La relevancia
El principal acontecimiento realizado en el ámbito de las políticas de comunicación durante el año 2025 en México fue la aprobación de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Ley Telecom) por el Congreso de la Unión. En dicho proceso legislativo desempeño una relevancia fundamental la realización de los cinco Conversatorios Ciudadanos sobre esta materia al convertirse en un factor decisivo para la creación de la nueva versión de tal normatividad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025.
A través de la experiencia de escucha y deliberación plural entre Estado y ciudadanos se recabaron valiosas aportaciones, especialmente en lo referente al uso social de la radiodifusión en México. De esta forma, la repercusión de los Conversatorios sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 2025 tuvo una relevancia sociopolítica crucial, pues cambió el rumbo jurídico-político de la reforma constitucional sobre el ecosistema comunicativo de la República.
En este sentido, el valor de estos foros no fue solo efectuar una consulta a múltiples especialistas en diversos temas especializados, sino que alcanzó un significativo peso para modificar algunos rubros fundamentales del funcionamiento de la sociedad.
La repercusión sociopolítica
Sin embargo, pese al rol medular que ejercieron los Conversatorios Ciudadanos en la definición del novel marco jurídico que reguló el ecosistema comunicativo y tecnológico de la República, muy poco se ha valorado el rol central que ejerció la participación civil en esta dinámica legislativa. Por ello, es fundamental analizar la resonancia político-social de los diversos espacios de diálogo efectuados entre la ciudadanía especializada y el Estado en los siguientes dieciocho niveles para la transformación del país: presión social de cambio, empoderamiento civil, escenario político, limitaciones al poder, válvula de escape, mecanismo de corrección, transparencia legislativa, legitimidad del proceso y compromiso de cambios.
Presión social por el cambio
1.- A diferencia de la versión oficial, el verdadero origen de los Conversatorios no se originó por la convicción democrática inicial del gobierno de la Cuarta Transformación, sino que emanó de la fuerte presión social que impuso la sociedad frente a la primera versión unilateral de la Ley Telecom elaborado en abril de 2025. Ante dicha tensión política la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demandó que tal proyecto se suspendiera debido a que incorporaba contenidos muy polémicos como la práctica de la censura y la poca claridad jurídica en la protección de los derechos humanos, solicitando que se sometiera a una amplia consulta plural de la sociedad en la Cámara Alta del Poder Legislativo.
2.- Mediante el ejercicio de dialogo abierto en el Senado de la República se atendió la necesidad urgente del régimen político morenista de encarar la presencia de una fuerte crisis de legitimación ocasionada por el autoritarismo despótico que se intentaba imponer a la sociedad, vía el proyecto original de la Ley Telecom. Los foros funcionaron como el único camino o válvula de escape para desatorar la ley, evitando pagar un alto costo de gobernabilidad irreversible para el sector legislativo hegemónico en el Poder Legislativo y así escapar de la inestabilidad ocasionada por un contexto sociopolítico de alta polarización.
Empoderamiento civil
3.- Los espacios de reflexión colectiva se convirtieron en una fuerza real de opinión pública que obligó a transformar el proceso jurídico edificado inicialmente como una decisión política vertical y autoritaria, para posteriormente restaurarlo como una modalidad abierta de ejercicio parlamentario sui generis que forzó que la mayoría legislativa admitiera efectuar cambios a la propuesta inicial de la normatividad.
4.- Los conversatorios reafirmaron que el Poder Legislativo debe ser una instancia republicana capaz de implementar un método de deliberación eficiente entre ciudadanos y gobierno. Si bien el Ejecutivo impulsó las iniciativas de Ley Telecom, el Congreso a través de sus comisiones y del “Parlamento Abierto” demostró tener la capacidad de modificar y vetar aspectos que vulneraran los derechos humanos, las garantías constitucionales o la técnica regulatoria, incluso dentro de los proyectos del mismo bloque político dominante.
