Sin llegar a la connotación de horribilis annus que utilizó la Reina Isabel II para referirse a 1992 y la monarquía británica, 2025 no ha sido un buen año para la primera mujer electa a fin de desempeñar la titularidad del poder ejecutivo mexicano. El diseño del reflector incesante muestra en exceso. En un sistema presidencial la cuestión del liderazgo es consustancial a su naturaleza. Lo ha sido por razones propias en el caso mexicano. No se asumió por quien resultó electa en el juego de espejos articulado en 2023 para favorecerla.
En una ruta hipotética de lealtad para ir al respeto entre iguales, luego a la afirmación del nuevo mando y después a la conducción con énfasis propio sin apartarse de los objetivos del movimiento, han destacado otros rasgos para caracterizar la ruta: por encima de la expresión reiterada de lealtad, ante el avance hacia el ejercicio de lo que distingue y singulariza para acreditar la responsabilidad indivisible en la titularidad del poder, la percepción de la realidad de esa energía trajo la disciplinada enmienda y, luego, el pasmo en la trayectoria que se marcaba.
En un escenario de siete años de polarización, escisión y confrontación prohijado por el liderazgo -real y formal- del movimiento, la intentada recomposición del acceso al ejercicio del poder en la cúpula del oficialismo no se apreció como poda saludable, sino como exclusión y, peor aún, veda y sanción de los intereses creados que ocuparon espacios específicos y asumieron tareas concretas en la sucesión presidencial de 2024.
Con cargo al espejo de otras latitudes y también propias de otros tiempos, parece haberse apuntado que la “lucha interna” quebranta la unidad del movimiento y puede poner en riesgo su viabilidad electoral. Si depurar ante la evidencia que desprestigia y reclama actuación acorde a los valores inscritos en la ley y la pertinencia política de la Nación, se interpretó como expresión de fortaleza, lo opuesto es lo que ha quedado expuesto para ese liderazgo de doble connotación.
No obstante, es la realidad política primera para el 2027; sobre la base de la unidad se ha impuesto la impunidad, tanto para la amalgama de resentimiento acumulado como para el acomodo de la conversión de conveniencia que anidan en Morena.
El saldo más inmediato estará presente en la anunciada reforma electoral. Sin diálogo entre las opciones partidarias con registro y sin espacios reales para la construcción de propuestas avaladas por la pluralidad sin articulación como formaciones políticas, pero sobre todo por la certeza de contarse con la ilegítima mayoría calificada que le obsequiaron las autoridades electorales capturadas por el régimen, al calor de la imaginaria consigna de cerrar filas para asegurar la pervivencia del movimiento en los cargos de elección, es previsible la meta rectora: garantizar al partido en el poder y sus aliados las condiciones para obtener resultados favorables; ¿control de los comicios?, ¿afirmación de las ventajas de ser gobierno?, ¿disminución de la equidad en la competencia?, ¿sobre representación de la coalición de 2024, con base en la forma de transformar votos en curules y escaños?
Alcanzar la meta rectora con el discurso dual ante los aliados: la convergencia en las ideas sobre la cuestión social con el PT y la coincidencia con el pragmatismo de lo conveniente que durante todo el siglo ha caracterizado al PVEM. Podrá haber fuegos de artificio, pero al final la posibilidad de mantener el statu quo en la coalición gobernante tenderá a predominar.
Así, la política de la polarización excluyente aportaría el componente formal faltante en el trazo de la erosión democrática iniciada con las reformas constitucionales del 15 y 30 de septiembre de 2024 (Poderes judiciales electos y militarización de lo civil). Y el escenario para la definición de quienes, como partidos, partidos en formación, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía preocupada por la traducción de derechos políticos en formas de acceso, ejercicio y resultados democráticos del poder público, deben asumir posición y actuar en consecuencia.
