En Guerrero, la desaparición forzada de personas no puede entenderse únicamente como un fenómeno criminal contemporáneo; se trata de una práctica con raíces históricas profundas que revela continuidades preocupantes entre el pasado autoritario del Estado y las dinámicas actuales de violencia e impunidad. En el contexto del Día de las Madres, esta crisis adquiere una dimensión política y simbólica particular: las madres buscadoras no solo encarnan el dolor de la ausencia, sino que se han convertido en actores centrales en la disputa por la verdad, la memoria y la justicia.

Históricamente, Guerrero funcionó como un “laboratorio de represión” durante la llamada guerra sucia de los años setenta, cuando la desaparición forzada fue utilizada sistemáticamente como herramienta de control político. Este antecedente no es un elemento meramente contextual, sino un factor estructural que ayuda a explicar la persistencia de prácticas de violencia institucional, así como la normalización de la impunidad. La transición democrática no desmanteló completamente estas lógicas, sino que, en muchos casos, las reconfiguró.

En el presente, factores socioeconómicos como la pobreza extrema y la marginación en regiones como la Montaña y la Costa Grande generan condiciones de vulnerabilidad que facilitan tanto el reclutamiento forzado como la exposición a dinámicas de violencia. A ello se suma la fragmentación y proliferación de grupos del crimen organizado, cuyas disputas por el control territorial han intensificado las desapariciones. Municipios como Acapulco concentran una alta incidencia —superando los 1,200 casos hacia 2025—, lo que refleja no solo la magnitud del problema, sino su carácter focalizado en corredores estratégicos.

Sin embargo, reducir el fenómeno a la acción del crimen organizado resulta insuficiente. Diversos colectivos de familiares han documentado patrones consistentes de posible participación, aquiescencia u omisión por parte de agentes del Estado. Las denuncias sobre el uso de patrullas oficiales en desapariciones, la pérdida de evidencia en fiscalías y la manipulación de cifras apuntan a una crisis institucional más profunda: no solo falla la capacidad de investigar, sino que se erosiona la legitimidad misma de las autoridades encargadas de hacerlo.

En abril de 2026, los registros oficiales superan las 4,500 personas desaparecidas en Guerrero,

Al 16 de mayo de 2025, se registraron 495 personas que tenían menos de 18 años al momento de su desaparición en el estado. De estos casos, el 57.17 por ciento son niños y el resto corresponden a niñas y adolescentes mujeres.

Entre 2006 y 2025, la Comisión Nacional de Búsqueda contabilizó cerca de 108,395 menores desaparecidos en todo México, con Guerrero como uno de los estados con mayor incidencia.

Se calcula que en la última década han desaparecido más de 7,000 personas en Guerrero, sumando casos de todas las edades, aunque los jóvenes representan una parte significativa de esta cifra.

Acapulco es el municipio que concentra la mayor cantidad de casos. Para mayo de 2025, la cifra de personas desaparecidas en esta localidad aumentó a 1,248 casos registrados.

Las cifras oficiales son sistemáticamente cuestionadas por colectivos de madres buscadoras, quienes denuncian subregistros y prácticas de “maquillaje estadístico”. Esta disputa por las cifras no es menor: revela una tensión política en torno a la narrativa oficial y la dimensión real de la crisis. En este sentido, el dato se convierte en un campo de confrontación entre el Estado y las víctimas.

La reacción de estos colectivos frente a las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición propuestas por Claudia Sheinbaum refleja esta ambivalencia estructural. Si bien existe un reconocimiento de avances técnicos —como la creación de bases únicas de información forense y plataformas de identificación humana—, prevalece un escepticismo fundamentado en la brecha histórica entre el diseño institucional y su implementación efectiva. Para las madres buscadoras, la legitimidad de cualquier reforma no radica en su arquitectura normativa, sino en su capacidad de producir hallazgos concretos y acceso a la justicia.

En este contexto, el Día de las Madres deja de ser una conmemoración privada para convertirse en un momento de visibilización pública y presión política. Las madres buscadoras resignifican la maternidad como una forma de acción colectiva: su rol trasciende el ámbito familiar y se posiciona como una fuerza moral que interpela al Estado. Al hacerlo, exponen una paradoja central: mientras las instituciones fallan en garantizar derechos básicos como la vida y la seguridad, son las propias víctimas quienes asumen funciones de búsqueda, investigación y memoria.

La persistencia de desapariciones múltiples —como el caso reciente en Atenango del Río—, el colapso de los servicios forenses y la continuidad de búsquedas independientes subrayan la dimensión estructural de la crisis. No se trata de eventos aislados, sino de un patrón sostenido que combina violencia criminal, debilidad institucional e impunidad.

En términos analíticos, Guerrero ofrece un caso paradigmático de lo que puede definirse como un “régimen de desaparición”: un entramado donde convergen actores estatales y no estatales, prácticas históricas de represión, y fallas sistemáticas en los mecanismos de rendición de cuentas. La referencia recurrente a similitudes con la guerra sucia no implica necesariamente la existencia de una política de Estado explícita en el presente, pero sí sugiere la permanencia de condiciones que permiten la reproducción de estas violencias.

Así, en el marco del Día de las Madres, la crisis de desaparición forzada en Guerrero no solo interpela la capacidad del Estado, sino también su voluntad política. Las madres buscadoras, al convertir el duelo en acción, evidencian que la principal disputa no es solo por encontrar a los desaparecidos, sino por redefinir la relación entre ciudadanía, verdad y justicia en un contexto de impunidad estructural.