Hay reformas que nacen de una necesidad real. Y hay otras que simplemente aparecen desde el poder, sin que nadie las haya pedido.

Esta es una de ellas.

No tengo problema en decirlo con claridad: México sí necesita mejorar su sistema electoral. Pero una cosa es mejorar y otra muy distinta es improvisar. Y eso es exactamente lo que estamos viendo con la Reforma Electoral desde el llamado Plan A y su Plan B.

Por eso, con toda responsabilidad, mi voto ha sido —y seguirá siendo— en contra.

Empiezo por uno de los temas más delicados: la revocación de mandato.

En teoría suena bien. Es más, suena muy bien. ¿Quién podría estar en contra de que la gente evalúe a su gobierno?

El problema es cómo lo quieren hacer.

Se mantiene prácticamente en los términos en que la planteó la presidenta: que pueda realizarse en junio de 2027 o 2028, coincidiendo con procesos electorales, y con la posibilidad de que desde el propio poder se promueva la participación.

Aunque se mantiene la restricción de no contratar propaganda específica sobre el proceso, en los hechos se abre la puerta a que el gobierno influya en la narrativa pública.

Dicho en palabras simples: estaríamos viendo a la presidenta en la boleta.

Y no sola, sino con todo el aparato del gobierno detrás.

Eso ya no es un ejercicio ciudadano.

Eso es una campaña permanente, 24/7, disfrazada de participación democrática.

Y mientras el poder puede hablar, promover y movilizar, los demás no podrían hacerlo en las mismas condiciones. Así no hay piso parejo. Así no hay democracia.

Si de verdad creemos en la revocación de mandato, hay que decirlo como es:

si el pueblo quita, que el pueblo ponga y que el gobierno no se imponga.

Ahora, más allá de lo político, hay algo que me preocupa igual o más: la forma en que está hecha esta reforma.

Claramente: está mal hecha.

En el caso de los municipios, por ejemplo, corrigieron un punto, pero dejaron intacto el problema de fondo.

Quitaron la obligación de un mínimo de 7 regidores —lo cual era claramente excesivo para muchos municipios—, pero mantienen un tope de hasta 15 integrantes en los Cabildos.

Es decir, insisten en definir desde la Constitución cómo deben integrarse los ayuntamientos, como si todos los municipios fueran iguales.

No lo son.

¿Dónde está la austeridad en eso?

Porque al final del día, eso significa más gasto. Y no en cualquier lado, sino en los municipios que menos tienen.

No hay diagnóstico. No hay estudio. No hay una sola explicación seria.

Hay, eso sí, una decisión tomada desde el centro para todo el país.

Y aquí es donde está el verdadero problema.

Al final, todo esto apunta a algo más grande.

A una visión donde se concentra el poder.

Se toman decisiones desde el centro.

Se les dice a los estados cómo organizarse.

Y también —cada vez más— a los municipios cómo integrarse.

Eso tiene nombre. Y hay que decirlo: centralismo.

Y es peligroso.

Porque el federalismo no es un capricho. Es un equilibrio. Es un límite al poder. Es lo que evita que todo se decida desde un solo lugar.

Hasta el cierre de esta columna, el oficialismo en el Senado decidió ignorar —sin explicación pública ni sustento técnico— la solicitud que, como presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, hice para que la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum se turnara también a dicha comisión.

No hablo de un trámite menor: hablo de una omisión deliberada que deja fuera del análisis legislativo a la instancia especializada justamente en los temas que esta reforma impacta de manera directa.

Y lo digo con conocimiento de causa: cuando se excluye a la comisión que ve directamente a los municipios, lo que se está dejando fuera no es a un senador, es a la realidad del país.

Preocupa no solo el desdén institucional, sino lo que esto revela.

Una mayoría que prefiere cerrar la discusión, concentrar decisiones y evadir el debate técnico cuando este resulta incómodo.

Al marginar a la Comisión de Desarrollo Municipal, se debilita la revisión de una propuesta que debió discutirse desde el corazón del federalismo y la representación local. Más que prisa legislativa, lo que veo es otra cosa: una lógica de imposición.

Cuando empiezas a mover esas piezas, ya no es un detalle técnico…

es la base del sistema democrático.

Lo mismo pasa con los congresos locales.

Se les quiere poner un tope de 0.7% del presupuesto estatal, como si todos los estados fueran iguales, como si todos gastaran lo mismo, como si todos enfrentaran las mismas condiciones.

Pero hay un detalle que no se puede ignorar.

Por ejemplo, el Congreso de la Ciudad de México hoy ejerce alrededor de 7.47% de su presupuesto, es decir, más de 150 millones de pesos por encima de ese límite… y no pasa nada.

Entonces, ¿la austeridad es para unos sí y para otros no?

Porque así se ve.

Y luego viene otro tema del que por supuesto no se habla lo suficiente: la presión a las autoridades electorales.

Bajo el discurso de quitar privilegios, lo que en realidad se está haciendo es recortar condiciones que son necesarias para que funcionen bien.

No se trata de defender sueldos. Se trata de defender la calidad de las elecciones.

Porque si debilitamos a quienes organizan y califican las elecciones, debilitamos todo el sistema. Así de sencillo.

Y mientras tanto, el tema del crimen organizado en las elecciones simplemente no se tocó. Hablan de austeridad, de abaratar la democracia, de cambiar el sistema político… pero uno de los principales problemas del sistema electoral en México es otro: la influencia del narco.

Hay regiones enteras donde deciden candidatos, financian campañas y presionan elecciones. Esa es la realidad.

Sin embargo, ese problema de fondo la iniciativa del oficialismo ni siquiera lo vio. No se propuso retirar el registro a partidos infiltrados, ni anular elecciones bajo control criminal, ni sancionar de manera efectiva la intervención del crimen. Se habló de muchas cosas, sí, pero no de lo que verdaderamente amenaza a la democracia mexicana.

México necesita cambios, sí. Pero cambios bien hechos. Con seriedad. Con diagnóstico. Escuchando.

No reformas que se construyen al vapor.

No decisiones que terminan generando más problemas de los que dicen resolver.

No medidas que, con el pretexto de la austeridad, terminan debilitando la democracia.

Las instituciones no se fortalecen así.

Se debilitan.

Por eso lo sostuve desde el primer momento y lo sostengo hoy: fue y es un no rotundo.

Porque no se puede acompañar algo que claramente apunta a debilitar la democracia y a desmantelar el federalismo.

El autor es senador de la República y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal

@MarioVzqzR