El próximo año se llega a la mitad del actual sexenio que se hacer llamar “segundo piso de la transformación” y el horizonte del desempeño de la política económica y especialmente en el manejo de las finanzas públicas coincide con un año de elecciones intermedias, lo que introduce una tensión adicional entre los objetivos de consolidación fiscal y las necesidades políticas del régimen.
Este contexto adquiere mayor relevancia si se considera que la reforma electoral propuesta por la actual administración —que buscaba, entre otros elementos, adelantar la revocación de mandato para hacerla coincidir con procesos electorales— no prosperó, lo que obliga al gobierno a operar bajo las reglas actuales, donde el desempeño electoral dependerá en mayor medida de la movilización territorial y del uso efectivo de instrumentos de política pública con impacto inmediato en la población.
En este contexto, recientemente se presentaron los Precriterios de Política Económica para 2027 (PGPE 2027) que en principio proyectan un escenario de estabilidad macroeconómica y disciplina fiscal que, en términos técnicos, resulta consistente, pero que enfrenta tensiones evidentes al contrastarse con los incentivos políticos del ciclo electoral. Los programas sociales que son la carta fuerte del actual régimen y seguirán priorizando las decisiones de gasto, en tanto que la infraestructura si bien retomaría fuerza queda en segundo plano.
De acuerdo con el documento, el gasto neto total se ajusta a una trayectoria de normalización gradual del déficit primario medido mediante los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) que pasarían de niveles cercanos al 4.1% del PIB en 2026 a 3.5% en 2027, basado en principio en eficiencia de gasto y solidez recaudatoria. Sin embargo, en un año de elecciones no es tan evidente que estos supuestos se mantengan, ya que habría que adicionar el significativo peso del costo financiero de la deuda que absorbe una porción significativa, limitando el margen para el gasto social pero especialmente el de la inversión física.
El elemento político introduce una dimensión adicional que condiciona la ejecución del marco macroeconómico y fiscal. En un año electoral, la presión para sostener o incluso expandir el gasto social tiende a incrementarse, particularmente en un contexto donde estos programas han sido el eje central de la estrategia de legitimación del gobierno. Para 2027, el gasto en programas sociales prioritarios superaría los 1.01 billones de pesos y se constituye como instrumento clave para asegurar la movilización del electorado y la continuidad del proyecto político.
Esta dinámica plantea una tensión directa con los objetivos de consolidación fiscal que podrían chocar con la necesidad de asegurar triunfos, por lo que un ajuste necesario podría recaer nuevamente en la inversión pública o en rubros que no han merecido consideración alguna, reproduciendo un patrón observado en episodios previos (2024) donde la relativa disciplina fiscal se logra a costa de la inversión productiva.
La controversia surge ante la necesidad de financiar los proyectos estratégicos del Plan México y el Plan de Infraestructura para el Bienestar. Estos programas implican compromisos de inversión significativos en un contexto donde los ingresos públicos enfrentan limitaciones estructurales y no hay claridad en las reglas de participación privada en los proyectos estratégicos.
El riesgo es que, ante la presión simultánea de las necesidades electorales y los compromisos de inversión, las finanzas públicas se vean sometidas a un estrés creciente. Si los ingresos no alcanzan, el ajuste podría trasladarse hacia un mayor endeudamiento, cuyo costo financiero proyectado para 2026 es de 1.57 billones de pesos (4.1% del PIB), el más alto en 34 años, producto de las elevadas tasas de interés, absorbiendo gran parte de los RFSP (1.58 billones). En 2027, se estima un aumento en el endeudamiento, empero con un menor costo ante la esperanza de que la política monetaria continúe el ciclo de ajuste.
Los PGPE 2027 son un primer acercamiento a la estrategia política del próximo año, pero descansan en la capacidad del gobierno para ejecutar una política económica coherente en un año donde las prioridades electorales y las restricciones fiscales convergen de manera inevitable. En este contexto, la estabilidad se bosqueja como un equilibrio frágil, sujeto a las presiones de un entorno donde la política y la economía difícilmente pueden separarse.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®