Es común qué para dislocar las narrativas políticas poco favorables, sea que hayan iniciado o estén en curso, o se busque evitar que principie un ciclo, desde los sitiales del poder se promuevan elementos de distracción. Ocurre, también, que las distracciones surgen de manera involuntaria o sin intención. En los meses más recientes, las narrativas han sido desfavorables para el gobierno federal y quien lo encabeza, así como para el movimiento al cual pertenece:

(i) las evidencias contrarias a la prédica de la austeridad personal, que no republicana, de cuadros y dirigentes de Morena con cargos en la administración, las cámaras y el partido, como el Sen. Gerardo Fernández Noroña, el Dip. Ricardo Monreal, el secretario Mario Delgado, y el hijo del expresidente López, Andrés Manuel López Beltrán;

(ii) la denuncia, orden de aprehensión y detención por ilícitos graves ligados a grupos y carteles de la delincuencia organizada de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante buena parte de las gestiones de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos en el Ejecutivo local; y

(iii) el reconocimiento por el Alto Mando de la Armada de México de la red estructurada para introducir gasolina y diésel al país que, en fraude al fisco, se comercializaban en complicidad o a través de presiones a los expendedores en las estaciones de servicio, así como con la participación de personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, agencias aduanales y, presuntamente, de áreas de energía, petróleo y seguridad de los gobiernos anterior y actual.

La cuestión del palmo de narices de esas personas a las recomendaciones de la presidenta sobre la austeridad queda, al igual que las conductas de cada quien, en la acumulación de los recuerdos de la memoria colectiva.

El asunto del denunciado dirigente de “La Barredora” levanta sospechas por las variadas escalas con duraciones inusitadas de la aeronave que lo trasladó de Paraguay a nuestro país y, finalmente, a Toluca. Falta el desenlace y, desde luego, determinar la responsabilidad de quienes lo empoderaron y sus consecuencias; y no me refiero al ámbito penal, sino por ahora al estrictamente político. Salvo compromisos que quizás no puedan revelarse públicamente, ¿cómo es posible que mantengan sus cargos esos exgobernadores? ¿Qué daña más? ¿Prescindir de ellos, asumir que fueron negligentemente omisos y lavar cara? ¿O considerar que la sociedad ha descontado lo ocurrido y, en el peor escenario, ya ha graduado el descrédito y no hay por qué confirmar la hipótesis de la falta de diligencia?

La investigación sobre el llamado “huachicol fiscal” se publicitó con una acción gubernamental severa y fuerte en la conferencia de prensa del 7 de septiembre último, pero aún con el discurso del Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles en el 215 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, parecería haber entrado a otro paso por las altas ramificaciones que se presumen a partir de lo revelado. La dimensión de la operación delictiva, la dispersión de puntos de nuestra geografía para la comisión de los ilícitos, la ubicación en la escala administrativa de las personas imputadas y la presunción de las ligas con otras que podrían serlo, el volumen de combustibles introducidos ilegalmente al mercado en perjuicio de PEMEX y la hacienda pública, así como la cifra del ingreso mal habido por quienes concibieron, planearon y ejecutaron los delitos denunciados, permite considerar que es demasiado lo que debe ser conocido por la sociedad mexicana y que la información no quedará confinada a las carpetas de investigación y la calificación y autorización para proceder de los mandos políticos del gobierno morenista.

En este entramado de desprestigio y derrumbe moral de la gestión federal precedente y la presente, la titular de la presidencia ha obsequiado al país con algunos momentos desde el poder, unos parecen distractores involuntarios, otros revelan la condición del ejercicio del cargo.

Como primer capítulo puede ubicarse la escena de “como digo una cosa, digo la otra”, con dos muestras: la propia y la de imitación que se asumirá como propia. En la conferencia de prensa del 10 del actual, al abordarse el tema de la destitución de la presidenta peruana, Dina Boluarte, la no intervención, la libre determinación de los pueblos y la Doctrina Estrada no tuvieron cabida porque “… ustedes saben que nosotros consideramos que fue un Golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo… Y pues, creo que fue por unanimidad, ¿verdad?, la destitución…” Y unos minutos después, al pedírsele la opinión sobre el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, expresó: “Nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución y me quedaría hasta ahí el comentario”.

Curiosa concepción del antecedente, naturaleza, función e integración del Comité Noruego para determinar el otorgamiento del galardón. Y ninguna palabra que pudiera implicar no una valoración al movimiento que probó haber obtenido el triunfo en las elecciones presidenciales venezolanas de 2024, sino una desavenencia con Nicolás Maduro y el grupo apoderado de las estructuras de gobierno en ese país.

La muestra que inspira: no habrá retroactividad de la reforma a la Ley de Amparo para los actos del juicio que ya hayan ocurrido, pero los que se sucedan con posterioridad a aquélla, sí serán regulados retroactivamente, con cargo a la dinámica del proceso. Parece cantinflesco, pero es lo resuelto: el juicio se planteó con un orden jurídico, pero las reglas se mudarán a voluntad de la mayoría oficialista para aquellas fases del proceso que no han sucedido, aunque sean en perjuicio de quien fue a pedir justicia con normas que no podía conocer, porque no existían. La cuestión no es entre lo adjetivo y sustantivo, sino si la retroactividad es en perjuicio de persona alguna, que es lo señalado por la Constitución.

El segundo capítulo corresponde al choque de realidad al dialogar con personas damnificadas en Poza Rica, Veracruz, el domingo 12 y a lo cual se refirió en la conferencia de prensa del día siguiente. En específico, un joven estudiante de la Universidad Veracruzana le urgía a la actuación con respecto a la desaparición de compañeros a causa de la inundación ocurrida. El control de la narrativa de la conferencia, que se aborda en dos momentos, enfatiza la atención brindada: “Y ya cuando nos subíamos, llegó este joven. Y si ven el video, le estoy diciendo: No vamos a cubrir absolutamente nada, escúchame lo que tengo que decir.” Sin embargo, asumiéndose la tensión del momento y apreciándose la desesperación del joven, al ver el video queda claro que la titular del Ejecutivo no solo pide se le escuche, sino que solicita guarde silencio con el ademán inconfundible y amaga con retirarse al no obtener lo que pide; y dice: “Bueno, ya me voy”.

Es bueno tener a dónde ir. ¿A dónde podrían ir los damnificados? ¿Y el joven que reclamaba la acción necesaria para establecer el paradero de sus compañeros, a dónde podría ir?

Y en la conferencia del día siguiente sobreviene el enojo por los señalamientos de incompetencia gubernamental, con el expediente aparentemente fácil de culpar a los medios por hacer su trabajo: dar voz a quienes sufren y ejercer la crítica. En los desastres naturales, al final resaltan dos caras: sufrir la pérdida y necesitar ayuda o tener la responsabilidad de los recursos y poder actuar. El momento de la emergencia es el de la exigencia y la acción. Es la prueba. Tiempos de mal y de malas.