El año que culmina tampoco aportaría optimismo al régimen en otros frentes: i) el estancamiento de la economía no puede desvincularse de la disciplina forzada para este año por el déficit fiscal del precedente y el gasto de netas intenciones electorales y para obras de escaso beneficio integral, ni de los efectos en la inversión extranjera -siempre conveniente y muchas veces necesaria- de la defunción de la separación de poderes con el Poder Judicial de la Federación bajo la consigna de la jefatura del Estado;
- ii) la protesta social ha sido adoptada como vía de manifestación de personas cuyos ingresos los ubican en la clase media dinámica y la clase media-media; transportistas en la desesperación por la incidencia delictiva en sus actividades y productoras del campo sin apoyos suficientes para competir en tareas que otros países subsidian inveteradamente. Y también comunidades con agravios profundos, como la michoacana ante el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, Presidente Municipal de Uruapan, que articulan el rechazo a la política federal de 2018-2024 de convivir territorialmente con la delincuencia organizada;
iii) la distancia entre el recuento estadístico de la disminución de la incidencia delictiva, principalmente de homicidios dolosos, y lo que se percibe por las personas en sus comunidades, especialmente donde abundan las desapariciones. Las percepciones no mudan tan rápido como el ciclo de los informes sobre seguridad de las conferencias de prensa en Palacio Nacional. Hay dudas en torno a los conceptos sobre los cuales se informa, pero más que nada con respecto a la connivencia-complicidad entre cárteles y grupos criminales y quienes ejercen tareas públicas en ámbitos municipales y estatales; y
- iv) la extendida consideración en distintos sectores sociales sobre la corrupción en el periodo del expresidente López y su continuidad en el iniciado el 1 de octubre de 2024. Los asuntos más difundidos por el gobierno en lo que pareció el momento de ir a las distinciones -La Barredora y el huachicol fiscal- podrán no llegar a los entonces titulares del gobierno de Tabasco, al ex secretario de Marina o al hijo del expresidente y la conexión de ambas cuestiones con el vértice común, pero el deterioro de la honestidad y la “superioridad moral” es indudable y crece con la decisión de no hacer más.
La solución política de la ausencia de diálogo y construcción de consensos, más las incógnitas de la marcha en los otros temas aludidos se produciría en un momento clave en el escenario exterior. Con la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre último, dada a conocer por la Casa Blanca el 4 de diciembre en curso, parecen cobrar sentido muchas de las acciones del presidente de los Estados Unidos. Se dice: “Queremos proteger este país, su gente, su territorio, su economía y su forma de vida de ataques militares e influencia extranjera hostil, sea espionaje, prácticas comerciales rapaces, tráfico de drogas y de personas, propaganda destructiva y operaciones para influir, subversión cultural o cualquier otra amenaza a nuestra nación.” Y, sobre el llamado Hemisferio Occidental: “Reclutaremos amistades establecidas en el Hemisferio a confrontar la migración, detener los flujos de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad de mar y tierra.” Y, agrega, “Los Estados Unidos deben ser preeminentes en el Hemisferio Occidental como una condición de nuestra seguridad y prosperidad -una condición que nos permita afirmarnos con confianza dónde y cuándo lo necesitemos en la región. Los términos de nuestras alianzas, y los términos bajo los cuales prevemos cualquier tipo de ayuda, deben ser equivalentes con la reducción gradual de la influencia adversaria externa -desde el control de instalaciones militares, puertos e infraestructura clave, hasta la adquisición de activos estratégicos definidos en sentido amplio.”
Cuando en la principal relación internacional se expresa con tanta claridad la aspiración por reconformar la zona de influencia en un nuevo reparto mundial del poder y se aprecia con mayor nitidez el exceso de confundir la serenidad para no entrar al alegato y el enfrentamiento asimétrico con una auténtica política exterior, la polarización excluyente conforma un segundo escenario de debilidad para la conducción del Estado. La confianza en la explicable reacción nacionalista tiene sus límites en un clima de concesiones reales y retórica intrascendente por coincidencias “ideológicas” que no responden al interés nacional de horizonte amplio, sobre todo en el tramo de la revisión pactada del T-MEC.
2025 no fue un buen año para la titular del Ejecutivo, siendo la baja de su aprobación algo revelador, aunque no es lo más relevante. 2026 abrirá con una debilidad para el Estado: la unidad del oficialismo, en vez de la apertura para buscar fortalecer la unidad de la Nación a fin de resolver las incógnitas planteadas por la economía, el descontento social identificado y posiblemente creciente, el rezago en seguridad, la corrupción detectada y la amenaza de las pretensiones de Washington. Será un año complejo y difícil.