Hay una imagen de esta semana que dice más que cualquier argumento, la propuesta de Sergio Ramírez Luna de seguir premiando a los magistrados del Tribunal Electoral; sí, a los mismos que administraron la elección judicial de 2025, ese desastre del cual apenas empezamos a vislumbrar la magnitud del daño, amanecieron con la posibilidad de reelegirse seis años más. No renunciaron. No hubo conversación sobre responsabilidades. Ni el gesto mínimo de reconocer que algo salió mal. Están ahí, disponibles, listos para seguir. Eso sí, se dicen demócratas. Tan grave la propuesta que el propio diputado Ramírez Cuéllar de Morena llamó a frenar la propuesta de darle perpetuidad a los magistrados electorales mediante la reelección, como si fueran Porfirio Díaz, propuesta que denominó “VERGÜENZA NACIONAL”.
La elección judicial de 2025 no fracasó simplemente por las boletas ni por la logística. Fracasó porque partió de una premisa falsa: que votar jueces democratiza la justicia y garantiza independencia. Nada más falso. No la democratiza, ni garantiza la independencia, ni mucho menos la profesionaliza. La legitimidad de un tribunal no viene de campañas ni de porcentajes. Viene de resolver con autonomía, con preparación técnica, con distancia frente a quien gobierna. Y nada de lo que el Congreso procesó en este periodo extraordinario apunta hacia ahí. El problema de fondo sigue sin cambiar.
El periodo convocado el 26 de mayo incluyó tres iniciativas. Cada una parte de un problema real. La elección de 2027 era inviable como estaba diseñada. Revisar candidaturas tiene sentido. Proteger procesos electorales de influencias externas es una preocupación legítima. El diagnóstico no está en disputa. Lo que falla son las soluciones: en el mejor caso, insuficientes; en el peor, herramientas nuevas para hacer exactamente lo mismo de siempre.
La reforma constitucional al Poder Judicial aplaza la siguiente elección a 2028, que era lo mínimo necesario. Pero viene empacada con una propuesta de certificación de jueces a través de una Escuela Nacional de Profesionalización Judicial. En abstracto suena razonable. En concreto genera más preguntas que respuestas: ¿quién diseña los criterios?, ¿quién los opera?, ¿con qué autonomía real, en un modelo donde los contrapesos del Poder Judicial fueron desmantelados hace menos de un año? Entregarles a estructuras sin independencia la función de validar quién es apto para juzgar no es profesionalizar. Es decidir de antemano quién pasa el filtro.
La Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas tiene un problema distinto, pero igual de grave. Le asigna al INE una función que no le corresponde constitucionalmente, con facultades tan abiertas que significan lo que quien las aplique decida que significan. Eso no es un estándar jurídico. Es una puerta sin candado. El Observatorio de Participación e Integridad Electoral lo advierte con claridad: la iniciativa abre espacio a la difamación selectiva y a la manipulación de los criterios de elegibilidad. Dicho sin rodeos: sirve para excluir a quien incomoda y validar a quien conviene, con barniz institucional encima.
La causal de nulidad por intervención extranjera es quizá la más reveladora de las tres. Introducir un concepto tan elástico como causal de nulidad electoral, en un momento en que el propio Tribunal Electoral será rediseñado por voto popular para 2028, no protege ninguna soberanía. Construye una herramienta que puede activarse cuando convenga, interpretada por quienes ya se sabe de qué lado están. El problema no es lo que dice la iniciativa. Es quién tiene la llave.
Ninguna de las tres iniciativas reconoce que la reforma de 2025 fue un fracaso estructural. Todo se presenta como ajuste, perfeccionamiento, adecuación necesaria. Pero debajo de esos eufemismos hay una crisis de diseño que no se resuelve moviendo fechas ni redistribuyendo funciones. El modelo cambió la lógica de carrera judicial y mérito por la idea de que ganar una elección equivale a legitimidad para juzgar. Eso no se arregla con una escuela de certificación. Se arregla reconociendo que el modelo está mal desde la raíz. Ese reconocimiento no aparece en ninguno de los documentos que el Congreso votó esta semana.
Lo que sí aparece es la posibilidad de que los magistrados del Tribunal Electoral se queden seis años más.
Vale la pena detenerse ahí. Si la promesa de 2025 era que la elección popular traería rendición de cuentas y renovación real, alguien tiene que explicar cómo las personas que estuvieron al frente de ese proceso (con toda la lealtad política que fue documentada y nunca desmentida) son hoy candidatas a continuar. No como medida de emergencia. No como interinato. Seis años. Los mismos que la reforma prometía usar para construir algo distinto.
La respuesta honesta es que la rendición de cuentas nunca fue el objetivo. El objetivo era otro: sacar a los incómodos, poner a los funcionales, y llamarle democratización. Una vez logrado eso, la democratización puede esperar indefinidamente. Y mientras espera, las instituciones que deberían funcionar como contrapeso siguen siendo ocupadas por las mismas personas, bajo las mismas lealtades, con nuevos títulos.
Hay algo más que este proceso deja al descubierto y que merece decirse con claridad. La velocidad con la que estas reformas se procesaron no es un detalle menor. Cambios constitucionales de esta magnitud (que afectan el diseño del Poder Judicial, las reglas de elegibilidad y las causales de nulidad electoral) se discutieron en días, en un periodo extraordinario convocado sin deliberación previa y resuelto bajo la lógica de quien tiene los votos suficientes para no necesitar convencer a nadie. Eso no es legislar. Es seguir con la lógica de la imposición. Una mayoría legislativa no es lo mismo que legitimidad democrática. Tener los votos para aprobar algo no significa que ese algo sea correcto, sostenible o constitucionalmente defendible. La Constitución no debería reformarse como respuesta táctica a problemas coyunturales ni como mecanismo para administrar crisis políticas de corto plazo. Y mucho menos cuando lo que está en juego es el acceso a la justicia de millones de personas que no tienen otra opción más que confiar en que quien las juzgue llegó ahí por mérito y no por conveniencia política.
El aplazamiento a 2028 pudo haber sido una oportunidad real: evaluar qué salió mal, escuchar a organizaciones, especialistas y personas que vivieron el proceso desde adentro, y construir desde ahí algo que realmente funcione. Algo que garantice que quienes llegan a un tribunal encuentren a alguien capaz de escucharlas sin haber decidido ya de qué lado está. En cambio, hubo un periodo extraordinario convocado con horas de anticipación, tres reformas constitucionales resueltas en días y la posibilidad concreta de que quienes deberían rendir cuentas se queden otros seis años.
Eso no es corregir el rumbo. Es confirmar que nunca hubo intención de corregirlo. Que el desastre de 2025 no fue un accidente sino un ensayo. Y que lo que viene en 2028 será la versión ya afinada, aplicada sobre las personas que más necesitan la justicia y que menos capacidad tienen de exigirla.