Prácticamente en cada sexenio se ha presentado una reforma electoral. Sin embargo, estas suelen abordarse desde una perspectiva jurídica o política y se deja de lado una dimensión igualmente relevante para el desarrollo del país: el valor económico de contar con instituciones capaces de organizar, vigilar y garantizar elecciones competitivas y creíbles. En economías plenamente integradas a los mercados internacionales como la nuestra, la calidad de las instituciones democráticas constituye un factor que incide directamente en la confianza de los inversionistas que se transforma en emprendimiento y, en última instancia, en el potencial de crecimiento.
Instituciones como las electorales sólidas que generan certidumbre limitan la discrecionalidad del poder y permiten resolver conflictos de manera pacífica, reduciendo costos de transacción. Por ejemplo, el Economic Freedom Index de Heritage Foundation subió de 54/100 en 2000 a 62/100 en 2025, impulsando mayor inversión. En este contexto, un sistema electoral confiable es pieza clave que permite procesar la competencia política sin rupturas del orden constitucional ni episodios de inestabilidad que afecten la actividad económica.
Uno de los indicadores que refleja con mayor claridad la relación entre estabilidad política y percepción económica es el riesgo país, medido a través del EMBI de JP Morgan. Este refleja la prima que los inversionistas internacionales exigen para financiar la deuda soberana de un país en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos (considerados sin riesgo). Entre los factores que influyen se encuentran variables macroeconómicas como la inflación o el nivel de deuda pública, pero también elementos institucionales como la estabilidad política y la credibilidad de las reglas democráticas.
La experiencia mexicana de las últimas décadas ofrece un caso ilustrativo. Tras la crisis de 1995, cuando la prima de riesgo superó los 1,200 puntos base, el país inició una estabilización macroeconómica acompañada por la consolidación de instituciones electorales autónomas y mayor competencia política. Como resultado, desde la alternancia de 2000, México ha experimentado transiciones de poder sin rupturas institucionales ni crisis financieras asociadas a disputas electorales, incluso en 2018. En ese período, el EMBI se mantuvo en rangos moderados (promedio 250 pb) frente a otros emergentes latinoamericanos. Para muchos analistas la democracia real en México inició con el nacimiento del IFE ahora INE.
De igual manera la estabilidad institucional se refleja en la inversión extranjera directa (IED). México se posiciona consistentemente entre los principales destinos regionales, con flujos anuales de 2.5-3.5% del PIB; en 2025 registró un récord de 36.8 miles de millones de dólares (3.1% PIB). La confianza en las reglas políticas explica parte de este desempeño, junto a la baja volatilidad en años de elecciones.
Las instituciones electorales, actúan de manera similar a la infraestructura física atrayendo inversiones productivas ante la perspectiva de estabilidad que generan. Su funcionamiento permite que las disputas por el poder se canalicen a través de procedimientos institucionalizados, evitando crisis que podrían tener costos económicos mucho mayores. Sin embargo, no se puede soslayar que la incursión y penetración del crimen organizado tiene poder de distorsionar el alcance de la institucionalidad democrática de la que aún gozamos.
El diseño o costo de estas instituciones no debe ser el centro del debate, sino su rol como factor de desarrollo. Organizar elecciones cuesta apenas 0.05% del PIB (15 mil millones de pesos en 2025), marginal frente al 10% del PIB perdido en la crisis 1995 o el 8% por el manejo negligente de la pandemia. La credibilidad democrática es un activo estratégico para la estabilidad macroeconómica.
En última instancia, la democracia no sólo determina quién gobierna, sino también en qué condiciones se desarrolla la actividad económica. La existencia de instituciones electorales sólidas, capaces de garantizar elecciones competitivas y transiciones políticas ordenadas, forma parte de los factores que sostienen la confianza en la economía mexicana. Por ello, el debate sobre su futuro no debería limitarse al terreno político: también es una discusión sobre las bases institucionales del crecimiento económico del país.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®