Es la captura de los órganos a cargo de la organización y desarrollo de los comicios, así como de resolver las controversias que se susciten en sus diferentes etapas, el ingrediente que ha aportado confianza al gobierno, su partido y sus aliados en la posibilidad de mantener la mayoría en la Cámara de Diputados y la titularidad de los gobiernos estatales a su cargo, y más, en 2027.

A poco menos de un año del inicio de las campañas para renovar la LXVI Legislatura en San Lázaro, no fue la adecuación del orden jurídico constitucional y legal para modificar los sistemas electorales y de partido lo que marcó el rumbo, sino las maniobras del anterior período presidencial para contar con mayorías afines y maleables en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y la Sala Superior del Tribunal Electoral, lo que da constituye el cerrojo. Ahí no habrá cambio.

Fuimos de los entendimientos de Estado para su integración con lealtades a la Constitución y los valores y principios de elecciones libres, competidas y justas, a la conformación con equilibrios identificables en el mosaico de las fuerzas políticas y a la captura de mayorías “leales” construidas y prefiguradas. Hoy impera el argumento de la mayoría emanada de la votación para anular la garantía de la imparcialidad en la conformación de esas instituciones. Dura realidad política que afecta a la pluralidad política.

En el panorama más amplio, el mundo padece condiciones de incertidumbre global por la ruptura de muchos de los elementos de vinculación y cohesión para la convivencia sustentada en el diálogo, la deliberación y el respeto a lo diverso para la coexistencia pacífica. Para nosotros, la conciencia de la inestabilidad que provocan y pueden provocar las ambiciones y los arrebatos del 47º presidente de los Estados Unidos. Entre la confrontación bélica con Irán, por las consecuencias de la agresión sin planeación suficiente, y la celebración del XXIII Campeonato Mundial de Fútbol en los tres países de América del Norte, el riesgo de lo inesperado en la relación bilateral está transitoriamente a la baja, pero no conjurado.

El doble fracaso de la encargada de la presidencia de la República para modificar las reglas de acceso al poder y, sobre todo, disminuir el financiamiento público a los partidos y modificar la conversión de los votos en curules y escaños, así como para hacer posible la coincidencia de la “revocación-ratificación” del mandato presidencial en la fecha de la jornada electoral, nos anuncia el clima previsible de los procesos comiciales en lo obvio y sus derivaciones:

(i) la renovada polarización y el mayor ánimo excluyente entre la propuesta gubernamental y quienes no están de acuerdo y propongan opciones diferentes o, tan siquiera, el diálogo y el acuerdo en algunas cuestiones;

(ii) la revisión de los entendimientos y acuerdos del PVEM y el PT con el gobierno federal y su partido para la conformación de la coalición electoral en los ámbitos federal y locales, con las prioridades perceptibles o aspiración de la mayoría en San Lázaro para Morena y el reconocimiento de enclaves locales para los aliados. Para Palacio Nacional lo relevante está en la aprobación del presupuesto federal y las cuentas públicas con la menor deliberación política sustentada y resultados ciertos bajo control; y

(iii) las estrategias de los partidos de oposición para revertir la condición que -más allá de las insuficiencias de sus dirigencias- les impuso la inconstitucional supresión de la representación que les correspondía en la Cámara de Diputados por la obtención del 42 por ciento de la votación. Parece claro que la experiencia ha acreditado que su coalición no es viable para sus simpatizantes ni para el electorado, pero no es desdeñable el diálogo sobre las condiciones de viabilidad de cada quien en territorio y en la votación nacional hacia objetivos comunes de contrapeso en San Lázaro. En lo inmediato, el voto de MC a favor de la segunda propuesta “electoral” presidencial en la Cámara de Diputados marca que hubo un ajuste en esa formación partidista.

Conforme al precedente de 2023, el partido del gobierno optó por adelantar no los tiempos de hacer política, que son permanentes, sino de erigir a quienes encabezarán la aspiración electoral en los 17 estados que renovarán la titularidad de la gubernatura con la votación del 6 de junio del año entrante. Y, “como los de atrás se quedarán”, otros partidos buscan en el lenguaje ingenioso la afirmación de que hay precandidaturas y procesos políticos en marcha. La diferencia es el aparato oficial que sustenta y respalda a Morena, como quedó acreditado en la carrera de las “corcholatas” alineadas y desvalorizadas por el “destapador”.

En el escenario de la incertidumbre del entorno internacional y la ausencia de crecimiento de la economía, la retórica oficial enfatizará la decisión de establecer y multiplicar los subsidios a los grupos de población mayormente vinculados con la construcción y mantenimiento de su base social. No importa que no crezca la economía, en tanto se distribuya el ingreso público. La aprobación presidencial sólo está acompañada de un rubro de calificación positiva: los programas sociales. En los demás temas de las consultas -seguridad, corrupción o salud, por ejemplo- la evaluación es negativa. Ergo, la vinculación renovada de la propaganda gubernamental con el otorgamiento de subsidios y su permanencia vinculada al refrendo de la mayoría en la Cámara de Diputados, sin demérito de las demás boletas para comicios locales.

A la luz de la polarización que hace tiempo está con nosotros y que se acentúa naturalmente con motivo de los procesos electorales, en el debate público por la voluntad ciudadana el discurso de la mayoría popular con Morena como estandarte y sus aliados como vertientes convergentes, tendería a enfatizar la unidad. En el contraste de la pluralidad que disiente está presente una tendencia natural a la deliberación, la diferencia y la dispersión; varios, distintos, sin posibilidad de reunirse.

En la incertidumbre general, la certidumbre del subsidio gubernamental como eje de la propaganda, frente a la movilización por el cambio del contrapeso en virtud de la ausencia de resultados en seguridad, economía, salud, educación y combate a la corrupción.