La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) ha intensificado su movilización dentro del paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con una estrategia marcada por la confrontación, el vandalismo y la presión violenta. Bajo el argumento de exigir a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, el cumplimiento de su promesa de eliminar la Ley del ISSSTE, los cetegistas han optado por una ruta que poco tiene de protesta legítima y mucho de intransigencia y desorden social.
La CNTE reunió a diversas organizaciones sindicales que respaldaron su lucha y firmaron una declaratoria conjunta coincidiendo en lo “estructuralmente injusto” del decreto presidencial al no resolver de fondo el problema laboral del magisterio.
Según su posicionamiento, esta concentración de recursos está respaldada por compromisos internacionales incluidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que limita las opciones de reforma estructural y compromete el futuro de los trabajadores.
Desde el 15 de mayo, integrantes de la CETEG han ocupado de forma ilegal las casetas de cobro en la Autopista del Sol, en los tramos de Acapulco y Chilpancingo, cobrando a los automovilistas una supuesta “cooperación voluntaria” de 50 pesos, lo que en la práctica constituye una extorsión disfrazada de protesta. La violencia ha escalado desde entonces, alcanzando niveles alarmantes con la irrupción en edificios públicos y actos de destrucción deliberada de propiedad gubernamental y privada.
El 20 de mayo, Walter Emanuel Añorve Rodríguez, líder de la CETEG en Acapulco, anunció que al menos 200 planteles educativos se sumarían al paro, afectando directamente a más de 5 mil estudiantes. La Secretaría de Educación del estado reportó que hasta ahora mil 375 escuelas, es decir el 13.27% de todas las instituciones en Guerrero, han cesado sus actividades, lo que refleja una movilización menos efectiva que en años anteriores, pero no por ello menos dañina.
No obstante, el carácter vandálico de la protesta no es nuevo. Desde el 27 de marzo, la CETEG mostró su verdadero rostro al atacar la sede de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a la que acusan de “traición sindical”. Durante ese ataque, los manifestantes encapuchados pintarrajearon la fachada con insultos, rompieron puertas, ventanas y destruyeron equipo de oficina, en una clara muestra de desprecio por la institucionalidad.
El patrón se ha repetido con una cadena de acciones violentas: tomas de casetas, bloqueos carreteros, saqueos, irrupciones y destrozos en instalaciones públicas. El 26 de mayo, tomaron por la fuerza las oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y luego las del Instituto Nacional Electoral (INE), desalojando trabajadores y vandalizando instalaciones. Ese mismo día, un ciudadano confrontó a los manifestantes con una cartulina en mano en la que los acusaba de farsantes y les exigía volver a sus aulas.
La radicalización alcanzó nuevos extremos el 28 de mayo, cuando grupos de la CETEG destruyeron las oficinas del titular de la Secretaría de Educación de Guerrero, Ricardo Castillo Peña. También tomaron por la fuerza sucursales bancarias y supermercados tanto en Chilpancingo como en Ometepec, exigiendo la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Pese a que estos actos no han sido protagonizados por más de 300 personas en cada caso, el nivel de daño ha sido considerable, revelando una estrategia de presión basada en el caos y la amenaza.
La violencia como método de protesta no es nueva para la CETEG. Desde 2013, los bloqueos, los saqueos y la destrucción sistemática de inmuebles han sido parte de su repertorio. El 24 de abril, por ejemplo, destruyeron las oficinas de los partidos PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, además de la Contraloría estatal, como represalia por la aprobación de la reforma educativa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En años anteriores, esta capacidad de movilización logró paralizar hasta 8 mil escuelas, afectando a 60 mil docentes y a más de 800 mil estudiantes de educación básica. También arrancaron concesiones al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, entre ellas el retiro de órdenes de aprehensión y el pago de salarios durante paros injustificados.
Sin embargo, hoy la CETEG enfrenta una creciente fragmentación interna. El 25 de febrero quedó en evidencia esta división cuando grupos disidentes realizaron movilizaciones separadas para conmemorar la muerte del profesor jubilado Claudio Castillo Peña, atropellado en 2015 por un autobús que ellos mismos conducían, pero cuya responsabilidad adjudican al gobierno. Este sector acusó al dirigente Walter Añorve de traicionar los principios de la organización y utilizar el movimiento con fines personales, lo que podría explicar el descenso en el impacto de sus paros recientes.
No obstante insisten en se alinearán al mandato de la CNTE exigiendo respuestas nuevas a sus demandas y la reanudación del dialogo con la inclusión de la mandataria en la mesa de negociaciones.
Las autoridades locales tanto del gobierno como de la Secretaria de Educación en la entidad mantienen sana distancia del problema.
A pesar del desgaste y la pérdida de legitimidad, la CETEG se mantiene en una ruta de confrontación, apelando a la presión violenta en lugar del diálogo. Su estrategia, cada vez más desligada del interés educativo y más cercana a fines políticos y personales, enfrenta hoy no solo el rechazo de la autoridad, sino también expresiones crecientes de repudio ciudadano. En Guerrero, la protesta ha sido sustituida por la imposición, y la demanda legítima ha quedado sepultada bajo los escombros del vandalismo.