El 30 de marzo inician las campañas de un proceso inédito en la historia democrática del país: 881 cargos judiciales se someterán al voto ciudadano el 1º de junio. La ciudadanía está llamada a participar, evaluar y elegir con responsabilidad para evitar que el Poder Judicial se convierta en un botín político o en un espacio de improvisación. México vivirá una de las campañas más atípicas, complejas y decisivas de su historia: por primera vez, los altos cargos del Poder Judicial Federal serán elegidos por voto popular.
Ministros y ministras de la Suprema Corte, magistrados y magistradas de circuito, y jueces y juezas de distrito competirán en una contienda electoral sin precedentes. Se trata de 60 días de campaña, sin financiamiento público y bajo reglas particulares.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido que, del 30 de marzo al 28 de mayo, las personas incluidas en las listas definitivas podrán promover su candidatura. A diferencia de las elecciones ordinarias, en este proceso cada aspirante deberá autofinanciar su campaña y reportar sus gastos al INE. Esta condición coloca en ventaja a quienes cuentan con redes políticas, recursos personales o apoyos institucionales, mientras que para el resto competir en igualdad de condiciones será un desafío casi imposible. Además, aunque el INE ha fijado topes de gasto según el cargo, su fiscalización será compleja sin estructuras partidistas que regulen la contienda.
Durante este periodo, las y los candidatos podrán participar en foros públicos, debates, entrevistas y actividades en medios digitales. Las redes sociales jugarán un papel clave en la difusión de sus perfiles y propuestas. Sin embargo, se prohíbe la propaganda tradicional: espectaculares, anuncios en radio y televisión, pendones, bardas o el uso de recursos públicos.
Cualquier violación a estas disposiciones puede derivar en la cancelación del registro, como lo ha advertido la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto. En este marco, las campañas tendrán que ser creativas, cercanas y auténticas. Sin reflectores ni grandes despliegues publicitarios, la oportunidad radica en regresar al fondo: la trayectoria, la formación y el compromiso de quienes buscan juzgar con responsabilidad.
Como abogada postulante, profesora y crítica de la forma en que se impuso esta reforma judicial, no puedo dejar de expresar mi preocupación. Convertir la designación de juzgadores en una elección de campaña implica enormes riesgos. Sin embargo, el proceso ya está en marcha y hoy, más que nunca, tenemos la obligación de informar, analizar y, sobre todo, participar.
En los listados definitivos que se someterán a votación hay perfiles con experiencia en la carrera judicial, la academia y la defensa de derechos humanos. Pero también hay personas sin formación jurídica sólida, exfuncionarios con historial político dudoso y perfiles cercanos al oficialismo. A esto se suma un problema adicional: algunas candidaturas han realizado actos anticipados de campaña desde hace meses, disfrazando su proselitismo como actividades académicas o de divulgación. Quienes respetaron los tiempos legales inician su campaña en franca desventaja frente a quienes han promovido su imagen desde antes.
En este escenario, la ciudadanía tiene un papel fundamental. No se trata de validar o rechazar la reforma —esa discusión ya quedó atrás—, sino de asumir que es una realidad y que la única forma de incidir en su impacto es votando de manera informada. Es necesario analizar a las personas candidatas, comparar trayectorias y hacer preguntas clave: ¿qué ha hecho en materia de justicia constitucional, derechos humanos o debido proceso?, ¿cuál ha sido su desempeño en el ámbito profesional?, ¿si proviene del Poder Judicial, qué asuntos ha resuelto y con qué criterios?, ¿tiene conflictos de interés?, ¿de qué ha vivido en los últimos años? No podemos (ni debemos) permitir que el Poder Judicial se llene de improvisados o de operadores políticos. Debemos garantizar que quienes lleguen sean personas con preparación, vocación y compromiso con la Constitución, no con los gobiernos en turno. El 1º de junio estaremos eligiendo la conformación de un nuevo Poder Judicial y es nuestra responsabilidad ciudadana involucrarnos.
Con este propósito, en las últimas semanas organicé encuentros académicos con mis alumnas y alumnos, invitando a personas candidatas a los distintos cargos de juzgadoras y juzgadores. La intención fue que, de primera mano, pudieran preguntarles sus razones para postularse, ante qué comités de evaluación decidieron presentarse, cuál fue su experiencia en ese proceso y qué aportarían a la impartición de justicia en caso de ser electos.
El ejercicio fue sumamente ilustrativo. Las motivaciones, aunque diversas, coincidieron en una idea central: el compromiso de abogadas y abogados con México, con las causas más justas y con la urgencia de mejorar el acceso a la justicia para todas las personas, sin importar su origen o condición social. Algunos ven este proceso como una oportunidad para fortalecer el sistema judicial desde adentro; otros consideran que era un deber postularse para evitar que los espacios sean ocupados por perfiles inadecuados.
Estas conversaciones dejaron en claro que hay personas con trayectorias destacadas en la judicatura, la academia y la defensa de los derechos humanos que han decidido participar, conscientes de los riesgos que implica este proceso. Su presencia en la contienda abre la posibilidad de que, pese a las deficiencias del diseño de la reforma, lleguen a los cargos personas con visión de justicia, solidez técnica y un profundo respeto por el Estado de derecho.
