La implementación de la reforma judicial en México atraviesa uno de sus momentos más críticos, marcada por suspensiones judiciales, vacíos normativos, autopromoción de aspirantes y divisiones entre los poderes del Estado. El reciente anuncio del Comité de Evaluación del Poder Judicial sobre la suspensión del proceso de selección de personas juzgadoras, en cumplimiento de una medida cautelar dictada por el Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, ha intensificado la incertidumbre y el descontento en torno a un proceso ya polémico por su diseño y ejecución.
Esta decisión se fundamenta en los artículos 107 de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo, que obligan al Comité a detener sus actividades hasta que la suspensión sea revocada o modificada. Sin embargo, lejos de aportar claridad, la medida ha profundizado las críticas hacia un sistema percibido como caótico. Quienes apoyan la decisión del Comité la interpretan como una muestra de respeto al estado de derecho; en contraste, sus detractores lo acusan de ceder espacio a los poderes Ejecutivo y Legislativo, que han continuado avanzando unilateralmente en sus respectivos procesos, ignorando el mandato judicial.
Uno de los problemas más alarmantes de la reforma es la proliferación de vacíos jurídicos, los cuales han permitido que aspirantes a cargos judiciales aprovechen la confusión normativa para realizar actos anticipados de campaña. En un contexto donde las reglas son ambiguas y los controles institucionales parecen debilitados, algunos candidatos han iniciado giras, conferencias y publicaciones que, aunque no explícitamente prohibidas, comprometen la ética del proceso.
La falta de regulación en la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) ha abierto la puerta a estas prácticas, poniendo en duda la equidad del proceso y fortaleciendo la percepción de que la politización del Poder Judicial es inevitable.
Desde la publicación de las reformas a la LGIPE, se han identificado inconsistencias graves que afectan la transparencia y legitimidad del proceso electoral judicial. Entre estas deficiencias destacan la ausencia de criterios claros para seleccionar a los integrantes de los Comités de Evaluación, la falta de regulación sobre candidaturas duplicadas y la omisión de mecanismos que garanticen la paridad de género y la inclusión de grupos históricamente marginados. Este último punto es especialmente preocupante, pues perpetúa la exclusión de comunidades indígenas, personas LGBT+, afrodescendientes y personas con discapacidad, contradiciendo el ideal de una reforma inclusiva.
La decisión del Comité de acatar la suspensión judicial ha generado un intenso debate. Mientras algunos consideran que actuar de otro modo habría erosionado aún más la independencia del Poder Judicial, otros señalan que esta postura ha dejado al Comité en una posición vulnerable, permitiendo que los Comités de Evaluación del Ejecutivo y Legislativo avancen sin restricciones. Este escenario plantea un dilema ético y jurídico: ¿hasta qué punto el respeto a una orden judicial puede justificar la inacción frente a un proceso que amenaza la autonomía del sistema de justicia?
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha declarado que “no existen fundamentos legales para suspender el proceso electoral”. La falta de coordinación entre los órganos responsables de implementar la reforma no solo ha generado confusión, sino también debilitado la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para garantizar una transición ordenada hacia un nuevo modelo de justicia.
Desde el 7 de enero de 2025, cuando el Comité de Evaluación del Poder Judicial anunció la suspensión del proceso de elección de personas juzgadoras, la implementación de la reforma judicial enfrenta una encrucijada histórica. La resolución, derivada del incidente de suspensión 1074/2024 dictado el 20 de diciembre, cuestiona la viabilidad de las normas contenidas en las leyes secundarias.
Esta decisión, orientada a cumplir con el mandato judicial, ha desatado un debate nacional sobre los límites de la independencia judicial y el papel de los órganos jurisdiccionales en un contexto de reforma política.
El anuncio del Comité fue categórico: se detendrían todas las actividades relacionadas con el proceso electoral judicial hasta que la medida cautelar fuera revocada o modificada. Aunque esta postura podría interpretarse como un acto de respeto al estado de derecho, ha sido objeto de duras críticas. Para algunos, paraliza un proceso necesario para fortalecer la justicia en México; para otros, proyecta una imagen de debilidad institucional en un momento de tensión máxima entre los poderes.
La reforma judicial aprobada en 2024 planteó un cambio radical en la selección de juzgadores. Bajo el esquema anterior, los tres poderes de la Unión participaban en las nominaciones. Ahora, los Comités de Evaluación juegan un papel central, pero la suspensión judicial ha puesto en pausa esta transición, generando incertidumbre sobre el equilibrio de poderes.
La principal preocupación radica en que los Comités del Ejecutivo y Legislativo puedan ignorar la suspensión judicial y continuar unilateralmente. Este escenario amenaza la independencia judicial, esencial para garantizar la imparcialidad de los tribunales y la confianza ciudadana. Si los jueces y magistrados son elegidos bajo criterios políticos y no técnicos, se compromete la estabilidad democrática y los derechos de los ciudadanos.
