El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el denominado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, el dictamen llegó a la Cámara de Diputados (a quien fue remitido minutos antes de las 4:00 a.m. del jueves 26 de marzo) desprovisto de su pieza central, es decir, el cambio al artículo 35 constitucional que hubiera permitido adelantar la revocación de mandato al año 2027. Ese cambio quedó fuera (aunque usted no lo crea) gracias a la posición del Partido del Trabajo (PT). La revocación, por tanto, permanece programada para 2028.
Se trata de la segunda derrota consecutiva de Sheinbaum en materia de reforma electoral. La primera fue el rechazo al Plan A (versión 2.0) y ahora el desmantelamiento del eje central del Plan B, que pretendía lograr la presencia de la Presidenta en la elección de 2027 y constitucionalizar su intervencionismo. Lo que el Senado envió a San Lázaro es, en términos sustantivos, lo siguiente: la limitación de hasta 15 regidores en municipios, el tope al presupuesto de congresos locales, la eliminación de prestaciones a funcionarios electorales, el recorte del 15% al presupuesto del Senado y la incorporación del lenguaje incluyente en ciertos textos normativos.
La presidenta intentó presentarlo como un logro: eliminar privilegios y ajustar el uso de recursos públicos, con ahorros que (según declaró) se destinarán a programas de bienestar. Pero la retórica no modifica la realidad: el instrumento que iba a colocar a la Presidencia en el centro del proceso electoral de 2027 no prosperó. Y en ese fracaso reside, paradójicamente, la noticia más relevante de la jornada.
Sería un error, sin embargo, despachar lo aprobado como algo irrelevante. El dictamen contiene modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 constitucionales cuyas implicaciones van bastante más allá de la lógica de austeridad con que se les ha presentado. Bajo una narrativa de racionalización del gasto público, lo que en realidad se perfila es una reconfiguración de equilibrios constitucionales diseñados históricamente para evitar la concentración del poder.
El artículo 134 experimenta una transformación que merece atención. La eliminación de seguros y fondos destinados a los servidores públicos incluye una salvedad que, lejos de acotar la medida, la vuelve ambigua: “salvo que la ley o las condiciones generales dispongan lo contrario”. Esta redacción introduce un margen de discrecionalidad considerable que puede traducirse en un sistema desigual, opaco y sujeto a decisiones políticas coyunturales, erosionando los principios de certeza y uniformidad en el ejercicio del gasto público.
Las modificaciones al artículo 115, que atañen al régimen municipal, impactan directamente la autonomía de los ayuntamientos. La homogeneización de estructuras y la reducción de capacidades operativas vacían de contenido la noción de municipio libre, uno de los pilares históricos del federalismo mexicano. Y las reformas al artículo 116 profundizan esa lógica de recentralización al alterar las bases del equilibrio entre los poderes locales, reduciendo su margen de decisión y su capacidad de diseño institucional propio.
No es exagerado afirmar que, de prosperar en sus términos actuales, esta reforma tensiona (y en algunos aspectos subvierte) el pacto federal construido desde el siglo XIX. Lo que figuras como Ramos Arizpe defendieron como condición indispensable para el equilibrio democrático del país se ve hoy sometido a una presión centralizadora que avanza por la vía de la “austeridad republicana“.
El episodio actual no puede entenderse de manera aislada. México lleva ya cinco intentos de reforma electoral en años recientes, todos frustrados. Los planes A, B y C del expresidente López Obrador, y ahora los planes A y B de Sheinbaum. Las propuestas eran distintas en su contenido y en su alcance, pero compartían un denominador común, buscar ventajas para Morena en la cancha electoral.
Puede discutirse si lo que se aprobó esta semana constituye propiamente una reforma electoral o si es, más bien, una reforma de naturaleza administrativa. Lo que resulta difícil de sostener es que se trate de una medida necesaria para fortalecer la democracia. No altera el sistema político mexicano en ninguno de sus ejes fundamentales, no corrige sus vicios estructurales y tampoco mejora la representación ni la competencia política. Lo que hace, en cambio, es reproducir el sello distintivo de la cuarta transformación, es decir, estrangular a las instituciones por la vía presupuestal.
