El 1° de septiembre de 2025 quedará inscrito en la historia constitucional de México como el día en que comenzó la Duodécima Época del Semanario Judicial de la Federación. Más que un cambio de numeración, se trata del arranque de un nuevo Poder Judicial Federal, resultado directo de la reforma que transformó por completo la estructura, integración y funcionamiento de la justicia federal. Un momento inédito y sin duda cargado de simbolismo, pero también de enormes incertidumbres y retos que se ciernen sobre el futuro del Estado de derecho y del acceso a la justicia en nuestro país.
Desde muy temprano por la mañana la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amaneció rodeada de flores, discursos solemnes y promesas de refundación. El nuevo presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, en su discurso pronunciado en la sesión solemne de instalación del nuevo Pleno de la SCJN en habló de honrar al pasado, de recoger las luchas de Juárez, de la fuerza de la Revolución y de la apertura a los derechos humanos. Prometió honestidad como mandato de vida, austeridad como regla de gestión y una justicia pluricultural, ambiental y cercana al pueblo. Palabras que sin lugar a dudas buscan encender esperanza, pero que, sin acciones concretas y resultados visibles, corren el riesgo de quedar en el terreno del simbolismo vacío.
Así, mientras el discurso oficial presume una “renovación histórica”, la paradoja es brutal. Más de 800 jueces y magistrados federales quedaron fuera del sistema por mandato de la reforma y hoy viven en un limbo jurídico pues sus liquidaciones y jubilaciones están detenidas porque los fideicomisos que financiaban esas prestaciones fueron extinguidos y transferidos a la Secretaría de Hacienda. Esto se traduce en que, si bien según el texto escrito de la propia reforma constitucional y el discurso oficial, tienen derechos adquiridos; en la realidad, no tienen aún ni un peso en la bolsa, y no existe certeza de cuándo y cómo lo tendrán. Se les prometió certidumbre, pero no hay más que incertidumbre. ¿Se les reconocieron derechos adquiridos? si, pero hasta hoy se les han negado en los hechos.
¿Cómo puede construirse una justicia nueva sobre la precarización de quienes sostuvieron la impartición de justicia durante décadas? Esa herida de origen es uno de los puntos más delicados de la transición y una muestra de que la narrativa oficialista no siempre se acompaña de la realidad que viven las personas dentro del sistema.
En este espacio hemos dado cuenta en diversas ocasiones sobre el nuevo diseño constitucional del poder judicial. Este nuevo diseño introduce una SCJN que funciona solo en Pleno sin salas, un Tribunal de Disciplina Judicial con mayores facultades y un Órgano de Administración Judicial (OAJ) encargado de la gestión. La apuesta es arriesgada. El funcionamiento únicamente en Pleno puede convertirse en un espacio de coherencia institucional, pero también en un cuello de botella que paralice decisiones clave. La disciplina reforzada puede significar también el fin de la impunidad o, por el contrario, un mecanismo de presión política. La administración centralizada puede ser sinónimo de eficiencia o de control. Todo dependerá de las reglas que se establezcan, de la transparencia de los procesos y del escrutinio público permanente.
La transición no ha estado exenta de tropiezos. El extinto Consejo de la Judicatura Federal emitió un acuerdo para declarar inhábiles, pero laborables, los días del 1 al 15 de septiembre, mientras el OAJ define la adscripción de los nuevos jueces. En los hechos, la justicia no se ha detenido gracias a que secretarias y secretarios de acuerdos sostienen la operación de tribunales en ausencia de titulares. Solo en los primeros dos días de septiembre, los Tribunales Colegiados celebraron 111 sesiones transmitidas en línea: la mejor muestra de que, pese al caos, la vida judicial sigue adelante. Sin embargo, el arranque del OAJ ha estado marcado por una omisión inadmisible: la falta total de mujeres en los once altos cargos designados en su primera circular. En un país con una Constitución que ordena paridad en todo, es inconcebible que la justicia comience su “nueva era” incumpliendo desde el inicio el principio de igualdad. Un mensaje desafortunado que contradice la retórica oficial de que “es tiempo de mujeres”.
La Corte inicia esta nueva era con nueve nuevos integrantes, entre los cuales conviven perfiles cercanos al oficialismo, académicos reconocidos, especialistas en derechos humanos y voces discretas. Ninguno proviene de la carrera judicial, lo que significa que la curva de aprendizaje será exigente y la responsabilidad enorme. La legitimidad de esta integración no proviene de la experiencia ni de las urnas, tendrá que ganarse con resultados, con sentencias que protejan derechos y con decisiones que fortalezcan al Estado de derecho.
La toga no puede convertirse en tribuna partidista ni en rehén del poder político. Tampoco puede idealizarse un Poder Judicial que necesitaba cambios, pero cuya reforma se ha construido sobre bases frágiles. Lo que está en juego en los próximos años no es un debate académico, sino la calidad de nuestra democracia.
El nuevo presidente de la Corte habló de refundación, de un Poder Judicial que deje de ser distante y se reconcilie con el pueblo. Convocó a la academia y a las universidades a reorientar sus planes de estudio, a formar jóvenes en una nueva visión de justicia, y aseguró que “la justicia no se construye en soledad”. Su discurso cerró con un llamado a hacer posible el tiempo de la esperanza cumplida y la unidad en la diversidad.
Pero detrás de la solemnidad y el ritual está la prueba más difícil: transformar las palabras en hechos. La justicia se mide en expedientes resueltos, en sentencias imparciales, en la protección de derechos fundamentales. No en discursos, no en arreglos florales, no en ceremonias privadas.
¿Cómo funcionará el nuevo poder judicial? por lo pronto el pasado 4 de septiembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el REGLAMENTO de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de integración de las listas de asuntos con proyecto de resolución; y el ACUERDO General número 1/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia. En el reglamento se incluyen las famosas sesiones itinerantes
Lo cierto es que México vive un parteaguas constitucional. Estamos frente a un diseño desconocido, un antes y un después en la vida institucional. El gran problema del país sigue siendo el acceso a la justicia: lenta, costosa, desigual. La elección popular de jueces no resuelve por sí misma esos desafíos estructurales. Puede mejorar algunos aspectos, sí, pero no hay relación directa entre el voto y la expeditez de la justicia.
La oportunidad existe: abrir las puertas de la justicia a más voces, acercarla a la ciudadanía, fortalecer la confianza en las instituciones. Pero también existe el riesgo de debilitar los contrapesos, de politizar las decisiones y de sacrificar la técnica jurídica en nombre de una narrativa ideológica.
Esta semana no inicio como una semana cualquiera, el lunes 1° de septiembre marcó el inicio de una etapa delicada, compleja y profundamente simbólica. Lo que ocurra en los tribunales, en las audiencias y en las sentencias de los próximos años definirá si esta Duodécima Época será recordada como el momento en que México consolidó un Poder Judicial independiente, profesional y cercano a la ciudadanía, o como la coyuntura en que se desmantelaron los cimientos de la justicia.
La historia aún no está escrita. Corresponde a los nuevos ministros y ministras, juezas y jueces; magistradas y magistrados demostrar que es posible una justicia verdadera. Corresponde a la sociedad y a la comunidad jurídica ejercer un escrutinio permanente. Y corresponde al país entero entender que un país sin un poder judicial independiente y autónomo es, simplemente, un país sin futuro.
El tiempo y las sentencias dirán si la SCJN abre una nueva época para la justicia y supera la falta de legitimidad inicial.