En los encuentros académicos que organicé, las candidatas y candidatos compartieron reflexiones sobre los retos que implica postularse en una elección popular para ser parte del poder judicial. Coincidieron en que, pese a la incertidumbre que rodea la reforma, es imprescindible que las personas con preparación y compromiso con la justicia se involucren para evitar que los espacios sean ocupados por perfiles sin formación técnica o con una visión subordinada al poder político.
Otro punto clave en la discusión fue la necesidad de acercar la justicia a la sociedad y reconstruir la confianza en su independencia. Muchas personas aspirantes señalaron que su motivación para participar radica en la convicción de que México necesita personas juzgadoras comprometidas con la Constitución y los derechos humanos, capaces de resistir presiones externas y de impartir justicia de manera imparcial. Consideran que esta elección, con todos sus defectos, puede ser una oportunidad para que la ciudadanía entienda la importancia del Poder Judicial y elija con base en el mérito y la trayectoria, no en la popularidad ni en afinidades políticas.
También se abordó la experiencia en los comités de evaluación, donde algunos aspirantes encontraron procesos rigurosos y técnicos, mientras que otros expresaron dudas sobre la objetividad de ciertos criterios y el riesgo de que algunas decisiones hayan estado influenciadas por factores ajenos al mérito. Sin embargo, todas y todos coincidieron en que el verdadero reto comienza ahora: en los próximos 60 días tendrán que comunicar a la sociedad quiénes son, qué representan y por qué su perfil es el adecuado para impartir justicia.
Para algunas personas, esta reforma representa la posibilidad de construir un Poder Judicial más humano y cercano a la realidad social. El sistema de justicia en México ha sido históricamente distante, ajeno a los problemas cotidianos, frío en su aplicación. Algunos aspirantes han manifestado su intención de cambiar esa percepción y hacer de la judicatura un espacio donde las personas sean el centro y no solo los expedientes.
Es innegable que, como gremio, hemos fallado en transmitir a la sociedad la importancia del sistema de justicia y sus distintas funciones. Esta elección, aunque impuesta por razones políticas, nos obliga a repensar nuestro papel en la sociedad y a asumir la responsabilidad de acercar la justicia a la ciudadanía.
Algunas de las personas candidatas tienen una trayectoria que merece ser conocida y reconocida. Han litigado en defensa de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad, impulsado casos de discriminación y promovido el litigio estratégico en materia de derechos humanos. Estas son las historias que deberían importar en esta elección. No se trata de elegir a quienes son cercanos al poder, sino a quienes han demostrado, con su trabajo, que creen en la justicia y han luchado por ella.
No podemos ignorar el contexto en el que esta elección se lleva a cabo. La confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo ha marcado la agenda de los últimos años, y el peor error de la judicatura ha sido permitir que la función jurisdiccional se politice. La justicia no puede responder a agendas coyunturales ni convertirse en un arma de poder. El reto ahora es reconstruir su credibilidad, con un enfoque que realmente beneficie a la sociedad.
Uno de los cambios más disruptivos de esta reforma es que, por primera vez, la ciudadanía podrá conocer a sus jueces y magistrados antes de elegirlos. Esto implica una transformación profunda en la relación entre la sociedad y la justicia, pero también plantea enormes desafíos. Obliga a las y los abogados a hacer política de calle, a salir de los tribunales y hablar en lenguaje ciudadano. La justicia ya no puede ser un concepto abstracto; debe traducirse en acceso real, en derechos garantizados, en decisiones comprensibles y cercanas. Este cambio de paradigma fue forzado, sí, pero puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la justicia si la ciudadanía ejerce su derecho al voto con información.
Algunas de las propuestas que surgieron en los encuentros académicos apuntan a cambios estructurales en el sistema judicial, como la necesidad de resolver los asuntos de forma terminal y evitar litigios interminables, flexibilizar los criterios de excepción para impartir justicia con perspectiva de derechos humanos y garantizar audiencias presenciales con alegatos de oídas en igualdad de condiciones para las partes. Estas son discusiones que deben estar presentes en el debate público.
Más allá de sus diferencias individuales, estas conversaciones dejaron una certeza: hay personas en esta contienda con un profundo sentido de responsabilidad, con preparación y con una visión clara sobre lo que significa juzgar en una democracia. El desafío será que la ciudadanía logre distinguirlas de quienes ven en esta elección una oportunidad de acceso al poder sin la preparación necesaria. La pedagogía ciudadana será clave para que el voto del 1 de junio no sea un salto al vacío, sino un acto consciente en defensa de la justicia.
Hago un llamado urgente a la comunidad jurídica, a la academia, a las organizaciones civiles y a los medios: acompañemos este proceso con pedagogía democrática. Expliquemos qué hace una jueza de distrito, por qué importa un tribunal colegiado, qué implica la independencia de una ministra de la Suprema Corte.
El voto es nuestra única defensa. El 1º de junio, la ciudadanía tiene en sus manos una decisión trascendental. Si no votamos, otros decidirán por nosotros. Si no analizamos los perfiles, si no nos informamos, corremos el riesgo de que el Poder Judicial termine en manos de improvisados, de operadores políticos, de personas sin preparación.
Esta elección no es un trámite. Es un punto de inflexión para la justicia en México. Podemos elegir con responsabilidad o permitir que los espacios sean ocupados por quienes buscan el poder sin compromiso con la justicia. Y entonces sí, será demasiado tarde para lamentarse.