Al estilo del viejo oeste, el gobierno de Estados Unidos ofreció 50 millones de dólares de recompensa por información que permita el arresto del dictador Nicolás Maduro, acusado de colaborar con organizaciones criminales, así como restringir y alterar la democracia en Venezuela.
La decisión del presidente Trump se da en el contexto de una ofensiva de Estados Unidos contra el régimen dictatorial y criminal de Maduro. El Pentágono se prepara para actuar si es necesario militarmente contra los cárteles designados como “terroristas”, entre los que se encuentran el Tren de Aragua de Venezuela y el Cártel de los Soles, este último según Washington, liderado por el dictador.
Cuando caiga Maduro deberá ser juzgado sin lugar a duda por crímenes de lesa humanidad, ya que es evidente que dentro de Venezuela ha sido señalado de cometer ataques sistemáticos contra la población, asesinatos, tortura y otros actos inhumanos.
Las violaciones a los derechos humanos de los que ha sido acusado en reiteradas ocasiones son crímenes graves que violentan en el plano internacional de manera clara, las normas de ius cogens, aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto.
Los crímenes de lesa humanidad son considerados violaciones a normas fundamentales en el plano internacional, por lo que los perpetradores pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI). Los Estados deben emitir normas que protejan los derechos humanos y garanticen el estado de derecho, situación que no sucede en las dictaduras como la de Venezuela.
El Caso de Maduro no es político, es jurídico. El mandatario y varios de sus allegados fueron acusados formalmente en un tribunal federal de Manhattan en 2020 durante el primer mandato de Trump, por cargos federales de narcoterrorismo y asociación delictuosa.
El dictador es acusado de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y trabajar con cárteles para inundar Estados Unidos con cocaína mezclada con fentanilo. La secretaria de Justicia estadounidense, Pam Bondi, declaró que no escapará de la justicia y será responsabilizado de sus despreciables crímenes.
No es la primera vez que el gobierno estadounidense ofrece este tipo de recompensas. Por la captura de Osama bin Laden puso en la mesa 25 millones de dólares tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Se envalentona Maduro, que recuerde la caída de Manuel Noriega en Panamá en diciembre de 1989. No le sirvió refugiarse en la Nunciatura Apostólica, ya que finalmente se rindió a las fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 1990.
El desenlace lo recordamos todos. Fue trasladado a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado por narcotráfico y otros delitos. Falleció finalmente en Panamá en 2017.
En México deberían poner algunos gobernadores, exgobernadores, exsecretarios y actuales funcionarios de MORENA sus barbas a remojar. Se dice que Estados Unidos ya tiene abiertos expedientes contra muchos de ellos, incluso se habla de una lista de diez personajes en donde se exige al gobierno mexicano que sean juzgados por delitos graves.
Es muy grave y ofende a la sociedad cuando se descubre la corrupción de un servidor público, pero más indignante es cuando quien se dice servir y protegernos se alía con la delincuencia organizada.
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