Cada año, Guerrero se enfrenta a una compleja realidad climática. Los fenómenos meteorológicos extremos no son una posibilidad remota, sino una certeza que requiere atención urgente y medidas preventivas integrales.
Durante la instalación de la sesión permanente del Consejo Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se alertó que para este 2025 se espera una temporada de lluvias particularmente activa, con sistemas hidrometeorológicos más violentos y numerosos. El aumento de la temperatura del mar ya ha superado los umbrales históricos necesarios para la formación y rápida intensificación de ciclones tropicales, como se evidenció en octubre de 2023 con el huracán Otis, que alcanzó la categoría 5 en tiempo récord.
Fermín Damián Adame, meteorólogo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, explicó que 2025 se sitúa en un pico de actividad solar, lo que se traduce en una mayor energía disponible para alimentar ciclones de gran intensidad. Aunque el año comenzó con temperaturas ligeramente inferiores a las de 2023, ya se están registrando valores superiores a 28°C en la superficie del mar, similares a los que precedieron la formación de Otis.
Además, la temperatura del mar no solo es elevada en la superficie, sino también en profundidades de entre 15 y 30 metros, lo que aumenta las probabilidades de formación de ciclones frente a las costas de Guerrero. A esto se suma la posible influencia del fenómeno de La Niña, que históricamente incrementa la actividad ciclónica en el Atlántico.
El sistema de alta presión proveniente de las islas Azores podría desviar ciclones desde el Atlántico hacia Centroamérica, permitiendo que se reactiven al llegar al Pacífico, con potencial impacto en Guerrero.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se anticipa una temporada por encima del promedio, con entre 16 y 19 ciclones en el Pacífico y de 21 a 24 en el Atlántico.
Ante este panorama, el secretario de Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, informó sobre la instalación de 582 refugios temporales distribuidos en 85 municipios, con capacidad para albergar a más de 120 mil personas. También se han establecido más de 70 consejos municipales de protección civil y se dispone de un helicóptero para perifoneo en comunidades de alto riesgo sin acceso a medios de comunicación.
Se han concluido los trabajos técnicos para la actualización del Atlas de Riesgo Estatal, incluyendo mapas especializados sobre zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, especialmente en áreas críticas como la avenida Escénica de Acapulco. Paralelamente, se implementa una estrategia de comunicación preventiva para la población, así como campañas educativas en coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero, para que los estudiantes compartan la información con sus familias.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar activamente con las autoridades y atender las recomendaciones de protección civil, señalando que la prevención puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Subrayó que el objetivo no es alarmar, sino actuar con seriedad y responsabilidad.
Entre 2020 y 2025, los eventos meteorológicos extremos han tenido un impacto económico significativo en Guerrero. En 2020, las pérdidas por desastres naturales ascendieron a 31 millones 862 mil pesos, equivalentes al 0.14 por ciento del PIB estatal. Los huracanes Otis y John causaron daños devastadores, particularmente en Acapulco, afectando infraestructura clave, viviendas, comercios y servicios básicos. A pesar de la necesidad urgente de reconstrucción, los recortes presupuestarios federales han dificultado la asignación de recursos suficientes.
Guerrero, y especialmente Acapulco, presenta una alta vulnerabilidad estructural ante fenómenos hidrometeorológicos. La topografía costera, el crecimiento urbano no planificado y la ocupación de zonas de riesgo como laderas y áreas bajas, incrementan la exposición a inundaciones, deslizamientos y erosión costera.
La pobreza, la limitada infraestructura, el acceso desigual a los servicios y la escasa participación comunitaria en la gestión del riesgo agravan los efectos de los desastres. El cambio climático, con el aumento de temperaturas globales y la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos, refuerza esta vulnerabilidad.
La pérdida de ecosistemas naturales como manglares y dunas costeras —que actúan como barreras protectoras— reduce la resiliencia del territorio ante tormentas y huracanes.
La invasión con casas habitación de diferentes zonas en las cuales existían cuerpos de agua como afluentes, canales pluvias y lagunas, es un problema cuya solución solo ha sido teórica. No obstante ser factores que derivan en tragedias humanas, existen más de cinco mil viviendas en las unidades habitacionales de Llano Largo, como la Marquesa, Casas Homex, Real del Palmar y Rinconada, muchas de las cuales han sido invadidas por familias a las adquirentes originales.
En el programa integral de reconstrucción de Acapulco se habla de reubicación pero se trata de una acción muy compleja pues las ubicadas sobre donde hubo cuerpos de agua, requieren ser demolidas de lo contrario siempre resultaran afectadas por inundaciones severas.
La planificación urbana debe integrar criterios de resiliencia climática, evitando construcciones en zonas de alto riesgo y promoviendo infraestructura resistente. Es esencial fortalecer los sistemas de alerta temprana, mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades y capacitar a la población en acciones preventivas.
La participación activa de la ciudadanía en la gestión del riesgo es clave para reducir la vulnerabilidad. La investigación y la divulgación de conocimientos sobre los factores que generan riesgo deben formar parte de las políticas públicas. Asimismo, es fundamental fortalecer las instituciones encargadas de la protección civil y fomentar la coordinación interinstitucional para una respuesta efectiva ante desastres.