Los mitos de la Cuarta Transformación tienen pies de barro y moral de árbol de Moras del cacique potosino Gonzalo N. Santos.

Veamos:  gobierno rico, pueblo pobre era una de las lacras “neoliberales” que iban a suprimir. Salió exactamente al revés. No hay funcionario de la 4T que no esté involucrado en despilfarros millonarios. Ante los cuales la presidenta Sheinbaum, argumenta que tienen derecho “a vacacionar” sin ejercer ninguna medida contra esa ostentosa y vulgar soberbia de “nuevos ricos” saqueadores del patrimonio público. No cabrían los nombres de toda esta caterva en la extensión de varios artículos.

La demagogia se puede maquillar, se puede llamar “populismo”, “cesarismo”, “bonapartismo”, “humanismo mexicano”, son maneras de evadir lo que es el engaño, la estafa, la manipulación de miedos, aspiraciones de la gente; para esconder las ambiciones de poder de facciones de agentes al servicio de los grandes poderosos de siempre.

La 4T ofreció mandar a los militares a sus cuarteles y poner fin a la “guerra de Calderón”, para hacer exactamente lo contrario. En los últimos 7 años, les han dado al Ejército funciones totalmente ajenas a sus objetivos establecidos en la Constitución y las leyes. Ahora se descubre, día a día, los lazos de personajes siniestros con bandas criminales como la de Tabasco, llamada la “Barredora”. La cuestión es que todo este enredo esta convertido en el caso más típico de la descomposición de la clase política.

En un panorama de disputa salvaje entre facciones de la partidocracia, resulta casi labor mágica desentrañar quien es quien en los navajazos que se dan entre sí esas bandas de palacio.

Me parecen muy interesantes los planteamientos de MANIFIESTO: UN MÉXICO PARA TODOS HACIA UNA NUEVA REPÚBLICA, redactado por Roberto Borja, antiguo compañero de múltiples batallas por la libertad y la democracia, por ello lo público aquí de menara extensa:

El primero de junio de 2025 culminó la restauración de la Vieja República autoritaria. Pero ese mismo día quedó claro que esa Vieja República, heredada de la Revolución Mexicana, es el obstáculo principal para la conquista de la democracia plena en México y que, para alcanzarla, será necesario una Nueva República.

Con la toma del poder judicial por el oficialismo, la ingobernabilidad ha dado un paso más. México se aproxima a vivir ese ciclo ya conocido y repetido en la historia, pero no aprendido: de la demagogia al caos, y de éste a la dictadura.

La reforma judicial, que debería haberse hecho como parte integral de la política de seguridad, completamente rebasada desde hace tiempo, se volverá parte del problema y no de su solución.

Dicho caos será el mejor caldo de cultivo de la corrupción y la impunidad, de la inseguridad y la violencia, y del crecimiento de las fuerzas y tendencias del orden autoritario y militar, que la demagogia no podrá detener y que, por el contrario, con la restauración de la institucionalidad autoritaria y por su incapacidad de operación política, la demagogia le construye el camino, con alfombra roja, al advenimiento de un régimen dictatorial.

Fue precisamente esa Vieja República la que devoró al incipiente proceso de democratización e incubó un movimiento de reacción política investido con los ideales populares que, primero, eliminó los contrapesos y los órganos autónomos para después restaurar las viejas estructuras institucionales del Estado autoritario.

No satisfecha con eso, la llamada “Cuarta Transformación”, con la increíble complicidad de la vieja izquierda, ya ha planteado que quiere ir más allá, hacia el establecimiento de un control absoluto, político y militar, de la sociedad y de las personas.

El pueblo, supuestamente encarnado en la presidencia, ha tomado ya el poder del Legislativo y del Judicial. Antes, con las reformas a la seguridad, debilitó el control civil y reforzó la militarización, al ampliar las facultades de inteligencia a la Guardia Nacional, sin garantías de rendición de cuentas. Ahora va por el pleno control de la sociedad, desde el registro de la población con la nueva cédula de identidad, hasta su posible y factible (con la aprobación de sus jueces), intervención total en la vida privada de las personas y en los medios de comunicación, pasando por una reforma electoral que plantea la eliminación de la proporcionalidad y, con ella, de las minorías y la práctica eliminación de la oposición política. En pocas palabras, desaparecer a la ciudadanía libre para volver al pueblo de súbditos.

Considero necesario salir de la vorágine de especular en torno a los pleitos de palacio, para construir un diálogo mirando hacia el futuro.