Se nos presentó durante meses, desde la tribuna y mediante una campaña de comunicación intensa, como una gran reforma electoral capaz de fortalecer la democracia, ampliar la participación ciudadana y generar ahorros significativos. Al desmenuzar su contenido, la lógica era otra. El verdadero propósito era introducir un mecanismo que colocara a la Presidencia en el centro del proceso de 2027. Al fracasar ese intento, lo que quedó fue una reforma inocua, un cascarón sostenido por retórica, más cercano a la simulación que a un rediseño institucional serio.
En ese contexto, el papel del PT (Partido del Trabajo) resulta particularmente revelador de las distorsiones del sistema. Se trata de una fuerza política que difícilmente compite con éxito por sí misma, que ha dependido históricamente de alianzas para subsistir y cuya viabilidad se explica más por su utilidad coyuntural que por un respaldo ciudadano significativo. Durante décadas ha sido sostenida con recursos públicos sin que ello se traduzca en una contribución proporcional al fortalecimiento democrático. Su existencia responde más a la lógica de conveniencia dentro del sistema de partidos que a una representación efectiva de la pluralidad social.
Quizá el único episodio que merece rescatarse en su trayectoria sea haber postulado a Cecilia Soto como candidata presidencial, convirtiéndola en la primera mujer en superar el umbral legal del 2.5% de la votación y asegurar así el registro del partido que la postuló. Un hito relevante, sin duda, pero insuficiente para justificar décadas de financiamiento público.
Y, sin embargo, ahí radica la paradoja más elocuente de esta semana. Fue precisamente ese partido (no por convicción democrática profunda, sino en el marco de tensiones internas entre aliados del partido gobernante) el que terminó frenando el componente más problemático de la reforma. Una fuerza política estructuralmente prescindible se convirtió, de manera circunstancial, en un factor de contención. El costo es enorme. Pero conviene no bajar la guardia. El ajuste fino vendrá con las reformas a las leyes secundarias, y el guion ya es conocido por todos. Cuando el oficialismo no alcanza las mayorías calificadas para modificar la Constitución, desplaza la disputa al terreno de la legislación secundaria, donde sí cuenta con los votos suficientes para reconfigurar (en los hechos) el diseño institucional.
Si el diseño aprobado ya apunta hacia una recentralización del poder y una reducción de contrapesos, el desarrollo legislativo puede no sólo consolidar esa tendencia, sino profundizarla mediante mecanismos menos visibles pero igualmente eficaces. Bajo la narrativa de “armonización normativa”, es posible construir un entramado legal que limite progresivamente la capacidad técnica, operativa y decisoria de la autoridad electoral. No se trataría de una intervención abierta, sino de una ingeniería más sofisticada, de ajustes en atribuciones, rediseño de procedimientos, restricciones presupuestales y nuevos mecanismos de control que, en conjunto, terminen por estrechar todavía más, el margen de actuación del arbitro electoral.
El pronóstico es consistente con ese patrón, las leyes secundarias pueden convertirse en el vehículo para domesticar al INE, debilitando su autonomía de facto sin desmontarla formalmente. Un órgano electoral menos robusto, menos independiente y más expuesto a presiones políticas no sólo afecta la calidad de los procesos electorales; compromete, en última instancia, la integridad del sistema democrático.
Lo que fracasó esta semana fue el intento de convertir la revocación de mandato en un instrumento al servicio del poder. Lo que no fracasó (y sigue avanzando) es una lógica de recentralización que se vale del lenguaje de la austeridad y la racionalización para desmontar, de manera silenciosa, los contrapesos que definen a una democracia funcional. El Plan B puede ser descafeinado. El proyecto detrás de él, no.