El sismo de magnitud 6.5 ocurrido el 2 de enero de 2026, con epicentro en San Marcos, Guerrero, no sólo fue un fenómeno geológico relevante, sino un evento que volvió a exhibir las profundas desigualdades estructurales que convierten a los desastres naturales en crisis sociales. Más allá de la intensidad del movimiento telúrico, el impacto estuvo determinado por condiciones históricas de pobreza, precariedad habitacional y debilidad institucional, particularmente en la región de la Costa Chica.
El saldo oficial —una persona fallecida, 13 lesionados y cientos de viviendas dañadas— refleja que el riesgo no se distribuye de manera homogénea. Las comunidades más afectadas fueron aquellas donde predominan viviendas autoconstruidas, con muros de adobe y techos de teja, materiales que no cumplen con normas sismorresistentes.
En San Marcos y sus comunidades rurales se reportaron daños en más de 370 viviendas, aunque estimaciones locales elevan la cifra hasta 700, lo que revela tanto la magnitud del impacto como las dificultades para realizar censos rápidos y precisos en contextos de alta dispersión territorial y limitada capacidad administrativa.
El sismo tuvo efectos en al menos 24 municipios del estado, entre ellos Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Tlapa, Chilapa y comunidades indígenas de la Montaña y la Costa Chica. Esta amplia dispersión geográfica complicó la respuesta institucional y evidenció las asimetrías en infraestructura, conectividad y acceso a servicios de emergencia, especialmente en zonas rurales e indígenas.
La recurrencia de réplicas —2 mil 670 hasta el 6 de enero, 45 de ellas superiores a magnitud 4— profundizó el estrés social y el temor colectivo, sintetizado en la suplica recurrente de los habitantes de San Marcos: “que ya deje de temblar”.
Las afectaciones no se limitaron al ámbito habitacional. El colapso de 72 hornos de pan y alfarería en la zona del epicentro, actividad económica central para la población local, tuvo un impacto directo en los ingresos de al menos entre cinco y diez familias por unidad productiva. Este tipo de daño revela cómo los sismos golpean con mayor fuerza a las economías de subsistencia, donde no existen ahorros, seguros ni redes formales de protección, prolongando la recuperación y profundizando la pobreza.
Asimismo, las fallas en las líneas de transmisión eléctrica de Papagayo, Cruz Grande, Pinotepa y Ometepec dejaron sin energía a amplias zonas, afectando servicios críticos. En Acapulco, la interrupción del suministro eléctrico en los sistemas de captación de agua potable provocó que toda la ciudad permaneciera sin agua durante al menos tres días, una situación que expuso la fragilidad de la infraestructura urbana incluso en uno de los principales centros turísticos del estado. Casos similares se registraron en Quechultenango, donde también se suspendió el abastecimiento de agua a la cabecera municipal.
Los daños estructurales menores en al menos tres unidades del IMSS-Bienestar en San Marcos y Chilpancingo, aunque no implicaron colapsos, alertan sobre la necesidad urgente de reforzar edificios de servicios esenciales, cuya operación resulta crítica durante emergencias.
A ello se sumó la proliferación de noticias falsas en redes sociales, que generaron pánico y desinformación, evidenciando la ausencia de una estrategia de comunicación institucional eficaz y oportuna, especialmente en contextos de alta incertidumbre.
Si bien Guerrero ha mostrado en años recientes un crecimiento económico relevante —liderando indicadores nacionales en algunos trimestres de 2025— y los datos de INEGI y CONEVAL reportan avances en la reducción de la pobreza entre 2022 y 2024, estos logros no se han traducido de manera homogénea en mejoras sustantivas en la calidad de vida a nivel municipal. San Marcos, por ejemplo, presenta altos niveles de pobreza estructural: alrededor del 40 por ciento de su población se encontraba en pobreza moderada y el equivalente a 20 puntos porcentuales en pobreza extrema (2020), con carencias persistentes en servicios básicos, acceso a la salud y seguridad social. Su economía depende principalmente de la agricultura y el comercio local, sectores altamente vulnerables a interrupciones por desastres.
El caso de San Marcos no es aislado. Municipios como Chilpancingo enfrentan simultáneamente procesos de remoción en masa e inundaciones que afectan a cientos de familias, mostrando una inexistente o deficiente planeación territorial y una baja resiliencia urbana.
Estas condiciones, sumadas a la ubicación de Guerrero en una de las zonas sísmicas más activas del país —particularmente en la llamada “brecha sísmica de Guerrero”, donde se acumula energía con potencial de generar un sismo mayor a 8 grados—, configuran un escenario de riesgo permanente.
En este contexto, resulta insuficiente apostar únicamente por nuevos mapas de riesgo o protocolos de protección civil. Mientras la vulnerabilidad siga anclada a la pobreza, la informalidad urbana y la exclusión social, cada sismo seguirá traduciéndose en una crisis humanitaria. Las carencias sociales limitan la capacidad de respuesta, la evacuación oportuna y la reconstrucción, prolongando los efectos del desastre mucho más allá del evento sísmico.
La solicitud de declaratoria de emergencia por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero es un paso necesario, pero no suficiente.
El sismo del 2 de enero deja una lección clara: la reducción del riesgo de desastres en Guerrero pasa necesariamente por combatir la pobreza, fortalecer la infraestructura social y planificar el territorio con enfoque de justicia social. De lo contrario, la brecha entre el riesgo natural y el desastre social seguirá ampliándose con cada nuevo movimiento de la tierra.