Escenario político
5.- Las diversas dinámicas de análisis instrumentadas transparentaron la aguda tensión inmersa entre la voluntad política dominante (iniciativa gubernamental), la tecnocracia social (voz de los expertos) y la participación civil (opinión ciudadana) para elaborar el nuevo marco jurídico de las telecomunicaciones y la radiodifusión nacional. Las reflexiones no se centraron solo en un acto de legitimación, sino fundamentalmente en una acción de contención democrática que redefinió el poder regulatorio del Estado.
En este sentido, los Conversatorios fueron herramientas esenciales para desmontar una crisis de autoritarismo y censura ampliamente rechazada por los ciudadanos y relegitimar la nueva normatividad a través de la inclusión de voces técnicas y sociales.
Limitaciones al poder
6.- La relevancia central de la ejecución de dichos espacios de diálogo especializado radicó en que fueron un instrumento civil que obligó al poder gubernamental a autolimitarse, visibilizando el conflicto existente entre el deseo de control político del Estado sobre un sector estratégico para el desarrollo del país y la exigencia ciudadana por rescatar la independencia técnica y la protección de derechos constitucionales fundamentales exigidos por la comunidad civil.
7.- El desarrollo de estos encuentros actuaron como un contrapeso civil para fijar un alto a la dinámica legislativa arbitraria que pretendía aprobar la normatividad, vía fast-track, en abril de 2025. Se demostró que en temas de alto interés público y derechos fundamentales, es inviable utilizar esta estrategia de poder inmediatista y unilateral, pues ocasiona un gran costo político insostenible. El ejercicio de “Parlamento Abierto” fue la única manera de superar el estancamiento de la primera fase del dictamen opresor.
Válvula de escape
8.- Los foros de reflexión y debate público funcionaron como mecanismo de nivelación para alcanzar una legitimidad forzada frente a la dura presión social y mediática que calificaba la iniciativa reguladora como la “Ley Censura” o la “Ley Sheinbaum”, y que de otro modo no se habría superado la severa tensión coyuntural que introdujo el partido dominante en este rubro.
9.- Los encuentros sirvieron como un muro de contención contra el intento de desmantelar o subordinar el esquema de autonomía regulatoria establecido en la legislación de 2013. La iniciativa original pretendía transferir unilateralmente las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hacia la nueva Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones adscrita al Ejecutivo Federal, devolviéndole al gobierno la rectoría técnica del sector, lo cual fue interpretado por la academia y la sociedad civil como una táctica para politizar la regulación y eliminar la independencia técnica ganada en la reforma constitucional de 2014. Los expertos y las ONGs (Observatel, AMDA, Artículo 19) utilizaron los intercambios para defender la necesidad de tener un órgano técnico, especializado y autónomo argumentando que sin él las decisiones sobre el espectro, la competencia y los derechos de audiencias se convertirían coyunturalmente en una “moneda de cambio” político.
Mecanismo de corrección
10.- Las reuniones de especialistas civiles operaron como un dispositivo de enmienda tras la fuerte polémica pública, especialmente sobre el Artículo 109 que permitía el bloqueo de plataformas digitales y la amenaza de censura previa.
11.- Las intervenciones civiles operaron como un instrumento para criticar y modificar la iniciativa original debido a la excesiva concentración de poder en la nueva Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones que obligaba que este órgano actuara como “juez y parte”. Uno de los acuerdos medulares fue crear un Órgano Regulador desconcentrado por lo menos con independencia técnica, revirtiendo el plan inicial y recuperando parcialmente la esencia de la autonomía regulatoria del antiguo IFT.
12.- Los Conversatorios lograron modificar la vieja ecuación existente entre concesionarios y públicos, donde antes de la ley de 2014 el sujeto principal de la regulación era el concesionario (empresario). Sin embargo, después de las participaciones ciudadanas se consolidó una nueva concepción donde el sujeto central fue el ciudadano como usuario y la audiencia como actora central. Con ello, se elevó el debate de los derechos de audiencias de una perspectiva meramente regulatoria (contenidos, publicidad, etcétera), hacia una noción de derechos humanos fundamentales y exigibles.
