La crisis forense en Guerrero evidencia un colapso estructural de las capacidades institucionales del Estado para atender la desaparición de personas y la identificación humana. El Servicio Médico Forense (SEMEFO) y los centros de resguardo operan actualmente bajo condiciones de saturación extrema, insuficiencia presupuestal y rezago técnico, factores que se han convertido en un obstáculo crítico para avanzar en los procesos de búsqueda, identificación y restitución digna de cuerpos a sus familias.
Informes oficiales, colectivos de víctimas y personal forense coinciden en que las instancias encargadas se encuentran rebasadas operativamente. El SEMEFO mantiene bajo resguardo más de 800 cuerpos pendientes de análisis e identificación, mientras que el Centro Estatal de Resguardo Forense concentra más de mil cuerpos acumulados desde 2016.
Esta acumulación refleja no sólo el incremento sostenido de violencia homicida y desapariciones, sino también la limitada capacidad institucional para procesar evidencia biológica, realizar confrontas genéticas y emitir dictámenes periciales en tiempos razonables.
El problema se agrava debido a que la legislación vigente obliga a agotar estudios científicos y pruebas de ADN antes de disponer de restos humanos en fosas comunes, lo que incrementa significativamente los periodos de almacenamiento.
Sin embargo, el principal cuello de botella no radica únicamente en el marco normativo, sino en la insuficiencia de recursos humanos, tecnológicos y financieros para cumplir con dichos procedimientos. La falta de reactivos químicos, laboratorios especializados, personal capacitado y equipamiento adecuado ralentiza de manera crítica los procesos de identificación.
A ello se suman condiciones operativas deficientes dentro de las instalaciones forenses. Trabajadores de la Fiscalía General del Estado han denunciado carencia de insumos básicos, uso de bolsas cadavéricas de baja calidad, equipo de protección insuficiente e infraestructura insalubre, condiciones que además representan riesgos sanitarios para el personal. Este deterioro operativo limita la capacidad de conservación adecuada de los cuerpos y compromete la cadena de custodia y calidad pericial de las evidencias.
La crisis presenta sus puntos más críticos en Acapulco y Chilpancingo, donde se concentra el mayor rezago forense del estado. En Acapulco, el SEMEFO dispone de cinco cámaras frigoríficas con capacidad teórica para 400 cuerpos; sin embargo, opera constantemente al límite o por encima de su margen funcional. Las fallas recurrentes en los sistemas de refrigeración y la saturación obligan al traslado frecuente de cadáveres hacia Chilpancingo como medida de contención temporal.
No obstante, el SEMEFO de Chilpancingo también enfrenta una sobrecarga estructural. Sus tres cámaras frigoríficas, diseñadas para aproximadamente 250 cuerpos, resultan insuficientes ante la recepción continua de restos provenientes de Acapulco y otras regiones del estado.
La capital concentra además más de mil 100 cuerpos sin identificar en cementerios ministeriales y morgues, convirtiéndose en el principal nodo de acumulación forense en Guerrero. Aunque el gobierno estatal impulsó la creación del Centro Estatal de Resguardo Humano, el flujo de ingresos supera ampliamente la capacidad de procesamiento de los laboratorios periciales.
Desde una perspectiva de seguridad y gobernabilidad institucional, el rezago forense representa un factor de riesgo adicional para la estabilidad social y la legitimidad del Estado. La incapacidad para identificar cuerpos y avanzar en las confrontas genéticas profundiza la desconfianza de las familias hacia las autoridades y fortalece la percepción de impunidad.
Diversos colectivos consideran que la saturación del sistema no es únicamente consecuencia del volumen de casos, sino también de una política pública insuficiente para atender la crisis humanitaria derivada de las desapariciones.
En este contexto, organizaciones como el Colectivo María Herrera, Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, Guerrero No Más Desaparecidos y el Colectivo Lupita Rodríguez han intensificado protestas y bloqueos carreteros para exigir una respuesta institucional de mayor alcance. Sus principales demandas se concentran en acelerar la confronta genética de más de 2 mil 600 restos humanos bajo resguardo oficial, ampliar la inversión en laboratorios y especialistas forenses, y establecer jornadas estatales permanentes de toma de muestras biológicas para familiares.
Uno de los principales puntos de conflicto es la incorporación del SEMEFO a la estructura directa de la Fiscalía General del Estado. Los colectivos rechazan esta medida bajo el argumento de que la Fiscalía actuaría simultáneamente como autoridad investigadora y como instancia pericial, generando un esquema de “juez y parte” que afectaría la imparcialidad y credibilidad de los procesos forenses.
Como alternativa, las familias y organizaciones civiles proponen la creación de un Instituto de Ciencias Forenses autónomo, con independencia jurídica, financiera y técnica respecto de la Fiscalía, tomando como referencia modelos como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Consideran que únicamente un organismo con autonomía presupuestal y capacidad técnica propia podría reducir el rezago acumulado y garantizar transparencia en la identificación de cuerpos.
En términos estratégicos, la crisis forense de Guerrero revela que la capacidad institucional del Estado se encuentra severamente limitada frente a la magnitud del fenómeno de desaparición de personas. La insuficiencia de recursos, la saturación de instalaciones y el déficit de personal especializado no sólo retrasan los procesos periciales, sino que obstaculizan directamente las labores de búsqueda e identificación, prolongando la incertidumbre de miles de familias y profundizando la crisis de derechos humanos en la entidad.