Desde una perspectiva de análisis de seguridad, el planteamiento de una nueva política nacional en materia de feminicidio —como la iniciativa presentada el 24 de marzo— responde a un diagnóstico estructural: la fragmentación normativa, la falta de homologación en las investigaciones y la ausencia sistemática de perspectiva de género han limitado la eficacia del Estado para contener la violencia feminicida.
La propuesta busca corregir estos vacíos mediante un modelo integral que articule prevención, investigación, sanción y reparación del daño bajo estándares uniformes en todo el país.
Uno de sus ejes centrales es la obligatoriedad de aplicar la perspectiva de género en todas las investigaciones, desde el primer momento en que se inicia una carpeta.
Además, contempla penas más severas, de hasta 70 años de prisión, así como la tipificación más clara del delito y sus agravantes. También incorpora sanciones para la tentativa de feminicidio y limita beneficios legales para los agresores en ciertos casos.
Sin embargo, al contrastar este enfoque con la evidencia empírica en Guerrero, se observa una brecha crítica entre el diseño normativo y los resultados en materia de seguridad.
A pesar de las reformas locales implementadas entre 2024 y 2026 —incluyendo la ampliación del tipo penal de feminicidio, la incorporación de nuevas modalidades de violencia (digital, mediática y por acecho), así como el fortalecimiento formal de la investigación con perspectiva de género— no se identifica una disminución sostenida ni significativa en los indicadores de violencia contra las mujeres.
Por el contrario, los datos disponibles sugieren una persistencia del fenómeno e incluso patrones de continuidad: Más de 550 muertes violentas de mujeres entre 2022 e inicios de 2026 evidencian que el fenómeno mantiene una alta letalidad. El registro de 113 feminicidios al cierre de 2025, en contraste con cifras oficiales más bajas, apunta a problemas de subregistro y clasificación del delito.
La desaparición de personas continúa como un componente crítico, con al menos 485 casos registrados y una proporción relevante de mujeres (30 por ciento), lo que indica una intersección entre violencia feminicida y dinámicas de desaparición.
Cerca del 70 por ciento de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia, lo que confirma un contexto de violencia estructural generalizada, de acuerdo con los datos que al respecto ofrece el INEGI.
Este comportamiento revela que los cambios legislativos, aunque necesarios, han tenido un impacto limitado en la reducción real de la violencia. Desde un enfoque analítico, esto puede explicarse por al menos cuatro factores estructurales:
En principio figura el déficit en la implementación. La obligatoriedad de investigar con perspectiva de género no se traduce automáticamente en capacidades institucionales. Persisten deficiencias en ministerios públicos, peritos y policías, lo que debilita la judicialización efectiva de los casos.
En segundo término, la Impunidad es persistente y sí lo demuestra la acumulación de más de 100 casos en espera de justicia y las denuncias de organizaciones civiles sobre investigaciones inconclusas reflejan que el sistema de justicia sigue sin generar efectos disuasivos.
Otro aspecto son las condiciones territoriales y socioeconómicas pues Regiones como La Montaña donde se presentan niveles de pobreza extrema superiores al 80 por ciento, se incrementa la vulnerabilidad de las mujeres y limita su acceso a mecanismos de denuncia y protección.
Los municipios con mayor incidencia, con Alerta de Género por Violencia Feminicida, son Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo. Otros focos Rojos: La Montaña registra alta vulnerabilidad, con municipios como Cochoapa el Grande y Metlatonoc con alta incidencia de violencia.
La desarticulación entre niveles de gobierno es parte de los impedimentos. Aunque existe la Alerta de Violencia de Género (AVGM) en múltiples municipios desde 2017/2018, su implementación ha sido desigual y, en muchos casos, meramente declarativa, sin traducirse en mejoras sustantivas en seguridad.
A nivel territorial, la concentración de la violencia en municipios como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Chilapa y Tlapa confirma la existencia de “corredores de riesgo” donde convergen criminalidad organizada, debilidad institucional y violencia de género. Estas zonas presentan además altos niveles de desaparición de mujeres jóvenes (14 a 24 años), lo que sugiere patrones específicos de victimización que no han sido contenidos por las políticas actuales.
Los registros indican que las desapariciones en Guerrero aumentaron, alcanzando 317 casos en 2023 y mostrando una disminución ligera a 2024, pero con una constante presión en el 2025. A inicios de 2026, continuaron las búsquedas, destacando la activación de Alertas Violeta en Chilpancingo.
Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y reportes de la Comisión Nacional de Búsqueda señalan que el fenómeno de desaparición en el estado mantiene una tendencia sostenida en los últimos años, con cientos de casos acumulados.
Las estadísticas del 2022 al 2025 indican que entre el 16 y el 18 por ciento de las personas desaparecidas en el estado son mujeres. Entre los municipios con mayor número de casos son: Acapulco y Chilpancingo, seguidos por otras ciudades como Iguala, Taxco de Alarcón, Zihuatanejo y Tlapa de Comonfort.
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) sigue vigente en estos municipios para implementar acciones de prevención y seguridad.
En este contexto, la nueva iniciativa federal representa una oportunidad para corregir fallas estructurales; no obstante, la evidencia de Guerrero sugiere que la clave no radica únicamente en la producción normativa, sino en la capacidad de implementación, supervisión y evaluación de políticas públicas.
Sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas, fortalecimiento institucional y atención a las condiciones territoriales, existe el riesgo de que las reformas —tanto locales como federales— reproduzcan el mismo patrón: avances en el plano legal sin impactos sustantivos en la reducción de la violencia feminicida.