13.- La motivación legislativa de volver a diferenciar entre “opinión” de “información” fue uno de los puntos polémicos más cruciales donde la polémica se volvió más ética y democrática, y no política. Esto debido a que tal avance sobre el amparo a las garantías de las audiencias se calificó por diversos sectores empresariales como un atentado contra la libertad de expresión, ya que esa distinción histórica se utilizó para sancionar coyunturalmente al periodismo crítico. La eliminación de esta pretensión fue un logro sociopolítico que blindó el espacio público discursivo para cimentar de mejor forma la civilidad comunicativa.
Transparencia legislativa
14.- Al desarrollarse los Conversatorios de manera abierta y difundirse a través del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, con la publicación de las diversas versiones estenográficas en la página web del Senado de la República, se elevó el estándar de transparencia y de rendición de cuentas sobre los procesos de elaboración de ordenanzas en el Congreso.
Legitimidad del proceso
15.- Con la incorporación de una multiplicidad de voces representantes de todos los sectores vinculados con dicha problemática, el Senado de la República logró cambiar la narrativa de una ley “impuesta” por el gobierno en turno como una imagen de ley “corregida y consensuada” por la sociedad, al menos en sus aspectos más controversiales. Tal estrategia dotó al dictamen final de una legitimidad jurídico-política que no había alcanzado previamente por sí misma.
Compromiso de cambios
16.- Los posicionamientos críticos de la ciudadanía obligaron a los principales grupos parlamentarios a anunciar públicamente el compromiso de efectuar “cambios sustantivos” y redactar una “reserva” como resultado directo de la presión técnica, ejecutada especialmente por los ponentes académicos y las ONGs.
17.- La totalidad de los diagnósticos y propuestas expuestas por los múltiples sectores participantes en los Conversatorios no fueron incluidos en la última versión aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación, sino solo algunos a juicio de las tres grandes Comisiones Unidas del Congreso que le dieron vida.
18.- Finalmente, el mecanismo de encuentro plural culminó con la promesa institucional de crear un nuevo modelo de comunicación social que fortaleciera las garantías comunicativas, la libertad de expresión, la participación ciudadana y el avance de la democracia en el país. Tal práctica de consulta civil sentó un precedente fundamental sobre los procedimientos de cómo deberán abordarse en el futuro la confección de las reformas estructurales en el Poder Legislativo de nuestra nación.
Riguroso examen pendiente
Sintetizando, los cinco Conversatorios realizados con objeto de reexaminar la propuesta inicial de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025, aportaron elementos sumamente valiosos y oportunos para enriquecer y reorientar la primera versión de la iniciativa legal altamente polarizada y descalificada, con la finalidad de elaborar una segunda nueva alternativa jurídica más legitimada, equilibrada y democrática para el beneficio nacional.
Sin embargo, pese a que se procesó una nueva versión de la Ley Telecom, quedó pendiente que la sociedad certificara analíticamente si todas las contribuciones expuestas se convirtieron auténticamente en un punto de inflexión para replantear la propuesta inicial de Ley en sus rubros sustantivos a fin de crear una moderna reglamentación de naturaleza más clara, integral, justa y respetuosa de las libertades y de los derechos ciudadanos reconocidos por la Carta Magna en México. Por ello, es indispensable efectuar un examen rigurosamente minucioso que permita comparar el universo de planteamientos y propuestas formuladas por los especialistas y la sociedad civil durante los Conversatorios y los aspectos que si fueron incorporados en la última versión legislativa de Ley Telecom de junio de 2025.
Mediante esto, se despejará la incógnita que cuestiona si el régimen morenista y sus aliados políticos retomaron el conjunto de los diagnóstico y protestas vertebrales enunciadas por los expertos y la ciudanía en general o solo se practicó una estrategia de “gatopardismo legislativo” donde el gobierno únicamente maquilló la superficie del proyecto original de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que el fondo sustantivo del contenido jurídico-político-civil quedara igualmente desproporcionado y viciado.