Hace exactamente un año, sucedió algo nunca antes visto, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador no acudió a la ceremonia para conmemorar la promulgación de la Constitución en Querétaro, y en su lugar organizo un acto de culto personal en su palacio, desde donde presentó su último paquete de iniciativas de reformas constitucionales y legales, entre las que se encontraba desde luego la polémica reforma judicial.

Me remito a lo ocurrido hace un año, por encontrarnos de nueva cuenta frente a algo nunca antes visto, y tal vez ni siquiera imaginado por quienes todavía creemos en los valores republicanos y en la división de poderes, me refiero a la decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum de no convocar a la conmemoración del 108 aniversario de la Constitución Mexicana a la representante del Poder Judicial, a su decisión de excluir del referido acto republicano nada más y nada menos que a uno de los tres poderes de la Unión.

Así, la conmemoración del 108 aniversario de nuestro texto constitucional ha quedado marcada por un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país: la exclusión deliberada del Poder Judicial. La ausencia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Norma Piña, no fue un simple descuido ni una omisión burocrática; fue una afrenta directa al orden republicano, a la división de poderes y a los principios democráticos que nuestra Carta Magna consagra. Este hecho confirma lo que desde hace meses se ha vuelto cada vez más evidente: el gobierno no quiere contrapesos, no tolera la autonomía y pretende un Poder Judicial sometido, acrítico y funcional a sus intereses.

Este acto deliberado, más que un desaire institucional, representa una advertencia clara sobre la deriva autoritaria del régimen actual. Al convertir una ceremonia que debería ser republicana en un acto partidista, el oficialismo ha dejado en evidencia su intención de invisibilizar al Poder Judicial, despreciar su independencia y consolidar la sumisión total del Estado a la voluntad del presidente y su partido. La exclusión de la SCJN de la ceremonia es un mensaje claro y no solo simbólico, que busca debilitar su papel institucional y consolidar una narrativa en la que la independencia judicial es vista como un obstáculo, cuando en realidad es una salvaguarda de la democracia.

Vaya, ni siquiera el ex presidente López Obrador, con su reconocida animadversión hacia la Suprema Corte, se atrevió a tanto. A lo largo de su mandato, descalificó a los ministros, desacreditó sus resoluciones y promovió reformas para desmantelar el sistema de justicia. Sin embargo, nunca eliminó de la conmemoración del aniversario constitucional la presencia del Poder Judicial, antes faltó él. Lo que presenciamos este año parece más un paso hacia la subordinación institucional: una reforma judicial que busca despojar al Poder Judicial de su autonomía, pero que, incluso antes de aprobarse, ya demuestra su verdadero objetivo con gestos de exclusión y censura.

Lo que debemos tener claro es que el aniversario de la Constitución no es un evento propiedad de Morena ni del oficialismo. Es el acto republicano por excelencia, el momento en que los tres Poderes de la Unión deben reunirse para reafirmar el pacto democrático que nos rige. La Constitución no pertenece a un partido ni a un gobierno en turno; es la base del Estado mexicano y el símbolo de la vigencia de nuestros derechos y libertades.

Sin embargo, al parecer el gobierno de Sheinbaum ha decidido apropiarse de la conmemoración y convertirla en una puesta en escena donde solo están presentes el Ejecutivo y el Legislativo, dos poderes que, en los hechos, han operado como uno solo. La mayoría legislativa oficialista ha demostrado ser un simple apéndice de los designios de la Presidenta, aprobando sus reformas sin deliberación, acatando sus órdenes sin resistencia y aplaudiendo sus excesos sin cuestionamientos.

La exclusión del Poder Judicial tiene una carga simbólica contundente: es el aviso de que el gobierno ya no reconoce como legítima a la única institución que no ha cedido ante sus presiones. La SCJN, bajo la presidencia de Norma Piña, ha representado el último bastión de resistencia contra los atropellos constitucionales del oficialismo. Ha otorgado suspensiones para frenar reformas inconstitucionales, ha invalidado leyes que violaban derechos fundamentales y ha mantenido su independencia frente a los ataques del poder.

