Los señalamientos provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre actores políticos mexicanos y organizaciones criminales han agregado una nueva fuente de tensión a una relación bilateral ya compleja. Más allá de la política o del debate sobre responsabilidades individuales, el verdadero problema es que estos episodios fortalecen una percepción de un deterioro institucional en el que corrupción, impunidad, debilidad del Estado y expansión del crimen organizado comienzan a entrelazarse como un riesgo sistémico.
Los mercados y los inversionistas reaccionan de manera significativa ante percepciones de riesgo. Cuando se instala la duda sobre la capacidad o voluntad del Estado para investigar, contener o sancionar redes de corrupción y criminalidad, el costo económico aparece incluso antes de que existan consecuencias legales. En la práctica, el país comienza a ser evaluado no sólo por sus fundamentales macroeconómicos, sino por la calidad de sus instituciones.
La corrupción, en este contexto, no debe entenderse únicamente como desvío de recursos o tráfico de influencias. También incluye la omisión deliberada, la tolerancia institucional y, en los escenarios más preocupantes, la posible aquiescencia o colusión de autoridades con estructuras criminales. El efecto económico es amplio porque debilita la capacidad regulatoria, distorsiona las acciones públicas y erosiona la certidumbre jurídica indispensable para invertir.
A ello se suma un fenómeno cada vez más preocupante para la actividad productiva: la extorsión. Para miles de empresas, especialmente pequeñas y medianas, el crimen organizado ha impuesto una suerte de tributación paralela que encarece operar, distribuir mercancías, transportar insumos o simplemente mantener abiertas las puertas. Ningún eslabón de la cadena productiva escapa de la extorsión, que se ha convertido en un costo operativo adicional que reduce márgenes, inhibe expansión y empuja a muchos negocios hacia la informalidad o el cierre, y ,por supuesto, acelera la inflación. El SAT recauda vía las leyes, el crimen organizado vía las armas.
El problema económico no se limita al daño directo del delito. La inacción institucional también tiene costo. Cuando denunciar no produce resultados, cuando la protección pública es insuficiente y cuando los agentes económicos perciben ausencia de autoridad efectiva, las empresas ajustan racionalmente su comportamiento: invierten menos, destinan más recursos a seguridad privada, encarecen sus operaciones y posponen proyectos. En términos económicos, la debilidad del Estado funciona también como un impuesto.
Si además se consolida la percepción de que en ciertas regiones el control territorial o la capacidad de coerción del crimen organizado rivaliza con la del propio Estado, el riesgo cambia de categoría. Ya no se trata únicamente de inseguridad, sino de captura institucional o pérdida de gobernanza. Para cualquier inversionista, nacional o extranjero, esa posibilidad representa una señal de alerta máxima.
Este deterioro llega en un momento especialmente delicado. México había logrado posicionarse como destino natural del nearshoring gracias a su ubicación geográfica, integración manufacturera y acceso preferencial al mercado estadounidense. Pero la relocalización productiva no depende sólo de proximidad; exige certidumbre jurídica, seguridad logística y estabilidad operativa. La ventaja geográfica pierde valor cuando aumentan los costos ocultos de hacer negocios.
Ciertamente, el estatus actual de la relación bilateral agrava aún más el panorama. Si Washington concluye que México no coopera suficientemente en el combate al crimen, podría incrementar la presión mediante mecanismos económicos indirectos: aranceles, controles aduaneros reforzados (que elevan tiempos de entrega) o sanciones focalizadas. Incluso sin medidas formales amplias, el solo endurecimiento del entorno regulatorio bilateral elevaría costos para empresas mexicanas y afectaría flujos de inversión.
Esto resulta especialmente relevante de cara a la revisión del T-MEC. Si la negociación se contamina por preocupaciones de seguridad, corrupción o gobernanza, México podría enfrentar una contraparte menos flexible y más inclinada a endurecer posiciones en temas sensibles como cumplimiento regulatorio o mecanismos de supervisión.
Todo ello ocurre, además, en una economía que ya muestra signos de estancamiento, con inversión cautelosa, crecimiento debilitado y creciente incertidumbre empresarial. En ese contexto, el deterioro reputacional puede convertirse en un multiplicador negativo.
México sigue teniendo fortalezas estructurales importantes. Pero en un entorno global altamente competitivo, la ventaja comparativa ya no basta; la calidad institucional también compite. Cuando corrupción, impunidad, extorsión y debilidad estatal comienzan a percibirse como constante en la ecuación, el riesgo país deja de ser una categoría financiera abstracta y se convierte en una barrera concreta para crecer.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®