Morena sustrajo de los regímenes postrevolucionarios la columna vertebral de la interpretación histórica acuñada para explicar el tránsito de la Nación a través de tres procesos sociales complejos en los cuales la violencia fue protagonista: Independencia, Reforma y Revolución, para agregar la idea de la transformación como una cuarta etapa a la cual se arribó con base en la expresión del voto en las urnas. Esta última carece de contenido para amalgamar. Aparece más como el postulado del fundador del partido y caudillo del movimiento.
En la primera etapa es la separación de la Corona española y el nacimiento de un nuevo Estado en vías de su afirmación como Nación; en la segunda es el parteaguas con el statu quo del dominio de la Iglesia Católica en la República, y en la tercera es la doble acumulación de saldos negativos: en lo social la desigualdad que pervive y se agudiza y en lo político la ausencia efectiva del derecho ciudadano a elegir.
La autoproclamada cuarta etapa por sus impulsores y beneficiarios no tiene pensamientos profundos que la sustenten. Hay frases de la propaganda de campaña, como “por el bien de todos, primero los pobres” o “la paz y la seguridad son fruto de la justicia”, que riman con el enfoque de la justicia social de los gobiernos de la postrevolución y el discurso de atender la desigualdad en sus causas. La deuda social no se saldó, pero es hilo de la gesta iniciada en 1910.
Esta carencia de una estructura de ideas políticas en la doctrina de la cuarta transformación pudo apreciarse en el discurso de la titular de la presidencia de la República con motivo del 115 aniversario de ese exitoso movimiento armado. Quizá se haya optado por posponer su postulación para el festejo que el régimen se dará a sí mismo en ocasión del séptimo aniversario del mandato presidencial conferido Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, la oportunidad de una ceremonia cívica republicana con audiencia más que afín y el inicio del desfile conmemorativo parece mejor que el escenario de la arenga a decenas de miles en un mitin político donde la movilización confiada a partidarios en espacios gubernamentales locales constituye el precedente y, muy posiblemente, la realidad del próximo 6 de diciembre.
El caso es que no deja de resultar ilustrativa la ponderación -obvio, síntomas de apropiación- de los antecedentes y hechos históricos de la Revolución Mexicana, cuyo fin afirma implícito en la adopción de políticas neoliberales el 1 de diciembre de 1982, al asumir Miguel de la Madrid Hurtado la presidencia de la República. Por un lado, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo nos obsequió unas páginas de síntesis histórica básica y, por otro, el giro para ligar a Morena y los gobiernos electos en 2018 y 2024 con los regímenes postrevolucionarios de 1917 a 1982.
Más allá de la defensa del gobierno a su cargo ante sucesos y circunstancias de la coyuntura, como las críticas y las manifestaciones en contra de su desempeño, así como de la enunciación de reivindicar justicia, libertad, democracia y prosperidad compartida, no hay tesis de gobierno sino reiterada descalificación y prejuicios con respecto a quienes disienten, personas a las cuales se les encasilla como promotoras de la violencia, motivadas por el odio, predicadores de la fuerza sobre la justicia y aliadas de intereses extranjeros.
En las afirmaciones, las palabras no son seguidas de actuaciones consistentes: ¿se acabó la era de los lujos del poder? ¿Se gobierna con austeridad, ética y honestidad? ¿Se combate la corrupción y se aplica la ley para que no haya impunidad? ¿Nadie está por encima de la ley? La realidad aporta otros elementos: vehículos terrestres y transportación aérea onerosos; recursos públicos para mostrar la capacidad de movilización; ausencia de investigaciones ante denuncias por asignaciones directas de contratos públicos de adquisiciones y obras y presunciones de favoritismo; señales en torno al límite que aparecería en la línea de responsabilidades en las investigaciones sobre el grupo delictivo de La Barredora o con relación al llamado huachicol fiscal, y elementos para colegir la inducción de la votación judicial de junio último y la captura del poder judicial por el régimen.
Aunque no se palpan postulaciones estructuradas en el mundo de las ideas para dar sentido y congruencia de mediano y largo plazo a la transformación, es más que recurrente la voluntad de ir a la columna de la interpretación de la historia nacional en clave de las grandes gestas de un grupo o clase opresora y otro grupo o clase oprimida.
Identificarse con la trilogía mitológica del pasado para aspirar al mito. No obstante, las tres trascendieron a sus personajes para afirmarse como etapas. Ahora la pretendida cuarta fase no impregna más idea creíble que la reestructuración presupuestal para el otorgamiento de subsidios a grupos relevantes de la población, y se halla ligada al fundador y líder originario de Morena.
Desde luego que el gran rezago de la vigencia de la Constitución de 1917 es la cuestión social y la desigualdad imperante, a pesar de los esfuerzos realizados. En ese tema, sin demérito de la pluralidad de opiniones y propuestas sobre objetivos prioritarios e instrumentos en el espectro político y social, no hay grandes diferencias.
Ahora bien, en la polarización promovida desde el régimen y el partido oficial, tampoco debería haberlas en torno al ejercicio y defensa de la soberanía frente a cualquier pretensión del exterior. Es en torno a la democracia -acceso al poder, ejercicio de éste y rendición de cuentas de la gestión- donde afloran y se multiplican las discrepancias entre el régimen y buena parte de la sociedad.
La línea de las cuatro fases donde el pueblo oprimido es reivindicado por la élite en el poder, merecería ser superada por otra secuencia histórica: la del establecimiento y funcionamiento de la democracia en la República, como derecho político esencial de las personas ciudadanas.