Se han cumplido cien días del enseñoreamiento de la violencia en Sinaloa por la partición del cartel que vincula su denominación al de la entidad federativa del origen de quienes lo controlaban y lo articulaban. El grupo delictivo sentó sus reales en la sociedad sinaloense hace varios lustros y permeó la vida de sus habitantes hasta generar un statu quo; el cartel es una parte significativa del entorno. Las cosas suceden con el conocimiento y la aceptación resignada de que así son.
Es la imposición de un modelo de convivencia, donde el registro principal es de sujeción a esas formas. En el origen de la hegemonía sobre la sociedad estuvo presente la violencia de los secuestros, las desapariciones y los asesinatos, que ahora ha regresado con furia por demás desalmada; y, poco a poco, se transforma en el dominio por el miedo a esa violencia. Se sabe quién controla; se sabe quién recurre a esas tres y otras acciones criminales; se sabe que hay espacios donde la delincuencia del cartel es la regla; se sabe que el poder público no tiene voluntad, estrategia o capacidad para hacerle frente, y se sabe que el grupo actúa en una arena de impunidad.
Es difícil pensar que si la sociedad ha sido hecha rehén de los modos, las formas y los intereses del cartel delincuencial, ello no trasciende a la esfera de la política o, más aún, que la participación política empiece a permearse y ser un espacio más de la red en la cual el crimen revisa e, incluso, dispone las pautas. Se documentó y denunció, aunque sin consecuencias conocidas en lo público, el secuestro de Alberto Salas, entonces secretario de Organización del Comité Directivo del PRI en el Estado y responsable de las tareas vinculadas a la movilización de simpatizantes el día de la jornada electoral del 6 de junio de 2021. Ocurrió un día antes de esa fecha. También fueron privados de su libertad los principales responsables de esas tareas partidistas.
El mensaje fue más que claro. El candidato del Cartel de Sinaloa era Rubén Rocha Moya, político local impulsado al Senado en 2018 bajo el emblema de Morena, y en ese momento postulado por la coalición “Juntos Hacemos Historia”, que sumó al Partido Sinaloense, cuyo dirigente era Héctor Melesio Cuén Ojeda, cuya muerte se ha establecido en la fecha y lugar del encuentro que éste y Rocha se asume tendrían el 25 de julio último con la presencia de Ismael “El Mayo” Zambada en Culiacán para resolver sus diferencias políticas.
El resultado electoral registró una participación del 49 por ciento de la ciudadanía y 56 por ciento de los votos para la coalición de Morena y 32.5 por ciento para la coalición del PRI, PAN y PRD, que había postulado a Mario Zamora Gastelum, entonces también senador. Bajo retorno electoral y “triunfador” nítido.
Como se ha expuesto incluso en versiones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la detención de Ismael Zambada en El Paso, Texas, hace casi cinco meses, al aterrizar en los Estados Unidos en compañía de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, constituye el detonador de la ola de violencia que se vive en Culiacán y otros municipios sinaloenses y de Durango. La confrontación al interior del Cartel de Sinaloa -obvio- es el fin de los “entendimientos” de muchos años entre los integrantes de la organización delictiva y con respecto a la sociedad en la cual actúan y el gobierno que localmente tiene facultades para actuar ante la incidencia criminal.
Se rompió el modus de convivencia de la cultura de la delincuencia organizada que registraba -quizás- tres décadas de haberse anidado. Concluye una fase de sujeción por miedo al grupo delincuencial que impone sus formas de actuar y hace que la sociedad lo “tolere”, e inicia la confrontación violenta de la división entre quienes han sido parte del cartel por su filiación con Zambada y quienes lo han sido por su filiación con Guzmán Loera. La narrativa y la imaginación -algún día se conocerán los hechos en su integridad- sobre el engaño y la traición que estarían detrás de la “captura y entrega” del propio Zambada y del hijo de Guzmán Loera son la explicación de la actual fase de la sociedad sinaloense como rehén de la delincuencia organizada.
En la superficie, antes de los sucesos del 25 de julio en Culiacán no había índices de violencia criminal que llamaran la atención de la República; era la pax narca, pero la sujeción al crimen estaba presente en el modo de vida. La confrontación entre las facciones del Cartel de Sinaloa estalló el 9 de septiembre y a lo largo de 100 días ha representado 571 asesinatos, 709 desapariciones y 1740 vehículos robados. Cambió lo que se había normalizado y transitaba como tolerable. Quienes impusieron los códigos de la fuerza por la vía del temor y la aceptación de una capitis diminutio, ahora buscan resolver con las balas y los explosivos el dominio al interior y la hegemonía sobre la inmensa red delincuencial tejida por muchos años y casi dos generaciones.
Cabe reconocer que el Gobierno Federal ha desplegado su acción para atender la emergencia. Es significativo y emblemático que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, asuma la responsabilidad de las acciones para detener la guerra entre las facciones del cartel sinaloense y generar condiciones de seguridad para los habitantes de Culiacán y Mazatlán.
Ha habido presencia de varios días de secretario, evidencia de la coordinación y dirección de las tareas de las fuerzas de seguridad -incluidas las de naturaleza militar-, percepción de la explotación exitosa de inteligencia, decomisos sin precedente de fentanilo y detenciones de miembros de cierta relevancia de la organización delictiva en pugna. Se percibe un cambio. Una fue la actitud del expresidente López al establecer que era ajeno a las detenciones de Zambada y de Guzmán López y reclamar el detonador de la guerra intestina a Washington; otra es la determinación de actuar contra quienes están al margen de la ley y han sustraído la tranquilidad y la paz social que tienen derecho a disfrutar las personas sinaloenses.
El secretario García Harfuch ha acreditado que es una persona inteligente, preparada y valiente. La responsabilidad es nacional, pero no desdeña asumirla dónde y con la intensidad local lo demanden. Ojalá la acción política viniera en su auxilio. ¡Cuánta credibilidad se ganaría si el gobernador Rocha deja el cargo! Es oportunidad de prescindir de quien palomeó la pax narca.