que, repetidas con insistencia, han buscado justificar una reforma que carece de diagnóstico sólido y visión de largo plazo. En su discurso, la ministra Norma Piña abordó con valentía los enormes retos que enfrentará el Poder Judicial en el futuro cercano, señalando la necesidad de preservar los principios democráticos frente a un entorno político adverso.
Es desafortunado que el acto solemne no haya contado con la presencia de todos los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que tampoco asistiera la presidenta Claudia Sheinbaum. Este vacío institucional, aunque lamentable, es una muestra de cómo se ha relegado la importancia de las instituciones en favor de intereses particulares. Sin embargo, la ministra Piña nos recordó que las instituciones no se definen por las personas que las encabezan, sino por su funcionamiento democrático, el cual debe prevalecer sobre los conflictos y diferencias individuales.
Con firmeza, subrayó que las instituciones se construyen y sostienen con trabajo cotidiano y con la defensa inquebrantable de los principios. Su legado no está únicamente en las sentencias y resoluciones de la Corte, sino en su ejemplo de resistencia frente a quienes han intentado minar la autonomía y la independencia judicial. Sus palabras resonaron con fuerza: la justicia no se negocia, la democracia no se entrega y la dignidad no se somete. Este mensaje inspirador generó los espontáneos aplausos y ovaciones que siguieron a su intervención. Aplausos de pie para quien ha demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la justicia puede prevalecer.
El informe y el discurso de la ministra Norma Lucía Piña Hernández constituyen un llamado a la reflexión colectiva. Este momento marca el cierre de una etapa y el inicio de otra, cuya viabilidad dependerá de la capacidad que tengamos como país para conservar la autonomía y la independencia judicial; y sobre todo para evitar la politización de la justicia. Mientras tanto, la ministra Piña deja una marca indeleble en la historia de nuestro México como una líder que, frente a la adversidad, defendió con firmeza los principios que sostienen nuestra democracia constitucional.
Desde el inicio de su discurso, la ministra recordó que la justicia no es únicamente una cuestión de leyes y procedimientos, sino un compromiso ético con los derechos humanos, la equidad y la dignidad. Subrayó que la independencia judicial es un patrimonio de la humanidad, directamente vinculado a la esencia constitucional de las democracias. Más que un mandato legal, constituye un baluarte frente al abuso de poder y un pilar en la defensa de los derechos fundamentales. Este principio se ha reflejado en las decisiones del Poder Judicial, que, en palabras de la ministra, han buscado cumplir con el apotegma de José María Morelos: “Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario”.
En su informe, se destacaron varios avances significativos en las funciones jurisdiccional, administrativa y social. Entre ellos, las resoluciones emitidas que establecieron límites al poder político y garantizaron derechos fundamentales. Ejemplo de ello son las decisiones relacionadas con la regulación de consultas a pueblos originarios, la validación de sistemas de etiquetado para proteger la salud y los derechos de los consumidores, y la desclasificación de información pública vinculada a megaproyectos gubernamentales. Estas sentencias no solo fortalecieron el control constitucional, sino que impactaron directamente en la vida cotidiana de las personas, demostrando el compromiso del Poder Judicial con una justicia cercana y efectiva.
También subrayó la centralidad de los derechos humanos como eje rector de la gestión judicial. Proyectos en justicia intercultural, ambiental y climática, así como acciones para promover los derechos de personas con discapacidad, ilustran un enfoque integral que busca garantizar la equidad y la inclusión. La SCJN ha trabajado para prevenir la violencia de género, consolidar espacios laborales seguros y promover políticas inclusivas, como la habilitación de baños neutros y talleres para fomentar la diversidad y la igualdad de género. Estas iniciativas reflejan el esfuerzo por transversalizar la perspectiva de género y garantizar que la justicia sea accesible y efectiva para todos los sectores de la sociedad.
El discurso añadió un elemento crítico al contexto de este informe: los desafíos que enfrenta el Poder Judicial ante la reforma judicial y las crecientes presiones políticas. Denunció una campaña de deslegitimación hacia jueces y magistrados, señalando que los ataques buscan erosionar la independencia judicial y constituyen una peligrosa práctica antidemocrática. Citó casos emblemáticos, como la resolución sobre la Guardia Nacional y el Plan B electoral, como puntos de inflexión que intensificaron las agresiones hacia el Poder Judicial. En este contexto, reiteró que las decisiones del tribunal han sido guiadas por principios constitucionales, reafirmando su compromiso con la imparcialidad y la legalidad.
Norma Lucía Piña Hernández pasará a la historia no solo por ser la primera mujer en presidir la SCJN, sino por haber defendido con entereza, dignidad y distinción la autonomía e independencia del máximo tribunal. Su liderazgo, constantemente desafiado por una embestida autoritaria desde Palacio Nacional, y desde el oficialismo se consolidó como un pilar frente a las expresiones más antidemocráticas de la política mexicana.
Frente a esta adversidad, no solo resistió, sino que se erigió como una defensora incansable de los principios constitucionales y la división de poderes. Las críticas infundadas que ha recibido son reflejo de su compromiso con la justicia y de su negativa a doblegarse ante intereses ajenos a los valores democráticos.
El cierre de esta etapa (30 años, que se dicen fácil) deja un vacío profundo y un futuro incierto en nuestro México, no solo en términos de capacidad judicial, sino también en el entendimiento mismo de la democracia y de la división de poderes. El futuro del Poder Judicial, tal como lo plantea la ministra Piña, está en manos de quienes continúen esta labor.
La ministra concluyó su informe reafirmando la importancia de la ética, la dignidad y la excelencia como valores fundamentales para enfrentar los desafíos venideros y preservar el legado de un Poder Judicial verdaderamente autónomo.
Este último informe de labores no solo es el testimonio del trabajo realizado, sino también un llamado a la reflexión sobre el papel de la judicatura, en una democracia en constante transformación. La Corte debe siempre y en todo momento refrendar su compromiso con el Estado de derecho y con una justicia que, como dice la ministra Piña, “sirva al pueblo con congruencia, ética y perseverancia”. El 1 de junio de 2025 será un día crucial para el futuro de nuestra justicia constitucional.
**El informe y su resumen ejecutivo pueden ser consultados en https://bit.ly/49sdDAp