La decisión CED/C/MEX/A.34/D/1 del Comité de las Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada, adoptada el 19 de marzo de 2026 y hecha pública en México el 2 de abril, no es un pronunciamiento más dentro del sistema internacional de derechos humanos. Es, en sentido estricto, un parteaguas. Por primera vez en su historia, el Comité activa el mecanismo previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas decide escalar la situación de México a la Asamblea General de las Naciones Unidas. La excepcionalidad de la medida revela la gravedad del diagnóstico: la crisis de desapariciones en el país ha alcanzado un nivel tal que rebasa las capacidades institucionales del Estado y exige atención internacional urgente.

El mensaje del Comité es, a la vez, técnico y demoledor. Sin atribuir responsabilidades penales individuales (porque no es su función) concluye que existen indicios bien fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas en un contexto que podría configurar crímenes de lesa humanidad. Esta afirmación no descansa en la existencia de una política estatal centralizada, sino en algo más profundo y más inquietante: la presencia de patrones reiterados, generalizados o sistemáticos de violencia dirigidos contra la población civil, en los que convergen actores estatales y no estatales, ya sea por acción, por colusión o por tolerancia. El estándar internacional, reforzado por el Estatuto de Roma, es claro: la responsabilidad del Estado no se agota en lo que hace, sino también en lo que permite.

Este señalamiento desmonta una narrativa oficial persistente, a saber: que la crisis de desapariciones es atribuible casi exclusivamente al crimen organizado. El derecho internacional no admite esa simplificación. Cuando existen patrones conocidos de desapariciones y el Estado no previene, no investiga o no sanciona, incurre en responsabilidad. Y cuando, además, hay evidencia de participación, aquiescencia o encubrimiento por parte de autoridades, el problema deja de ser meramente de seguridad pública para convertirse en una cuestión estructural de derechos humanos y de Estado de derecho.

Lo más relevante es que esta conclusión no surge de un episodio aislado ni de una lectura superficial. El Comité lleva más de quince años documentando la situación en México. Desde la ratificación de la Convención en 2008, ha emitido observaciones, realizado visitas (como la de 2021), procesado cientos de acciones urgentes y acumulado información tanto del Estado como de la sociedad civil. Ha reconocido avances normativos, como la legislación en la materia, pero también ha advertido de manera reiterada su insuficiencia frente a una realidad marcada por la impunidad casi absoluta, la mínima judicialización de los casos (entre el 2% y el 6%), el colapso forense y el crecimiento sostenido del número de personas desaparecidas.

Las cifras, por sí solas, son devastadoras: miles de fosas clandestinas, decenas de miles de restos humanos sin identificar, cientos de solicitudes de acción urgente. Pero reducir la crisis a números implica perder de vista su dimensión humana. Detrás de cada registro hay una ausencia concreta, una historia interrumpida, una familia que busca. Hablar de desapariciones en México es hablar de nombres propios, es hablar de las madres que, como Ceci Flores o María Herrera, llevan años recorriendo el país con una pala en la mano y una esperanza que se resiste a morir. Es hablar de una tragedia que no se mide en estadísticas, sino en vidas suspendidas.

Detrás de cada cifra hay una ausencia concreta. Una persona que no volvió. Una familia que sigue esperando. Las más de cien mil historias que componen esta crisis no necesitan que el Estado gane una discusión pública. Necesitan algo mucho más básico y mucho más urgente: que el Estado cumpla. Que busque, que investigue, que identifique y que haga justicia. Porque en un país donde buscar se ha convertido en un acto de resistencia, la omisión institucional no es solo una falla, es simple y sencillamente otra forma de abandono.

Frente a este demoledor diagnóstico, la reacción del Estado mexicano resulta, cuando menos, preocupante. El mismo día en que se hizo pública la decisión, las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores emitieron un comunicado conjunto para rechazarla, calificándola de tendenciosa y carente de rigor jurídico. El argumento central es que el Comité no consideró adecuadamente la información más reciente ni los avances institucionales, incluidas reformas legales y nuevos mecanismos de búsqueda e investigación.

