Durante el segundo trimestre de 2025, la percepción de inseguridad se intensificó en tres de los cinco municipios más importantes de Guerrero, según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. Acapulco, Chilpancingo e Ixtapa-Zihuatanejo destacan por sus elevados niveles de percepción ciudadana de inseguridad, fenómeno que no solo refleja un ambiente social crispado, sino que también repercute gravemente en la economía estatal.
Acapulco se ubicó como la onceava ciudad más insegura del país entre 90 evaluadas, un ascenso preocupante desde la posición 17 registrada en el trimestre anterior. Actualmente, 8 de cada 10 acapulqueños consideran insegura su ciudad, lo que representa un incremento estadísticamente significativo respecto al 75.7 por ciento registrado en junio de 2024 y al 79 porcentual del primer trimestre de 2025.
Este deterioro de la percepción coincide con hechos concretos: en abril y mayo, el transporte público fue suspendido en la zona poniente del puerto debido a hechos de violencia. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió en abril la promoción turística del puerto, incluso en medio de la ola de homicidios registrada durante la Semana Santa.
Chilpancingo también mantiene una percepción alarmante: 80.2 por ciento de sus habitantes se sienten inseguros. Aunque esta cifra representa una leve mejoría respecto al 84.1 del trimestre anterior y al 83 de junio de 2024, la capital guerrerense sigue siendo una de las ciudades con mayor percepción negativa en el país. Pasó del noveno lugar nacional en percepción de inseguridad al lugar 18. La Diócesis Chilpancingo-Chilapa, como reflejo del hartazgo social, impulsó en mayo un plan pastoral para frenar la violencia, y en junio realizó un llamado a la paz con repiques simultáneos de campanas en iglesias de la región.
El caso más llamativo fue Ixtapa-Zihuatanejo, donde la percepción de seguridad se disparó de 49.2 puntos porcentuales en el primer trimestre a 74.5 en el segundo. Este salto, calificado por el INEGI como estadísticamente significativo, refleja un deterioro acelerado del entorno social. En la clasificación nacional, esta ciudad turística pasó de la posición 64 a la 27. En paralelo, el gobierno federal desplegó más elementos del Ejército en zonas clave como Coyuca de Catalán, Ciudad Altamirano y Zihuatanejo, buscando contener la violencia.
La inseguridad en Guerrero no solo altera la vida cotidiana, sino que mina gravemente la economía local. Su impacto se hace visible en la reducción de inversiones, el cierre de negocios, el encarecimiento de mercancías y el debilitamiento del turismo, especialmente en destinos como Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo.
Las PYMES —columna vertebral de la economía regional— enfrentan además costos crecientes en seguridad privada, transporte y seguros, lo que limita su capacidad de crecer y generar empleo.
Los datos de los Censos Económicos confirman esta tendencia: la proporción de unidades económicas afectadas por la inflación pasó de 17.4 por ciento en 2018 a 34.1 en 2023. A la par, la inseguridad pública como obstáculo para operar aumentó de 30.5 por ciento a 31.5 en ese mismo periodo. Esta combinación de violencia e inestabilidad ha generado una contracción del empleo y una mayor desconfianza empresarial.
Un reciente estudio de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ubica a Acapulco y Zihuatanejo entre los municipios más violentos del país. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que Zihuatanejo registra una tasa de 75.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que Acapulco tiene 65.6, cifras que los colocan entre los municipios con mayor letalidad del país.
¿Contradicciones estadísticas?
En contraste con estas percepciones y tasas de homicidio, el SESNSP también reportó una disminución del 34.9 puntos en homicidios dolosos en Guerrero durante el segundo trimestre del año. Acapulco mostró una baja del 39.2, Iguala del 42.8, Chilpancingo del 46.1 y Taxco no registró homicidios. Sin embargo, esta reducción de delitos de alto impacto no ha sido suficiente para revertir la percepción de inseguridad entre la población, lo cual sugiere que la violencia cotidiana, las extorsiones, amenazas y desplazamientos siguen latentes, aun cuando las cifras oficiales muestran una aparente mejoría.
La violencia del crimen organizado en Guerrero genera un círculo vicioso que dificulta el desarrollo económico y social del estado, afectando a todos los sectores de la sociedad y generando pérdidas millonarias.
El crimen organizado tiene atrapada la economía legal por todas partes. Tienen en sus manos una “economía negra” que tiende sus tentáculos en todos los sectores económicos. Controlan el transporte público en todas sus formas y la economía informal. También sangran a la economía formal, desde los pequeños negocios familiares hasta las grandes empresas trasnacionales, mediante la extorsión y el cobro de piso.
En sus manos está el control del comercio de armas, la trata de personas con fines laborales y sexuales, lo mismo que el control de las migraciones. Y sigue una larga lista de negocios en los que han metido sus manos. Le arrancan dinero a los gobiernos, a las empresas y a los pueblos. Se alimentan de dinero
público, privado y social. Y saben cómo “lavar esos dineros sucios”. Hasta los vendedores de los mercados públicos tienen que pagar sus cuotas para poder vender sus mercancías del campo.
La inseguridad sigue siendo uno de los principales lastres para el desarrollo económico de Guerrero. La elevada percepción de riesgo, sumada a la persistencia de delitos violentos y al debilitamiento de la confianza en las instituciones, afecta directamente la inversión, el turismo y la actividad empresarial. Si no se abordan con decisión tanto las causas estructurales de la violencia como sus efectos económicos, Guerrero seguirá atrapado en un círculo vicioso donde la inseguridad frena el crecimiento y la falta de oportunidades alimenta la violencia.