Cuando la gestión en turno parecía cobrar componentes de autonomía hacia el proceso comicial de 2027 con pausados reacomodos clave, la tracción de la acumulación y la toma de espacios estratégicos, las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya y partícipes adicionales en la comisión de cinco ilícitos penales graves vinculados con las actividades delictivas del Cartel de Sinaloa, cambiaron el tiempo y la intensidad de las relaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos y al interior de la política nacional y sus actores de toda índole: partidarios, aliados y adversarios.
En lo medular, la consideración mayor había sido a favor de los movimientos necesarios, pero afirmándose la cohesión interna y la unidad de los cofrades para privilegiar el dominio renovado de los espacios de poder político que estarán abiertos al sufragio de la ciudadanía el 6 de junio del año venidero.
Esa planeación política se cimbró el 29 de abril último con la publicidad otorgada a las solicitudes de detención provisional con fines de extradición de un gobernador morenista, entonces en funciones, y otras nueve personas de su entorno político, administrativo-económico, de seguridad y de procuración de justicia.
Por encima del argumento de la soberanía nacional, la imputación de intenciones políticas y el alegato de las pruebas que sustenten las acusaciones y los momentos procesal y político para ponerlas a disposición del Estado Mexicano, el componente de la vía legal y el conducto diplomático -primero- y la ausencia de exabruptos estadounidenses que trascendieran por las primeras respuestas mexicanas -después- ha constituido un elemento inesperado ante el supuesto a priori de la actuación unilateral al estilo sustracción de Ismael “El Mayo” Zambada o la ejecución extraterritorial de la aprehensión de Nicolás Maduro. El razonamiento del rechazo a la injerencia indebida se desfonda por que el cauce es el Tratado de Extradición de 1978, al tiempo que carecen de fundamento legal y pertinencia política la solicitud de pruebas precipitada, estridente y desafiante del principio de respeto y crédito primario, salvo prueba específica en contrario, del apego a derecho del sistema jurídico y judicial de los Estados Unidos.
Ha habido quien pondera la idea de ganar tiempo para decidir el ámbito o los márgenes para la actuación y sus consecuencias e, incluso, quien cuestiona si habiéndose supuesto que lo sucedido vendría, se trata de la oportunidad para la depuración interna del sol no nato. Sin embargo, la práctica de asumir comportamientos monolíticos o controlables en el escenario suele enfrentarse a la ausencia de unos y la imposibilidad de otros.
Dos acusados, el General Gerardo Mérida Sánchez, ex-secretario de Seguridad Pública, cruzó la frontera de Nogales y acordó su arresto para sujetarse al proceso penal en Nueva York, declarándose no culpable en el tribunal que lo requirió; y Enrique Díaz Vega, ex-secretario de Administración y Finanzas, se entregó en Europa ante autoridades estadounidenses con estatus diplomático para ser trasladado y hacer frente al proceso penal en su contra. Por cierto, informaciones reveladas en forma posterior a la llamada de ese día entre la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Donald Trump.
En la acusación formal que sustentó la solicitud de detenciones al gobierno federal mexicano se detallan hechos delictivos que, parece muy evidente, se basan en testimonios aportados por quienes no sólo conocieron, sino que participaron en ellos, como la concertación para inmovilizar a los adversarios en los comicios locales de 2021 o la entrega de información al grupo delictivo por parte de colaboradores del gobierno a cargo -es un decir- de Rocha Moya. Si ya había elementos de relevancia, ¿qué significado cabrá otorgarle a la sujeción pactada de dos imputados a la jurisdicción del Distrito Sur de Nueva York? Al menos puede pensarse en uno: se cometieron delitos en la gestión y no pudieron impedirlos por condiciones de subordinación, temor, riesgo o presiones sobre bienes jurídicos que debían proteger. Es altamente factible que contribuyan a consolidar la certeza sobre los ilícitos cometidos y sus responsables. Cae el manto de la impunidad.
En el trayecto se ha adicionado una declaración presidida por la espontaneidad y el espíritu de cuerpo cuando la precaria confianza interinstitucional se desmorona. La gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, antes secretaria General de Gobierno y colaboradora de Rocha en otras funciones, señaló que el nombramiento de Mérida Sánchez en septiembre de 2023 no había sido decisión del ejecutivo estatal sino una determinación de la Secretaría de la Defensa Nacional; sin duda, la dependencia con más férrea noción y práctica de la jerarquía y del mando. ¿La designación es atribuible al Mando, al ex-secretario? ¿Al Mando Supremo? Es el indicio en reversa: los delitos imputados son del personal militar designado para Sinaloa. ¿En 2023-2024? ¿Antes? ¿Qué tanto antes?
En las tres semanas posteriores a la solicitud estadounidense, el intento de articular un discurso de fondo con base en el ejercicio de la soberanía nacional no funcionó porque las acciones del vecino han sido por el cauce legal y el alegato no favorece en lo interno a quienes han vulnerado el concepto de soberanía frente a la delincuencia que ha impuesto su voluntad en áreas del territorio y actividades económicas. Los distractores creados o aprovechados de varias dimensiones por (i) los reproches y provocaciones por la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, (ii) la modificación del calendario escolar y (iii) la confrontación con la gobernadora de Chihuahua, tampoco han tenido el efecto de modificar el centro de la conversación pública, como no lo hará el diferimiento de la otra parte de la demolición del Poder Judicial para 2028.
La economía nacional no tiene un pronóstico halagador. Las finanzas públicas están en problemas por la ausencia de inversión, la baja prospectiva de la recaudación y la debilidad acentuada en la revisión del T-MEC, circunstancias que tienden a restringir mayormente la capacidad para sostener la idea y la práctica del subsidio como fuente de cohesión y lealtad. La descomposición avanza por la incompetencia, ineficacia y corrupción gubernamentales; se preocupan por el “movimiento” cuando habrían de ver por el Estado. Sin timón ni rumbo.