Sin embargo, esta respuesta revela una disonancia profunda entre la narrativa oficial y la evidencia acumulada durante años. No se trata de negar que existan esfuerzos institucionales, sino de reconocer que han sido insuficientes. El propio Comité lo señala con claridad: ha acogido y valorado medidas adoptadas por el Estado mexicano, pero estas no han logrado revertir las tendencias estructurales del problema. Desacreditar el diagnóstico no corrige la realidad. Por el contrario, la agrava.

Más aún, la descalificación del Estado Mexicano hacia el Comité ignora que se trata del órgano internacional más especializado en la materia, integrado por expertos independientes que actúan a título personal y que han construido su evaluación a partir de un seguimiento sistemático y prolongado. Afirmar que “no tienen contexto” no solo es incorrecto; es una forma de evasión. El problema no es la falta de información, sino la falta de voluntad para asumir sus implicaciones.

En suma, la reacción oficial de descalificar el diagnóstico, reducirlo a una disputa política y desplazar la discusión hacia el pasado es grave por negacionista, simplista y poco humana. El problema no está en el lenguaje del informe, sino en la realidad que describe. Mientras se debate en el terreno discursivo, las herramientas institucionales para enfrentar la crisis (desde capacidades forenses hasta mecanismos de identificación) han mostrado limitaciones profundas o han sido debilitadas antes de consolidarse. Y en ese vacío, las familias han tenido que asumir la búsqueda con sus propios medios, enfrentando riesgos que ningún ciudadano debería enfrentar.

Lo que está en juego no es una disputa técnica, sino una cuestión de ética pública. El Estado mexicano no debería encabezar el rechazo ni la negación. Debería encabezar la indignación. Debería asumir la gravedad de la crisis, escuchar a las víctimas, atender las recomendaciones internacionales y abrirse a la cooperación. Porque lo que ocurre en México no es normal. Es grave, es doloroso y es reflejo de una impunidad estructural que ha erosionado profundamente el tejido social.

La distancia entre el discurso oficial y la realidad también se expresa en la fragilidad de las instituciones diseñadas para atender esta crisis. Muchas de ellas operan con limitaciones severas, sin recursos suficientes o sin la autonomía necesaria. Otras han sido señaladas por su ineficacia o por su papel meramente testimonial. En ese contexto, las familias han tenido que asumir funciones que corresponden al Estado: buscar, investigar, identificar. Lo han hecho, además, en condiciones de riesgo extremo. No es casual que quienes buscan también se conviertan en víctimas.

Por eso, la discusión sobre cifras (si suben o bajan, si se registran más o menos denuncias) puede resultar engañosa. En un país donde el miedo inhibe la denuncia y donde el control territorial lo ejercen actores violentos, las estadísticas oficiales no capturan la totalidad del fenómeno. Medir la crisis únicamente a partir de carpetas de investigación es ignorar el silencio impuesto por la violencia. Es, en el fondo, una forma de negación.

La decisión del Comité no condena a México. Le ofrece, en realidad, una oportunidad. La de reconocer que el problema ha rebasado sus capacidades actuales y que requiere apoyo técnico, financiero y especializado. La de construir un mecanismo eficaz de verdad, justicia y reparación. La de colocar en el centro a las víctimas y no a la defensa institucional.

Negar el diagnóstico es negar la realidad. Y negar la realidad es, en última instancia, negar a quienes faltan. En un país donde miles de familias siguen buscando a sus seres queridos, la única respuesta ética posible es asumir la gravedad de la crisis y actuar en consecuencia. Todo lo demás (los comunicados, las descalificaciones, las disputas narrativas) es ruido. Y el ruido, en medio de tanto dolor, es otra forma impunidad.