Hace unos días fuerzas armadas de Estados Unidos interceptaron e incautaron un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. Según Donald Trump, es el más grande que se haya confiscado.
Este hecho abona en una nueva escalada en la de por si ya tensa relación entre Washington y Caracas. El gobierno de Venezuela calificó lo sucedido como un robo descarado y un acto de piratería internacional.
El gobierno de Nicolás Maduro amenazó con acudir ante las instancias internacionales para denunciar este grave crimen internacional, ya que atenta contra su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional.
El dictador venezolano hablando de “dignidad”, cuando es él, el primero que ha pisoteado los derechos humanos del pueblo que dice gobernar, entre ellos, el derecho a la libertad y poder elegir libremente a sus gobernantes.
El gobierno norteamericano, a través de su fiscal general, Pam Bondi, enfatizó que durante varios años el buque petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos, debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras.
Independientemente de las discusiones y peleas entre ambos mandatarios, tendrán que ser las instancias internacionales las que en definitiva resuelvan si se está violando o no el derecho internacional.
De acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, la soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio, de sus aguas interiores y del mar territorial.
Sin embargo, el petrolero confiscado enarbolaba falsamente una bandera de Guyana, país vecino de Venezuela que ha dado su respaldo al despliegue militar estadounidense en el Caribe.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Administración Marítima de Guyana, el petrolero de nombre Skipper no está registrado en Guyana, ante lo cual ese gobierno amenazó con denunciar el caso ante instancias internacionales.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, afirmó que la confiscación del buque constituye una violación flagrante al derecho internacional, a la libre navegación y al libre comercio.
Para ventilar su caso, no tiene que ir muy lejos el gobierno venezolano y acudir ante la ONU, puede acudir a la OEA (Organización de Estados Americanos) para buscar una solución a sus conflictos de tipo políticos, jurídicos y económicos.
El problema es que independientemente de los argumentos del gobierno de Trump, que señala que tiene la orden de un juez, Maduro ha demostrado un absoluto desprecio de los principios básicos que rigen el derecho internacional. Organiza elecciones bajo sospecha de fraude, y es denunciado por cometer crímenes de lesa humanidad, entre otros señalamientos.
Como los de su tipo, ahora que le conviene, si alega que se violan preceptos fundamentales del derecho internacional público.
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