Aunque el Comité argumenta que su decisión responde al estricto cumplimiento de una orden judicial, sus críticos cuestionan la falta de un recurso más vigoroso para revertir la suspensión. Interpretan esta actitud como una rendición ante un esquema de poder que busca debilitar al Poder Judicial desde dentro.
Así, la decisión del Comité de Evaluación del Poder Judicial, aunque jurídicamente fundamentada, también expone una paradoja: al acatar la suspensión judicial, el Comité puede haber cedido el control del proceso a otros poderes, debilitando la autonomía que busca defender. Este dilema refleja las tensiones inherentes a la reforma judicial: mientras que su objetivo declarado es fortalecer la independencia judicial, su diseño normativo ha generado conflictos que podrían tener el efecto contrario.
La falta de claridad y los vacíos jurídicos derivados de la reforma han abierto un espacio para que quienes aspiran a ocupar un cargo en el Poder Judicial aprovechen esta situación para autopromoverse. En un acto que raya en la ilegalidad, diversos candidatos potenciales han iniciado lo que pueden calificarse como campañas anticipadas: giras, conferencias y mensajes públicos cuyo objetivo principal es construir una imagen favorable de cara al proceso de selección. Este fenómeno, conocido como “actos anticipados de campaña,” no solo pone en duda la ética de los aspirantes, sino que también subraya la ausencia de reglas claras y mecanismos efectivos de control en el proceso.
Estas campañas adelantadas representan una muestra del desprecio al estado de derecho y a las instituciones. En lugar de esperar la definición del marco normativo y actuar con prudencia, algunos aspirantes han decidido actuar como si las reglas ya estuvieran hechas a su favor, exhibiendo un oportunismo que no augura nada bueno para el futuro de la justicia en México. Esto también alimenta la percepción de que el proceso de elección de personas juzgadoras está siendo politizado y contaminado por prácticas más propias de la arena electoral que del ámbito judicial.
El artículo 96 constitucional establece que, si alguno de los poderes no presenta sus postulaciones en los tiempos señalados, perderá esa facultad irremediablemente. Además, el Décimo Primero Transitorio de la reforma prohíbe interpretaciones extensivas o analógicas de sus disposiciones, lo que debería limitar las acciones de los otros poderes para suplir la falta de postulaciones del Comité Judicial. Sin embargo, este principio está en riesgo de ser ignorado en la práctica.
El Comité de Evaluación del Ejecutivo, respaldado por la resolución de la Sala Superior del TEPJF, continúa con el proceso de revisión de perfiles y ha programado entrevistas con los aspirantes. Este avance, que parece legítimo desde un punto de vista procesal, alimenta las sospechas de una captura política del proceso de selección. Si el Ejecutivo y Legislativo imponen unilateralmente a los nuevos jueces, se estaría desmantelando el principio de equilibrio entre poderes y allanando el camino para una justicia controlada por intereses políticos.
El proceso electoral extraordinario para elegir a las personas juzgadoras en 2025 sigue avanzando a tumbos. El 1 de junio de 2025 se mantiene firme como fecha para la jornada electoral extraordinaria, a pesar de las múltiples solicitudes de prórroga y los recortes presupuestales que hacen inviable una elección justa y transparente. Mientras tanto, las campañas anticipadas de algunos aspirantes continúan, alimentando un clima de desconfianza y polarización.
A nivel normativo, el Congreso de la Unión aún tiene pendientes reformas clave para corregir las inconsistencias en las leyes secundarias y garantizar que el proceso de selección cumpla con los principios de transparencia, inclusión y equidad. Sin estas correcciones, el riesgo de que el proceso sea capturado por intereses políticos es altísimo, lo que comprometería no solo la independencia del Poder Judicial, sino también la legitimidad de la reforma como un todo.
El escenario actual es de máxima incertidumbre. En este momento crucial, es fundamental recordar que el Poder Judicial no solo está en juego como institución, sino como garante de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. México no puede permitirse un sistema de justicia capturado por intereses políticos. La reforma judicial debe corregir sus propios errores, no profundizarlos, y el respeto al estado de derecho debe prevalecer sobre cualquier interés particular.
La reforma judicial en México, publicitada como una oportunidad para democratizar y modernizar el sistema de justicia, enfrenta el riesgo de convertirse en un ejercicio fallido de ingeniería institucional. La falta de reglas claras, la politización de los procesos y la incapacidad de los distintos poderes para coordinarse han socavado la confianza ciudadana en el sistema de justicia. En este contexto, es urgente que los actores involucrados prioricen el diálogo, la transparencia y el respeto al estado de derecho. Solo así será posible rescatar un proceso que, en sus términos actuales, amenaza con perpetuar las mismas desigualdades e ineficiencias que prometía erradicar. La justicia en suspenso no puede ser la nueva normalidad.