Modelo de comunicación esclavista
Por Javier Esteinou Madrid
(Tercera de seis partes)
Ante la aprobación ridícula del derecho de réplica en el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión del 10 de octubre del 2002 por el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, es inconcebible que la sociedad mexicana hubiera tenido que esperar 91 años de funcionamiento vertical, autoritario, hermético y discrecional del modelo de comunicación radiofónico y 61 años de operación del prototipo de la televisión durante el siglo XX en México, para apenas obtener a principios del siglo XXI la caricatura vergonzosa de este seudo derecho que rigurosamente no le ofrece ninguna protección eficiente al ciudadano para amparar su honra e integridad psico-moral. Así, al comenzar el nuevo milenio la sociedad mexicana sigue en una situación de indefensión ante el funcionamiento unilateral, vertical y autoritario de los medios electrónicos de difusión colectivos.
Es más, podemos afirmar que con la aprobación de esta iniciativa jurídica el único privilegio que ganó la sociedad mexicana a principios del siglo XXI es el derecho de ser difamada, agredida, manipulada, calumniada, dañada o desprestigiada desde los medios de información colectivos, pero ahora con referencias citadas: Es la legitimación por el Estado mexicano de la práctica de la cultura de la desacreditación o violencia documentada.
En síntesis, a estas alturas de la historia de la comunicación nacional, el único derecho de respuesta o participación que posee la sociedad mexicana desde el origen de los medios electrónicos en el país hace varias décadas es el derecho de cambiar de canal o frecuencia, o de apagar o encender la pantalla; pues de manera real, ningún otro derecho ha sido otorgado por la estructura jurídica del poder político mediático nacional.
Las únicas excepciones de respuesta de la ciudadanía que existen en los medios de información colectiva se dan cuando alguno de estos sectores, por alguna circunstancia excepcional, se convierten en noticia y entonces sus opiniones son difundidas por los medios como las mercancías informativas del momento y desaparecen de las pantallas o diales cuando dejan de ser novedosas, sin contar con ningún derecho civil de aclaración para participar permanentemente en éstos cuando ellos lo requieran. En otras palabras, la sociedad civil o los grupos sociales sólo pueden responder dentro de la programación de los medios cuando se transforman en mercancías informativas y sirven como apoyo para elevar el rating o el éxito de las empresas, pero no son considerados permanentemente como sujetos o entidades que cuenten con garantías legales para generar opinión constante en el espacio público mediático colectivo donde se construye la nueva conciencia moderna de la sociedad mexicana contemporánea.
Por consiguiente, dentro del actual sistema electrónico de comunicación nacional, es la lógica de oportunidad económica caprichosa del rating la que decide quién, cuándo y en qué grado participa la sociedad civil dentro de la programación de los medios y en qué momentos se cancela esta apertura; y no el grado del derecho maduro que cimienta al Estado moderno mexicano del nuevo milenio para reconocer las garantías comunicativas mínimas que le corresponden a cualquier habitante contemporáneo: El derecho para poder responder en el espacio público mediático y no a subordinarse a los autoritarismos de la estructura del poder.
Con dicho proceder del Poder Ejecutivo en materia de réplica comunicativa se produjeron, entre otras, las siguientes cuatro consecuencias político sociales para la sociedad mexicana:
1. Se regresó a la práctica del viejo esquema viciado existente entre el gobierno y los concesionarios de los canales de difusión colectivos para resolver unilateralmente entre ambos la agenda de los problemas de la comunicación nacional, y se desconocieron los pactos trilaterales acordados entre el Poder Ejecutivo, la sociedad y los medios, que el gobierno del presidente Vicente Fox, junto con otros actores sociales, se comprometieron a impulsar y a respetar desde principios de su gestión.
2.Se reglamentó de forma obscura, autoritaria y mañosa una parte medular de la libertad de expresión y del derecho a la información que son garantías ciudadanas elementales para construir una sociedad moderna, avanzada y civilizada del México del siglo XXI. Así, contrariamente a lo señalado por el presidente Vicente Fox Quezada que destacó que en el ámbito colectivo “la política no se tranza”, en materia de comunicación se demostró que los acuerdos sí se tranzan. No se dio la transición de terciopelo a la democracia, sino la tranzación de lodo al bipartidismo comunicativo.
3.Se desconoció todo el trabajo y los acuerdos políticos que por consenso ya se habían alcanzado civilizadamente en materia de Derecho de Réplica en la negociación entre todos los sectores participantes en la Mesa de Diálogo para la Reforma Integral de los Medios Electrónicos, especialmente los acordados entre los partidos políticos, la sociedad civil y la academia. Con la aplicación de este seudo derecho los sectores monopólicos y conservadores de la política nacional intentaron desmontar mañosamente la presión histórico jurídica ejercida cíclicamente sobre el Congreso de la Unión para cumplir con los compromisos internacionales contraídos oficialmente por el gobierno mexicano a través de la firma de los tratados, convenios y acuerdos firmados en materia de comunicación colectiva.
4.Finalmente, con todo ello se demostró históricamente que, en materia de reforma del modelo de comunicación dominante que reina en México, no existe voluntad política de cambio democrático en la cúpula del poder nacional, pues se regresó al antiguo esquema de comunicación excluyente, en el que la sociedad civil organizada no está representada, ni considerada, para crear otro modelo de comunicación colectivo moderno en el país.
Mediante esta evidencia histórica, podemos afirmar que con la aprobación del nuevo Reglamento de Radio y Televisión del 10 de octubre del 2002 por el gobierno federal, una vez más, se comprobó, en el terreno comunicativo, la existencia de un Estado mexicano muy débil, extraviado y traidor, que ha perdido su posición de entidad rectora nacional pues no defiende las necesidades e intereses comunicativos fundamentales de los ciudadanos; sino que aboga y se subordina a los requerimientos del proyecto de los grandes monopolios informativos en la fase de la modernización neoliberal del país. Así, para el modelo de comunicación mercantil que domina en la república, el nuevo espacio público mediático de nuestra república desde hace más de nueve décadas, los derechos comunicativos de los ciudadanos no importan nada. La ciudadanía sólo interesa a las industrias culturales en la medida en que ésta es o puede llegar a ser consumidor real o potencial de su programación basura, o pueden convertirse en personajes coyunturales para elevar momentáneamente el rating de sus barras informativas.
Por ello, no obstante que el Estado mexicano sostiene constantemente que ya hemos llegado a la etapa del desarrollo de la modernidad y la posmodernidad, especialmente política; en realidad cotidiana, en materia de derechos comunicativos, estamos ante un modelo de comunicación esclavista donde sólo el amo tiene derecho a hablar verticalmente y los esclavos se callan, sin contar siquiera con el derecho de respuesta. Frente a ello, el Estado mexicano debe reflexionar que si no permite que se creen los cauces para que la sociedad responda, hable y participe vía los medios de información en el espacio público mediático, para exponer sus necesidades; no debe sorprenderle que las comunidades tomen, pacífica o violentamente, las calles, avenidas, periféricos, instituciones, etc., o realicen actividades clandestinas, enfrentamientos directos, desobediencia civil, levantamientos radicales, insubordinación ciudadana, etc. como instrumentos para poder expresarse ante el sistema de poder establecido.
De aquí, la necesidad urgente de construir nuevas bases conceptuales, políticas y jurídicas para alcanzar el reconocimiento y ejercicio de los derechos comunicativos elementales de la ciudadanía en la transición pacífica a la democracia a principios del siglo XXI en México.
jesteinou@gmail.com