Hay quienes sostienen que la decisión de la presidenta Sheinbaum de no invitar a la presidenta de la SCJN a la conmemoración del aniversario de la Constitución estuvo justificada debido a la postura de resistencia que el Poder Judicial ha asumido frente a la reforma judicial. Argumentan que, al bloquear su implementación mediante suspensiones en juicios de amparo promovidos por jueces y magistrados, la SCJN ha actuado más como un actor político que como un garante imparcial de la Constitución, lo que socava su legitimidad. Según esta visión, convocar a la Corte a la ceremonia habría sido contradictorio, pues su actuación reciente ha sido percibida como una obstrucción al mandato democrático de transformar la estructura judicial.

Sin embargo, la justificación de excluir a la SCJN de la conmemoración de la promulgación de la Constitución parte de una premisa equivocada: asumir que deben renunciar a su función de Guardianes de la Constitución. En una democracia constitucional, el Poder Judicial no es un adversario político ni un obstáculo al cambio, sino un contrapeso esencial que revisa la legalidad de todos y cada uno de los actos de autoridad, incluidas las reformas legales, especialmente cuando afectan derechos fundamentales y la separación de poderes. Presentar sus resoluciones como actos de resistencia política tergiversa su labor y busca deslegitimar la actuación del Poder judicial de cara a la opinión pública, cuando en realidad su actuación responde a los mecanismos de control constitucional previstos en la propia Constitución. Lo anterior, es un peligroso mensaje para la democracia.

El desprecio por la división de poderes, es una señal grave de deterioro democrático. Los regímenes autoritarios no se imponen de un día para otro; avanzan gradualmente, debilitando las instituciones, desmantelando los contrapesos y normalizando la concentración del poder.

Hoy, la exclusión del Poder Judicial de una ceremonia republicana podría parecer un simple gesto político, pero en realidad es una advertencia de lo que viene: un gobierno sin límites, un Ejecutivo sin frenos y una Constitución interpretada a conveniencia del partido en el poder.

La reforma judicial (cuya implementación avanza a tropezones) es la confirmación de este plan. No se trata de mejorar la justicia ni de hacerla más accesible para la ciudadanía. Se trata de desmantelar el sistema actual para construir un Poder Judicial a modo, en el que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, no para fortalecer la democracia, sino para garantizar que solo lleguen al cargo quienes sean leales al oficialismo.

El desplazamiento del Poder Judicial de la conmemoración constitucional es un anticipo de su desaparición como poder autónomo. Es la antesala de un México donde la justicia ya no sea impartida con base en la ley, sino conforme a los intereses políticos de quienes detenten el poder.

Lo que hemos visto en los últimos años una y otra vez ha sido el desprecio por la Constitución. En el último año se ha violado sistemáticamente por el oficialismo, se han ignorado las sentencias judiciales que no le favorecen y se han promovido reformas que atentan contra sus principios fundamentales. Ahora, con la exclusión de la SCJN la fiesta de la Constitución, el mensaje es claro: ya no se trata solo de incumplir la Constitución, sino de borrar a quienes han tenido el valor de hacerla valer.

En una República auténtica, la Constitución es el pacto supremo que garantiza la convivencia democrática. Su aniversario no debería ser una oportunidad para celebrar al gobierno en turno, sino un espacio para reafirmar el compromiso con sus principios.

La ceremonia de este año pasará a la historia no como una celebración de la Constitución, sino como un intento por convertirla en un documento irrelevante, manipulable y prescindible.

Es responsabilidad de todas y todos los ciudadanos, de la abogacía, de la academia y de la sociedad civil alzar la voz frente a este atropello. La independencia judicial no es un privilegio de las personas juzgadoras, sino una garantía para todas y todos quienes habitamos este gran país que es México. Al gobierno parece no bastarle con imponer su reforma judicial, quiere silenciar a todo aquel que opine diferente, lo que nos lleva directo y sin escalas a convertirnos en un país donde los derechos y libertades sean definidos por la voluntad del poder y no reconocidos y garantizados por la Constitución y por las leyes que de ella emanen.

Hoy se conmemora la Constitución sin uno de los tres Poderes de la Unión. Si no reaccionamos, mañana podríamos estar conmemorando su desaparición.