Lo que ha circulado como rumores o secreto a voces, hoy queda al descubierto. Estados Unidos ya trae una serie de investigaciones serias en contra de varios miembros del partido en el poder, quienes además se identifican por su cercanía al expresidente y a sus hijos.

Le llegó la hora al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya y al exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes ya no tienen fuero y, por lo tanto, pueden ser citados a comparecer por el Ministerio Público Federal, adscrito a la fiscalía general de la República.

La acusación de nuestro vecino del norte no es menor, estos políticos de Morena son señalados por tener vínculos con el cártel de Sinaloa, comandado por los hijos del Chapo Guzmán.

Nuestro país y los Estados Unidos tienen firmado un tratado internacional de extradición, por lo que se deberá cumplir con el mismo, ya que de lo contrario se podría incurrir en responsabilidad internacional.

Es obvio que la Secretaría de Relaciones Exteriores no hubiera recibido de manera formal la solicitud de la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York para detener a los 10 mexicanos imputados, entre ellos el gobernador con licencia y el exalcalde, de no tener todas las pruebas que acrediten su acusación.

Como se dice coloquialmente, el gobierno estadounidense tiene ya todos los pelos de la burra en la mano. Esta es la primera ocasión que nuestro socio comercial solicita detener a funcionarios mientras cuentan con el llamado fuero constitucional.

En los casos de los exgobernadores Mario Villanueva, de Quintana Roo, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández de Tamaulipas, los políticos ya habían concluido su gestión, por lo que carecían de la protección constitucional.

En fin, que las acusaciones internacionales hacia un mandatario estatal en funciones son muy graves, peor aun cuando aparentemente hay más funcionarios involucrados, además de que seguramente el expresidente estaba enterado de todo.

¿Y por qué presumimos que el expresidente López Obrador estaba enterado de todo? Muy sencillo, él mismo aseveraba que no se podían hacer negocios jugosos en el país sin que el primer mandatario estuviera enterado.

Entonces que ahora no nos vaya a decir, él que tanto criticó la mancuerna de Felipe Calderón y Genaro García Luna, que él no sabía nada en lo que andaba metido su amigo el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, o lo que se dice de uno de sus hijos, a quien se le liga a múltiples negocios al amparo del poder.

Qué podría pasar si el día de mañana Estados Unidos y Donald Trump demuestran que alguno de los hijos de López Obrador o su exsecretario de Gobernación o el expresidente de Morena estuvieron ligados al llamado huachicol fiscal.

¿Nos dirá que él no estaba enterado? O posiblemente afirmara que él “tenía otros datos”.

Al tiempo, que, por cierto, este se está acabando.

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