Los dos municipios con mayor peso político, económico y demográfico de Guerrero —Acapulco y Chilpancingo— enfrentan una evaluación ciudadana marcadamente negativa en materia de seguridad pública y eficacia gubernamental, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondientes al cierre de 2025 y publicados en enero de 2026.

Inseguridad persistente, deficiencias estructurales en los servicios públicos y una percepción de opacidad en el manejo de los recursos públicos configuran un escenario de desgaste institucional que impacta directamente en la confianza ciudadana hacia ambos cabildos.

En el caso de Chilpancingo, la capital del estado se mantiene entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional. Durante el último trimestre de 2025, 86.4 por ciento de la población manifestó sentirse insegura, una cifra prácticamente estancada respecto al trimestre previo (86.3 por ciento) y apenas cuatro décimas menor que la registrada al cierre de 2024 (86.8 por ciento).

Aunque la ciudad descendió de la tercera a la sexta posición nacional en el ranking de inseguridad, este movimiento responde más al deterioro acelerado de otras ciudades del país que a una mejora sustantiva en las condiciones locales de seguridad.

Acapulco, por su parte, se ubicó como la ciudad número 23 con mayor percepción de inseguridad, con 76.7 por ciento de los ciudadanos considerando inseguro al puerto. Si bien la cifra muestra una disminución frente al trimestre anterior (78.9 por ciento) y respecto a diciembre de 2024 (80.9 por ciento), el nivel sigue siendo elevado y refleja que la violencia, las extorsiones y el cobro de derecho de piso continúan siendo problemas estructurales no resueltos.

En contraste, Ixtapa-Zihuatanejo presentó la percepción de inseguridad más baja entre las ciudades guerrerenses evaluadas, con 64.1 por ciento, ubicándose en la posición 46 a nivel nacional. No obstante, incluso este municipio muestra señales de alerta, pues registró uno de los incrementos anuales más pronunciados del país al pasar de 48.4 por ciento en 2024 a más de 64 por ciento en 2025, lo que evidencia un deterioro acelerado en la percepción ciudadana.

Más allá de la inseguridad, el indicador de efectividad gubernamental profundiza la brecha entre los municipios y exhibe con mayor claridad la crisis de gobernabilidad en Acapulco y Chilpancingo. En el puerto, el gobierno de Abelina López Rodríguez fue evaluado como el segundo peor del país en capacidad para resolver problemas, ya que apenas 10.8 por ciento de los ciudadanos considera eficaz a la administración municipal. La caída es significativa: en el trimestre anterior, 16.6 por ciento aún otorgaba una evaluación positiva, lo que refleja un deterioro acelerado de la confianza ciudadana.

Esta percepción negativa está asociada a fallas persistentes en servicios básicos como el suministro de agua potable, la recolección de basura y el bacheo de calles, además de un contexto de inseguridad y extorsión que afecta tanto a la actividad económica como a la vida cotidiana.

A ello se suman señalamientos de opacidad y presuntas irregularidades financieras, entre ellos la observación de la Auditoría Superior del Estado por la falta de comprobación de 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social destinados a la reconstrucción tras el huracán Otis.

Aunque la alcaldesa ha argumentado persecución política y ha cuestionado la competencia de la ASE para auditar recursos federales, la controversia ha profundizado la desconfianza social.

También se han documentado contratos por más de 400 millones de pesos bajo esquemas de adjudicación directa, así como gastos cuestionados —como hasta 20 millones de pesos en conciertos masivos— que contrastan con un contexto de emergencia urbana y deterioro de la infraestructura básica. Para amplios sectores de la población, existe una disonancia entre el discurso de austeridad y la práctica administrativa, lo que refuerza la percepción de una gestión distante de las prioridades ciudadanas.

En Chilpancingo, el gobierno del priista Gustavo Alarcón Herrera tampoco logra revertir la mala evaluación pública. Solo 18.5 por ciento de los capitalinos considera eficaz a su administración para resolver los problemas de la ciudad, muy por debajo del promedio nacional de 29.9 por ciento. La capital incluso retrocedió un lugar en el ranking nacional de gobiernos peor evaluados, confirmando un estancamiento en su capacidad de gestión y respuesta institucional.

El contraste lo marca Ixtapa-Zihuatanejo, donde la administración de la priista Lizette Tapia cerró el año con una evaluación positiva: 53.1 por ciento de los ciudadanos considera eficaz a su gobierno, lo que le permitió colocarse en la quinta posición nacional en percepción de efectividad. Este resultado sugiere que, aún en un contexto estatal complejo, la gestión local y la atención a servicios públicos sí inciden de manera directa en la confianza ciudadana.

En conjunto, los datos de la ENSU evidencian que los dos municipios más importantes de Guerrero atraviesan una crisis de legitimidad, marcada por altos niveles de inseguridad, baja eficacia gubernamental y una percepción extendida de opacidad, mientras que experiencias locales como la de Ixtapa-Zihuatanejo muestran que el deterioro no es inevitable, sino resultado de decisiones y capacidades de gobierno.