La gobernadora de Guerrero enfrentará un escenario de grandes desafíos en los próximos 12 meses debido a los recortes presupuestarios, la inseguridad, la falta de recursos para la reconstrucción tras los huracanes y la creciente competencia electoral. Los retos planteados formarán un panorama complejo para la entidad.

Durante 2024  el gobierno federal recortó más de  2 mil 100 millones de pesos del presupuesto originalmente calculado en  80 mil 951 millones de pesos, en consecuencia el gobierno estatal debió recurrir a medidas extraordinarias, particularmente para pagar salarios y prestaciones a sus trabajadores sobre todo durante el fin de año para enfrentarlos, se tuvo que recurrir a un crédito bancario de 3 mil 100 millones de pesos. El proyecto de Presupuesto para 2025, también prevé disminuciones presupuestales para los estados.

Guerrero es uno de los estados más afectados por la violencia relacionada con el crimen organizado, lo que obstaculiza el desarrollo económico y la estabilidad social. A pesar de los esfuerzos locales y federales para controlar la situación, los recortes presupuestarios pueden limitar los recursos disponibles para las fuerzas de seguridad y los programas de prevención del crimen, lo que afectaría directamente la capacidad del gobierno estatal para enfrentar la violencia de manera efectiva. En un contexto donde la población demanda resultados, la presión sobre Evelyn Salgado, gobernadora de la entidad aumentará.

La gestión de los servicios urbanos como el agua, la electricidad, el transporte público y la infraestructura básica es un reto continuo para las autoridades locales en Guerrero y en especial Acapulco, devastado por dos ciclones. La falta de presupuesto suficiente podría dificultar el mantenimiento de la infraestructura existente y la implementación de nuevas inversiones.

Además, los recortes federales significan que el gobierno estatal tendría que depender más de fondos propios, lo cual, debido a la situación económica de Guerrero, generaría mayores obstáculos. Si no se logran mejorar estos servicios, podría generar descontento social y poner en riesgo la popularidad del gobierno estatal.

Los huracanes Otis y John han tenido un impacto devastador en las zonas más afectadas del estado, destruyendo infraestructuras clave y afectando gravemente la economía local. La reconstrucción y recuperación requerirán grandes inversiones, pero los recortes presupuestarios federales complicarán la asignación de recursos para la reparación de infraestructura, apoyo a las empresas locales y la recuperación del sector agrícola, cruciales en la economía de Guerrero.

A medida que los recursos sean más escasos, la gobernadora se verá en la difícil posición de priorizar ciertos proyectos, lo que podría generar tensiones entre diferentes sectores de la sociedad.

La competencia por la sucesión gubernamental es un factor clave a considerar. En un contexto de inseguridad, crisis económica y recortes, las luchas internas dentro del partido o entre diversos actores políticos, incluido el partido gobernante, pueden fragmentar el apoyo a la gobernadora y generar tensiones.

Todas estas limitaciones pueden exacerbar las tensiones existentes, ya que los actores políticos locales podrían tratar de obtener control sobre los fondos públicos y proyectos clave, lo que podría generar inestabilidad política. Además, si la gobernadora no logra enfrentar adecuadamente los problemas de seguridad y economía, podría perder el apoyo de su base electoral, favoreciendo a otros candidatos en la carrera por la sucesión.

Los recortes en el presupuesto federal son quizás la complicación más directa y generalizada. Guerrero, siendo un estado que históricamente ha dependido de la transferencia de recursos federales, podría enfrentar serias dificultades para financiar programas y políticas clave. Esto podría llevar a la gobernadora a tomar decisiones difíciles en cuanto a qué áreas priorizar y qué medidas implementar para mitigar los efectos de la falta de recursos. Si no se encuentran alternativas de financiamiento (por ejemplo, a través de la reestructuración de la deuda o la contratación de nuevos préstamos), la gobernadora podría enfrentar una crisis de gobernabilidad.

La entidad es de las más pobres del país, lo que hace que la gestión del bienestar social sea un desafío constante. Los recortes federales afectarán programas sociales como las transferencias directas a las familias más vulnerables, lo que podría aumentar la presión sobre la gobernadora para mantener estos programas a pesar de los límites financieros, pero ello implicaría descuidar la infraestructura de servicios.

Si bien el partido Morena, al que pertenece la gobernadora, tiene el apoyo de amplios sectores de la población, los recortes presupuestarios y los problemas económicos podrían generar una polarización política creciente.

La oposición, en particular, podría aprovechar la crisis de seguridad y económica para aumentar sus críticas y movilizar a la sociedad en contra de la gestión actual, lo que podría debilitar la posición de la gobernadora en su último año de mandato.

El reacomodo de los cárteles de narcotráfico puede resultar en un aumento de la violencia y una mayor presencia de grupos criminales en diferentes regiones del estado. Si, como se ha observado en otras partes del país, los cárteles compiten por el control de rutas de narcotráfico, territorios para extorsionar, y mercados ilícitos, esto puede generar un clima de violencia aún más intenso en Guerrero.

Los enfrentamientos entre grupos rivales, así como las tácticas de intimidación contra autoridades locales y la sociedad civil, complicarán enormemente el trabajo de la gobernadora en garantizar la seguridad pública.

Algunos alcaldes emanados del partido de la gobernadora se encuentran bajo sospecha de tener vínculos con el narcotráfico, complicando las tareas de pacificación pues los capos hablan de pactos rotos justificando sus actos de violencia.

La gobernadora deberá diseñar estrategias que no solo enfrenten la violencia y el crimen organizado, sino que también logren una reconstrucción económica inclusiva y socialmente sostenible.