A casi once años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el caso continúa sin justicia. Las más recientes resoluciones judiciales no solo no acercan a la verdad, sino que profundizan la percepción de impunidad y frustran los esfuerzos de las familias por encontrar justicia. En lugar de avanzar, el sistema judicial parece proteger a quienes deberían estar siendo juzgados.
En las últimas semanas, dos decisiones judiciales han debilitado aún más el proceso de justicia. La más reciente es la resolución del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, que negó el amparo solicitado por los padres y madres de los normalistas desaparecidos. Esta acción ratifica la exoneración del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, dictada en mayo de 2023 por el Tribunal Colegiado de Apelación. Abarca era uno de los pocos funcionarios directamente vinculados con el caso a través de la causa penal 66/2015. Con esta decisión, queda legalmente desvinculado del crimen, lo que representa un duro golpe para la búsqueda de justicia.
Esta exoneración es inapelable, dado que la Fiscalía General de la República (FGR) ya no tiene herramientas jurídicas para revertirla. El amparo fue promovido por Jorge Santiago Aguirre Espinoza, asesor jurídico de las familias y director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”. El fallo a favor de Abarca representa una victoria legal para los implicados, pero una derrota moral y política para el país.
Aunque Abarca Velázquez permanecerá en prisión por otros delitos —incluidos lavado de dinero, narcotráfico y varios homicidios— su desvinculación del caso Ayotzinapa refuerza la narrativa de impunidad que ha rodeado el proceso desde su inicio. En mayo de 2023, también fue exonerado Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, por delitos de delincuencia organizada y secuestro.
Otro hecho relevante ocurrió el 14 de mayo, con la detención de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, señalada por la presunta destrucción de evidencia clave: videos captados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. Estas grabaciones podrían haber documentado momentos clave de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes fueron desaparecidos. Se presume que dichos videos podrían contener pruebas de la entrega de los normalistas a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, e incluso del llamado “quinto autobús”, posiblemente vinculado al tráfico de drogas.
Galeana Marín justificó la desaparición de los videos argumentando que estaban borrosos y, por tanto, “inútiles como prueba”. Sin embargo, los defensores del caso, incluido el abogado Vidulfo Rosales Sierra, sostienen que ella no actuó sola y deberá revelar quién le ordenó eliminar el material. Aunque ya estaba jubilada como magistrada, su detención reabre interrogantes sobre el encubrimiento institucional en este caso.
José Luis Abarca ya enfrentaba múltiples procesos antes de su vinculación con la desaparición de los 43. Desde 2011 había sido relacionado con actividades delictivas y vínculos con el narcotráfico. Su carrera política fue impulsada, entre otros factores, por su cercanía con figuras políticas como Lázaro Mazón Alonso, quien fuera alcalde Iguala en los periodos 1996-1999 y 2002-2005 (PRD).
Su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ha sido señalada como operadora del cártel Guerreros Unidos y del Cártel de los Beltrán Leyva y sus hermanos, Alberto Pineda Villa, el “Borrado” y Marco Antonio Pineda Villa, el “MP”, murieron en 2009.
En de agosto de 2022, Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos, dijo que Abarca Velázquez era identificado como “A-1” y quien habría ordenado, junto con dirigentes de un grupo criminal y “otras autoridades”, el ataque, asesinato y desaparición de los 43 estudiantes entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en Iguala.
El 27 de ese mes, familiares del ex edil igualteco en conferencia de prensa mostraron que en los códigos de comunicación interna del gobierno municipal de Iguala vigentes desde 1990, el “A-1” correspondía al gobernador en turno (Ángel Aguirre Rivero), y “A-5” se refieren al presidente municipal.
Aguirre Rivero ha negado tener vínculos con Abarca y en 2014 dijo que “Yo había puesto sobre la mesa el tema de José Luis Abarca. Sabíamos que había vínculos totalmente oscuros y le pedí a Jesús Murillo Karam, procurador general de la República que fuera investigado.”
Por el contrario, la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa determinó que el exgobernador Ángel Aguirre Rivero y mandos del Ejército y dependencias federales tenían conocimiento de los nexos con el narco del exalcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, pero desestimaron los informes presentados por Iñaky Blanco exfiscal guerrense.
Las raíces del caso Ayotzinapa no solo involucran a la delincuencia organizada, sino a una red compleja de complicidades entre autoridades municipales, estatales y federales. Las investigaciones han sido obstaculizadas por intereses políticos, manipulación de evidencias y desaparición de pruebas, como lo demuestra el caso de las cámaras perdidas en el TSJ.
Hoy, casi once años después, el caso de los 43 estudiantes permanece en la impunidad. A pesar de la creación de comisiones de la verdad, nuevas líneas de investigación y promesas de justicia, los responsables materiales e intelectuales siguen sin ser castigados. Las familias continúan exigiendo verdad y justicia en medio de un sistema judicial que parece cada vez más ineficaz —o incluso reacio— a enfrentar el crimen de Estado que representa Ayotzinapa.
La impunidad no solo ofende a las víctimas, sino que erosiona la confianza en las instituciones democráticas del país. Mientras los responsables sigan libres o sean exonerados, Ayotzinapa seguirá siendo una herida abierta en la conciencia nacional.